A 12 años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, aún están pendientes por identificar los restos de nueve personas; además, seis familias de Guatemala y una de Brasil llevan cerca de 10 años esperando la exhumación de los restos que les entregaron.

“No hemos contado con la voluntad de alto nivel del gobierno mexicano para que logren un acuerdo con sus pares guatemaltecas, para llegar a un acuerdo que permita la exhumación de los cuerpos”, destacaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa que Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue uno de los funcionarios que participó en el presunta cónclave llevado a cabo el 7 de octubre de 2014 en Iguala, Guerrero, que encabezó el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, para fraguar la creación de la falsa “verdad histórica” sobre el ataque y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Además, la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa afirma que el jefe policiaco fue uno de los enlaces operativos para implementar  la estrategia que manipuló la realidad e impidió justicia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar Morales, que plantea declarar inconstitucional la medida de prisión preventiva oficiosa por vulnerar presuntamente el principio de presunción de inocencia, es “en esencia” garantizar la impunidad para los delincuentes y fomentar la corrupción entre los miembros del Poder Judicial.

Por ello, dijo que pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y a la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, revisar el proyecto para fijar una postura clara y precisa sobre este tema.

La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles,  acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) ara cumplir con el cambio de medida cautelar dictada por un juez federal.

Puntual a su cita, antes de las 12:00 del día, hora acordada, la exfuncionaria entró a la sede judicial por el estacionamiento por lo que no fue vista al entrar. Quince minutos después salió caminando y en breves declaraciones confirmó que acudió a firmar y entregar su pasaporte como lo mandado el juez.

Desde el arranque de la administración se anunció que la NEM acabaría por fin con la actual “educación neoliberal y colonialista” para dar paso a un modelo incluyente en el que participarían las “comunidades” del país, pues los “intereses populares” estarían por encima de cualquier otro. Pero todos estos planteamientos, a decir de los expertos, son hasta el momento sólo desplantes discursivos que no han aterrizado en nada concreto.

El asesinato del periodista Fredid Román Román a manos de sujetos armados en Chilpancingo, Guerrero, fue condenado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que reiteró la urgencia de que las autoridades actúen contra los crímenes a la prensa.

Román Román trabajó como reportero y columnista en varios medios de Guerrero, entre ellos el diario Pueblo, la revista Quehacer Político y el periódico Primero de Guerrero y Expresión Popular, además de que fue fundador del diario La Realidad. Su última publicación, dos horas antes de ser asesinado, fue una columna en la que analizó las últimas revelaciones sobre el Caso Ayotzinapa y el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la madrugada de este miércoles, los familiares de los niños instalaron 49 cruces blancas con los nombres de sus hijos frente a la puerta principal de la SCJN, donde enviaron un mensaje a Zaldívar: “Es para recordarte que 49 niños (que fallecieron en el incendio) y 106 lesionados exigen justicia”.

En un sistema ideal, sin corrupción en el Poder Judicial, con ética en las defensas privadas, investigación científica ministerial, y un contexto de certeza jurídica, por supuesto que la prisión preventiva oficiosa saldría sobrando. Por qué encarcelar de entrada a alguien que se presume inocente, por qué castigarlo con prisión antes de conocer si es culpable, por qué mantenerlo tras las rejas durante el proceso judicial. No tendría caso. Pero México está lejos de encuadrarse en esa situación.

Ciertamente la prisión preventiva oficiosa establecida en la Constitución Mexicana ha sido motivo de denuncias internacionales; por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde han considerado los casos de personas que se presumen inocentes, y se prueba lo mismo, que han sido puestas en prisión preventiva oficiosa en lo que se investiga el supuesto delito cometido, con lo que se violó la presunción de inocencia, y se violentaron sus derechos humanos.

Carlos Joaquín González, Gobernador saliente del estado de Quintana Roo, asumirá un puesto en el Gobierno federal una vez que salga del cargo estatal, confirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

David López Jiménez fue arrestado en el Estado de Nuevo León. Apodado como “El Cabo 20”, era “el principal generador de violencia en Baja California”, de acuerdo al Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio. David López Jiménez es señalado como el autor intelectual del homicidio del fotoperiodista del Semanario ZETA, Margarito Martinez Esquivel.

Un juez federal en el Estado de México declinó la competencia para seguir conociendo de un juicio de amparo promovido por el narcotraficante Rafael Caro Quintero en contra de la orden de reaprehensión para que compurgue los años pendientes de una sentencia.

El juzgador en materia de amparo y juicios federales con residencia en Toluca determinó remitir el expediente del juicio de garantías a la oficialía de partes de los Tribunales Unitarios del Tercer Circuito en Jalisco para que alguno de ellos asuma la competencia.

El hijo de la regidora celayense, María Cristina Villalobos fue detenido por presuntamente extorsionar a varios comerciantes de la Central de Abastos.

Desde la tarde de este martes, se dispersó el rumor de que uno de los tres detenidos el lunes por la Fiscalía General del Estado, sería el hijo adolescente de la panista María Cristina Villalobos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador instó al Gobierno de Israel para que proceda con el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Invstigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia, regañó e hizo un apercibimiento a la defensa de Jesús Murillo Karam, luego de que leyera una tesis que aludía ineptitud del juzgador, en caso de vincular a proceso al exprocurador por el delito de desaparición forzada, el cual se le imputa por su papel en el caso Ayotzinapa.

La defensa sostuvo que Murillo Karam no puede ser juzgado por el delito de desaparición forzada con base en la Ley General de Desaparición de Personas porque los hechos que le atribuyen ocurrieron entre octubre de 2014 y enero de 2015, y esta legislación entró en vigor hasta 2017, por lo que no se puede aplicar de manera retroactiva, sino en beneficio del imputado.