El exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, sí aparece en los informes y dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el caso conocido como “La Estafa Maestra”, aseguró el abogado Epigmenio Mendieta, defensor de la extitular de las dependencias, Rosario Robles Berlanga.

Los asistentes a la Segunda Convención Nacional Morenista acordaron este domingo desconocer a la cúpula del partido, por lo que pidieron la renuncia inmediata del presidente nacional Mario Delgado, la secretaria general, Citlalli Hernández y la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján.

Lo anterior, “por traicionar los principios fundacionales” del movimiento de “no mentir, no robar y no traicionar”.

El informe que presentó la semana pasada la Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 normalistas Ayotzinapa no solicita que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto o al General Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el mandatario fue abordado por miembros de la prensa sobre el caso y sobre quiénes habrían sido los funcionarios que supuestamente participaron en los hechos. Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal sólo contestó que en la investigación “se mencionan a muchos”, aunque descartó a Peña Nieto y a Cienfuegos.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, rechazó, una vez más, haber participado en la reunión supuestamente organizada por el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario capitalino calificó de “absurda” la versión que lo nombra a él como uno de los que participó en la reunión realizada el 7 de octubre de 2014, en Iguala, Guerrero, entidad en la que entonces había estado a cargo de la Policía Federal.

Un Juez de amparo concedió una suspensión de plano a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), para que reciba la atención médica necesaria, se garantice su integridad física y su vida, y se evite que esté incomunicado durante su permanencia en el Reclusorio Norte.

El Juez del Juzgado Segundo de Distrito de Amaro en Material Penal de la Ciudad de México, Antonio González García, fue la autoridad judicial que admitió que se tramitara la demanda de garantías para el exprocurador detenido el pasado viernes.

Comuneros wixaritari de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco, fueron amenazados por el cacique José Flores Sánchez y comisario municipal Cayetano Aguilar Quiñones, quienes irrumpieron en las obras del espacio cultural tepehuano y alegaron que el predio era de su propiedad.

La comunidad autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán denunció que los dos agresores llegaron al predio comunal y preguntaron a los comuneros por qué trabajaban en sus terrenos, a lo que ellos respondieron que acudiera al tribunal agrario si creía tener algún derecho sobre el lugar, el cual, aseguró, «pertenece a nuestra comunidad e incluso está en la cabecera comunal». La respuesta del cacique fue «esto no se arregla con tribunales, se arregla levantando y secuestrando».

La imputación por desaparición forzada de personas en contra del exprocurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, es por desviar las líneas de investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, obstaculizando su localización, y por la fabricación de la llamada “verdad histórica” con el uso de declaraciones obtenidas bajo tortura en contra de cuatro detenidos, afirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

El informe con conclusiones preliminares de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, hecho público el pasado 18 de agosto, revela conversaciones telefónicas entre un militar de alto rango identificado como Coronel, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y elementos de élite de la policía municipal de Iguala –conocidos como Los Bélicos– revelan que algunos de los 43 normalistas rurales desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron llevados al 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en Iguala, Guerrero.

Los mensajes se refieren a la privación de la libertad de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, así como a la desaparición de los mismos. El informe da cuenta de las conversaciones durante las horas críticas y los días posteriores a este crimen de Estado, como lo ha calificado ya, oficialmente, el gobierno de México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí utilizó el malware Pegasus para espiar a integrantes del cártel Guerreros Unidos antes, durante y después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos –ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014–, confirma el informe con conclusiones preliminares que la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentó el pasado 18 de agosto. Asimismo, descubre que también eran espiados los policías de élite de Iguala conocidos como Los Bélicos y también algunos normalistas rurales.

En el documento se lee que dicha Comisión tuvo acceso a más de 17 mil documentos de archivos de la Sedena en las regiones, zonas y batallones militares en Guerrero y su área de inteligencia. Entre éstos, se destaca la identificación de “dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales”.

El gobierno federal prepara una reforma integral al Issste porque de los sistemas de salud pública era el que estaba más descompuesto, privatizado y corrompido sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador quien consideró que la situación de este organismo era verdaderamente deplorable.

Después de la presentación del nuevo Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que se llevó a cabo el pasado 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exigió este lunes que se proporcione información precisa y que no se esconda nada.

Al menos 12 de los 32 mandatarios estatales mexicanos han pagado millones de pesos a Meta para promover su imagen en Facebook e Instagram en los primeros siete meses del año, de acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Facebook Business.

El Tren México-Toluca tiene ya nueve años de recibir inyecciones de dinero público y se mantiene a medias. Las estaciones, las vías, los talleres, cocheras y túneles lucen abandonados y oxidados.

El estatus actual de la obra no concuerda con el dinero que ha costado: en un inicio Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza —fallecido el 1 de abril de 2o20— anunciaron que este tren tendría un costo de 39 mil millones de pesos, pero de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, el costo ya ascendió a los 82 mil 116 millones, lo que significa un crecimiento del precio original del 92 por ciento.

Los especialistas de las empresas de Alemania y de Estados Unidos que fueron consultados por el gobierno federal como parte de las labores de rescate de los mineros atrapados en la mina Pinabete, en Sabinas, Coahuila, confirmaron que las acciones emprendidas son las correctas, aunque reconocieron que es un escenario complicado, informó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lamentablemente todavía no hemos podido rescatar a los mineros de Sabinas, Coahuila, ya se iba avanzando pero se tuvo la mala suerte de que se abrió otro boquete de la mina vecina que está inundada y volvieron a subir los niveles de agua. Ya se ha pedido opinión, porque así lo pidieron los familiares, de especialistas de Alemania y de Estados Unidos, y coinciden que lo que se está haciendo es lo correcto pero que es un asunto complicado”, expresó durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron de manera extrajudicial a Juan Salgado Guzmán "El Indio", tío de los fundadores del grupo delictivo "Guerreros Unidos", el 22 de septiembre de 2021 en el municipio de Metepec, Estado de México durante un operativo fallido para capturar a este personaje clave en el caso Ayotzinapa donde se utilizó “fuerza desmedida” y se demostró que el inculpado "fue asesinado cuando estaba sometido”, revela el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ).