Torturados, amordazados y con un narcomensaje, fueron localizados los cadáveres de dos masculinos al interior de un vehículo abandonado en la zona Río Tijuana, muy cerca del edificio del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo a información obtenida por ZETA, la mañana de este miércoles 22 de junio se denunció a la línea de emergencias que sobre la calle Leona Vicario, en la colonia del Río,  se encontraba un vehículo con la cajuela semi abierta en la que se apreciaban lo que al parecer eran los cuerpos de dos personas.

Crímenes y más crímenes en un país devorado por la violencia han propiciado que las autoridades incumplan con su obligación constitucional de prevenir el delito y procurar justicia de manera eficaz, dejando miles de casos sin resolver y en el más absoluto olvido. El caso del periodista Francisco Javier Ortiz Franco, editor del semanario ZETA, asesinado el 22 de junio de 2004, es el ejemplo vivo de ello. Por incapacidad, negligencia, corrupción o complicidad, el homicidio del comunicador sigue en la más completa impunidad.

A la fecha han transcurrido 18 años sin que se haya aclarado el hecho y ninguna persona paga en prisión por el crimen. Son varias las hipótesis que se plantearon en su momento, tanto por la ex Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC), como por la ex Procuraduría General de la República (PGR), que solo manoseó el caso, pero ninguna de ellas se concretó y tampoco las autoridades se responsabilizaron de rendir resultados.

A Clara Luz Flores Carrales no le dio su sacrificio para, ya no digamos una Embajada, un Consulado de México en algún lugar del mundo.

La mujer, de 48 años, fue durante 22 años miembro activo del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León. Desde los 24 años y hasta los 46 por su sangre política corrieron ríos tricolores.

Un hombre armado asesinó en dos ataques separados a ocho personas e hirió a otras cuatro antes de ser abatido por elementos de la Policía en el estado de Michoacán, en México.

Los violentos hechos se registraron el martes en los municipios de Jacona y Zamora de Michoacán, según confirmó en un comunicado la Fiscalía General del estado.

Morena lidera las preferencias rumbo a la contienda por la gubernatura del Estado de México en el 2023 al aventajar en ocho puntos a la alianza opositora Va por México, reveló una encuesta publicada este miércoles por El Financiero.

De acuerdo con el sondeo realizado por el periodista Alejandro Moreno, el partido oficialista del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con el 46 por ciento de la intención del voto, mientras que la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo el 38 por ciento.

Ante un incremento de los contagios de Covid-19 en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, giró instrucciones a la Secretaría de Gobernación del estado para preparar un decreto con restricciones que permitan contener la diseminación del virus.

Los costos de la refinería de Dos Bocas se han disparado fuera de control y podrían alcanzar hasta 18 mil millones de dólares, dice una nota de Bloomberg firmada por Amy Stillman, quien ha tenido fuertes para dar seguimiento al costo de la obra. 

Según fuentes consultadas, en mayo se disparó el valor de los contratos: “es probable que el monto final oscile entre los 16 mil millones de dólares y 18 mil millones de dólares”.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a referentes, liderazgos y simpatizantes de la Cuarta Transformación a tomar las calles el próximo 1 de julio e informar al pueblo de México sobre la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ofrece una recompensa de cinco millones de pesos a quien o quienes aporten información que conduzca a la captura de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, asesino de los sacerdotes jesuitas.

También se activó, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), una cédula de búsqueda por el delito de homicidio calificado ocurrido en Cerocahui, Chihuahua.

Los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como el del guía de turistas Pedro Palma, fueron recuperados, informó esta tarde la Gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos.

El 1 de diciembre de 2017, Seiba Pérez, médica veterinaria y maestra en ciencias agropecuarias, salió de su casa a hacer compras para su negocio y ese mismo día terminó en el penal de Chiconautla, Estado de México. Sin entender muy bien qué pasaba y sin saber de qué se le acusaba, pensó que era un malentendido que no pasaría a mayores, pero perdió la libertad por poco más de un año.

Ante la perspectiva de que pudieran ser cinco u ocho años más —y de que volvería a ver a su hijo, que en el momento de su detención tenía cinco años, cuando prácticamente fuera un adolescente—, optó por declararse culpable para que el juez le concediera la pena mínima y el beneficio de pasar los meses que le restaban a su sentencia con un brazalete en su domicilio. 

El gobierno de Chihuahua informó este martes que cuatro personas fueron secuestradas ayer en la comunidad de Cerocahui, dentro del municipio de Urique, en un hecho previo a que dos sacerdotes jesuitas y otra persona fueran asesinadas en la misma localidad.

Las personas secuestradas son dos hombres —a quienes las autoridades identificaron como Paul Osvaldo B. y Armando B.—, una mujer y un menor de edad, indicó el gobierno estatal en un comunicado.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, estimó que es tiempo de revisar el plan de seguridad sin tabúes, sin ideologías y sin intereses partidistas, luego del asesinato de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en el templo de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua.

Cuando las cifras oficiales indican que en tres años y medio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se rebasaron los 121 mil 655 homicidios dolosos, el coordinador de Morena en la Cámara alta reconoció la necesidad de que el Congreso de la Unión revise la estrategia de seguridad pública.

El año pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó contratos por 9 mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, consideradas como “proveedores riesgosos” por el potencial de corrupción que representan, documentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).