La muerte de 51 migrantes —27 de ellos mexicanos​​— que fueron abandonados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, ha evidenciado una vez más los riesgos a los que quedan expuestas las personas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, muchas veces a manos de traficantes y de los cárteles de la droga, que desde 2009 irrumpieron en el tráfico de personas en medio de la ofensiva militar antidrogas desplegada por el entonces Presidente Felipe Calderón (2006-2012), como han señalado organizaciones.

El periodista Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso, fue asesinado esta mañana en su domicilio en el fraccionamiento Puerta de Tamatan, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El consulado de México en San Antonio, Texas, informó que al menos 27 personas migrantes de las 51 que murieron por asfixia dentro de un tráiler en Estados Unidos son mexicanas.

En conferencia de prensa, el cónsul Ruben Minutti Zanatta actualizó el saldo y sostuvo que hay 13 personas en diferentes hospitales de la zona, de las cuales al menos tres son de nacionalidad mexicana.

Este 28 de junio se registró una persecución y un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y policía estatal, en Culiacán, Sinaloa. El saldo fue de dos civiles armados muertos, dos militares heridos y dos detenidos.

La persecución inició cerca de la caseta de peaje de Costa Rica y continuó por la Autopista del Pacífico hasta el entronque de Estación Dimas.

En una nueva exhibición de audios, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, fue expuesto por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, supuestamente coordinando el reparto de cantidades millonarias de dinero en efectivo, para entregar a Televisa y a sus candidatos de Colima y Campeche durante el pasado proceso electoral.

En dos audios, se escucha a “Alito” hablar con alguien no identificado de su equipo en el PRI dando órdenes de dar dinero en efectivo, en ese momento 700 mil pesos, para a proveedores.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso que, si el gobierno federal no puede garantizar la seguridad, se permita a las familias portar armas para defenderse.

En conferencia de prensa aseguró que, ante las ocurrencias de Morena, que cuestan miles de vidas, el PRI propondrá modificar la Ley de Armas de Fuego para que la gente pueda tener acceso a las armas, con la finalidad de defender sus vidas y casas.

En los tres años que la Guardia Nacional (GN) ha estado desplegada en el país, la violencia homicida no ha disminuido. Desde el 30 de junio de 2019, cuando se dio el banderazo oficial de su despliegue, más de 100 mil personas han sido asesinadas en México, 8 mil más que en los meses previos a que dicha fuerza fuera desplegada. Y aunque, como el gobierno sostiene, la tasa anual de asesinatos en el país se ha estabilizado, las cifras oficiales muestran que en 17 estados asesinaron a más personas con elementos de la Guardia Nacional en las calles que antes de que estos estuvieran.

Esto ocurre pese a que la conformación de la GN ha traído consigo la mayor movilización militar de la que haya registro en tareas de seguridad pública. De los casi 100 mil efectivos que el presidente presume que tiene la GN, en realidad más de 70 mil son militares uniformados como si fueran policías. Y a ellos se suman 85 mil soldados y marinos de la fuerza armada permanente que junto con los guardias están en las calles: el triple de los que había hace una década.

El Partido Acción Nacional (PAN) denunció que al menos 48 funcionarios públicos de la Secretaría del Bienestar conocidos como “servidores de la nación” fungieron como representantes de casilla de la alianza Morena-PVEM-PT el pasado 5 de junio en Tamaulipas, en la que el morenista Américo Villarreal fue declarado ganador de la contienda por la gubernatura.

Aunque no existe una prohibición expresa en la ley que les impida desempeñarse como representantes de partido, el PAN afirmó, en un recurso de inconformidad presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, que se debe aplicar la jurisprudencia de la Sala Superior 3/2004, que prohíbe a funcionarios públicos de mando superior actuar como representantes generales y ante las mesas directivas de casilla.

Tres mujeres, entre ellas, una menor de cinco años fueron asesinadas, con lo que suman 71 mujeres fallecidas del 1 de enero al 27 de junio de 2022.

De acuerdo al Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), en el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa, se han registrado 653 casos de mujeres asesinadas.

En México han sido asesinados 255 periodistas en los últimos 15 años, cuyas agresiones provienen principalmente por el crimen organizado, y la colusión entre autoridades y grupos delictivos, el incumplimiento de obligaciones que tienen municipios y estados, así como la falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor periodística.

Así lo reconoció el director general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Erick Martín Javier Salas, quien agregó que aunado a ello tienen identificadas “algunas zonas de silencio o silenciadas” por el crimen organizado ante la ausencia del Estado.

El Congreso del Estado aprobó en comisiones reformas a la Ley de Participación Ciudadana para que la figura jurídica de revocación de mandato pueda utilizarse para el actual gobernador Samuel García Sepúlveda.

La Comisión de Legislación avaló por mayoría la propuesta de Acción Nacional para la modificación de la Constitución local, contenida en el Decreto 84, efectuada el pasado 17 de diciembre, para que la disposición sea efectiva a partir del 5 de octubre de 2025 y sea aplicable al gobernador en funciones.

Una nueva instrucción de la Secretaría de Energía (Sener) puede poner al país en la mira de una controversia con Estados Unidos por el abasto y transporte de gas natural.

El 14 de junio pasado, la titular de la Sener, Rocío Nahle, envió al Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) un oficio en el que les ordena implementar una estrategia para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad en el suministro de gas a quienes cuenten con contratos con la CFE o sus filiales.

Las detonaciones de arma de fuego que hirieron a dos menores de edad y dos adultos en una sede de vacunación contra Covid-19 en la capital de Puebla,  se realizaron de forma directa en contra de una persona que ya fue identificada, informó la Secretaría de Seguridad de la entidad.

Esta mañana se registró una balacera en el Centro de Salud Francisco I. Madero, en la capital de Puebla. El agredido se encontraba en la zona de la jornada de vacunación contra la Covid-19 para menores de entre 5 a 11 años, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad de la entidad.

Un sujeto a bordo de una motocicleta disparó, alrededor de las 11:30 horas del 28 de junio del 2022, contra una persona que estaba formada con su hijo en el centro de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), ubicado en la clínica Francisco I Madero, al norte de la capital homónima del estado de Puebla.

Según información preliminar, reportada por medios locales el saldo de balacera dejó 4 personas heridas, entre ellas 2 menores de 9 y 10 años de edad. Un testigo indicó que dos hombres abordo de una motocicleta se emparejaron en una de las filas y realizaron al menos cinco detonaciones de armas de fuego, por lo que las personas se tiraron al suelo, mientras que otros corrieron para resguardarse.

Rosa Elia Vázquez descansa en su mecedora de madera, al lado de la fotografía de su hijo Román Soto Vázquez, desaparecido desde el 17 de noviembre de 2013. Ese día, cuatro policías municipales de Ahome, Sinaloa, lo detuvieron en la carretera a La Constancia, El Fuerte.