En redes sociales, una mujer identificada como Danna reportó que su hermana, Ana Michelle Gómez, de 20 años, el novio de ésta y otra persona, fueron secuestrados desde el sábado 28 de mayo, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En sus publicaciones -que ya fueron borradas-, Danna escribió que un día que veía con su hermana noticias sobre la difunta Debanhi Escobar, Ana Michelle le dijo, con voz quebrada, que si un día le llegaba a pasar algo que hiciera un escándalo por ella.

Un juez federal con sede en Yucatán declaró la suspensión definitiva de las obras en el polémico tramo 5 del Tren Maya, las cuales estaban ya detenidas por la falta de estudios y permisos ambientales.

La suspensión definitiva pronunciada el viernes pasado derivó de un amparo presentado por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), el cual hizo valer el principio de precaución para evitar que las obras sigan afectando la selva sin tener un estudio ambiental.

Dos exfuncionarios federales implicados en el robo del expediente de la investigación abierta en el sexenio pasado por el caso conocido como “La Casa Blanca”, entre ellos, uno que funge actualmente como subsecretario de la Contraloría del gobierno del Estado de México, lograron que un juez frenara el proceso penal abierto en su contra y la posibilidad de ir a juicio, sin regresar los documentos y sin que se les aplicaran las penas por el delito que habrían cometido. 

Para reparar el daño, en cambio, se comprometieron a hacer trabajo social y a pedir una disculpa prometiendo que algo similar no volverá a ocurrir. Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) se opusieron a que el caso terminara de esta forma, los imputados lograron con apelaciones y amparos la suspensión de su proceso.

Este 21 de mayo se cumplió una semana del asesinato de la abogada Cecilia Monzón, sin que haya un solo detenido, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla afirma que hay avances en las investigaciones.

Helena Monzón, hermana de la abogada asesinada, señaló que la familia ha mantenido comunicación con la Fiscalía, dependencia que ha conformado un equipo especial para dedicarse de lleno a investigar el caso.

La polémica sobre la responsabilidad política del colapso de la Línea 12 del Metro capitalino tomó un nuevo aliento hoy, con la publicación en el diario El País de los peritajes independientes contratados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los cuales determinaron la falta de mantenimiento como una de las causas del colapso del tramo elevado, en el que fallecieron 26 personas en la noche del 3 de mayo de 2021.

La empresa noruega DNV, también contratada por el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum Pardo, ya había llegado la misma conclusión en el tercer informe que entregó en diciembre pasado, pero fue rechazado por la administración y su titular, bajo el argumento de que el documento tenía un sesgo político.

Este 30 de mayo se cumplen 38 años del asesinato del columnista Manuel Buendía Tellezgirón, el crimen que el periodista Miguel Ángel Granados Chapa calificó como "el primer asesinato de la narcopolítica en México". En 1984 Buendía era en aquél entonces autor de la columna “Red Privada". La investigación llevada a cabo años después reveló que el autor intelectual de ese asesinato fue José Antonio Zorrilla, director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Entre 2013 y 2014, Proceso detalló parte de una serie de reportajes sobre la denominada Operación Leyenda, una investigación sobre el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Como parte de esos trabajos, el semanario reveló un documento clasificado por el gobierno de Estados Unidos como top secret y cuyo contenido puso a la luz una serie de nombres y hechos que pudieron haber desembocado en el homicidio del periodista a principios de los ochenta.

Con una inversión de 39 millones 616 mil pesos provenientes del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago (FIMETRO), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) instalará en el C5 de la CDMX su Puesto Central de Control (PCC I) que en enero de 2021 fue consumido por las llamas.

De acuerdo con el contrato bianual SDGM-GOM-AD-2-19/21 que el Metro firmó con la sociedad mercantil Consultoría Metropolitana de Ingeniería S.A. de C.V, los trabajos correspondientes a la obra civil que empezaron el 1 de diciembre pasado deben entregarse este 31 de mayo.

Un grupo fuertemente armado irrumpió en una vivienda localizada en la colonia Nacionalista, en Mexicali, y disparó en contra de tres personas que se encontraban en un convivio; las víctimas se encuentran hospitalizadas, graves.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 11 de la noche, el domingo 29 de mayo, en un domicilio localizado sobre la calle Río Norte y calle Médicos, en la colonia arriba mencionada, donde hizo presencia un grupo grande de elementos de la policía municipal.

Tiendas departamentales, como Sanborns, Palacio de Hierro y Liverpool, contribuyeron con la precariedad laboral de la industria de la moda en México, donde más de un millón de personas trabaja sin acceso a derechos laborales, denunció la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

A través del informe “La precariedad laboral está de moda”, la organización exhibe a la industria del calzado, el vestido y a las tiendas departamentales y supermercados que comercialización los productos y obtienen millones de pesos en ganancias, mientras que a un millón 18 mil trabajadores —de los que más de la mitad son mujeres— no se les respetan sus derechos laborales.

La Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) abrió este domingo una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer la muerte de dos menores de edad, que tenían denuncia por desaparición y que fueron localizados el pasado 28 de mayo en la Colonia Villas de Alameda en el municipio de Villa de Álvarez.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “está procurando restablecer” alrededor de dos mil 700 kilómetros del sistema de trenes para pasajeros en el sureste, centro y norte de México, el cual surgió en el siglo XIX-XX, pero, aseguró, fue “acabado” por la “corrupción de los tecnócratas” en los noventa, por lo que propuso llegar a acuerdos con las empresas concesionadas, particularmente las dominantes en ferrocarriles de carga: Grupo México y Kansas City Southern.

Como proyecto para los siguientes gobiernos, encargó, quedará el Tren de Ciudad de México-Querétaro-Guanajuato, otro en San Luis Potosí hacia el norte, y uno más, el Tren del Pacífico, de Guadalajara hacia la frontera con Baja California-Estados Unidos.

Con fotografías y pancartas, familiares de migrantes de diferentes estados protestaron en la Glorieta de las y los desaparecidos, antes glorieta de la Palma, para señalar la urgencia de que el gobierno atienda la problemática de desaparición y brinde las herramientas para dar con el paradero de sus seres queridos.

“Nuestros hijos migrantes que van de paso han desaparecido aquí en la Ciudad México, y muchos en todo el país y diferentes estados de la República mexicana. Nuestra exigencia como familias extranjeras es lo mismo que exigen los ciudadanos mexicanos, que es el regreso de nuestros familiares”, dijo Ana Enamorado, madre de Oscar López Enamorado, migrante desaparecido en Jalisco en 2010.

Vecinos de 17 colonias afectadas por el megaproyecto del Estadio Azteca clausuraron simbólicamente las obras del complejo y bloquearon la Calzada de Tlalpan para exigir a las autoridades que detengan su construcción, pues aseguran que los despojará de servicios básicos.

Los pobladores explicaron que se oponen al megaproyecto del Estadio Azteca, que incluirá centros comerciales, oficinas, hoteles y estacionamientos, porque, indican, “nos despojará de servicios básicos, como el acceso al agua”.

Han pasado casi 17 años desde que Hugo Alberto Wallace Miranda, quien –de acuerdo con lo que ha sido señalado por su madre Isabel Miranda  de Wallace y respaldado por una resolución judicial– fue secuestrado y asesinado. Por el caso hay seis detenidos, de los cuales cuatro fueron sentenciados, por el secuestro y homicidio del hombre. Pero la situación de una de las inculpadas podría cambiar luego de una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que atrajo su caso al encontrar irregularidades en su proceso.

Se trata de Juana Hilda González Lomelí, presa desde enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto, junto con otras personas. La revisión de su caso se suma al de Brenda Quevedo Cruz, quien también ha denunciado que fue torturada para confesar el crimen. Quevedo aún permanece en prisión pese al recurso interpuesto el año pasado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que siguiera su proceso en libertad.