La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) manejará en 2023 la cantidad más alta de recursos económicos en su historia, de aprobarse propuestas del gobierno federal. A los casi 112 mil millones de pesos que se le pretenden asignar como presupuesto para el año que viene, se les sumarían más de 34 mil 500 millones de pesos contemplados para Guardia Nacional (GN), monto que también representa un presupuesto récord para esa corporación.

Lo anterior sería resultado de la reciente reforma legal planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya aprobada por el Senado, la cual plantea que la GN continúe adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero que su manejo operativo y administrativo, incluyendo el 100% de su presupuesto, se transfieran a la Sedena.

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunció que mientras realizaba su labor para localizar cuerpos reportados en Tlajomulco de Zúñiga les robaron autopartes de su vehículo y herramientas.

En una publicación que compartieron en Facebook señalaron que hacen la labor de la autoridad de buscar a “nuestros desaparecidos”, y que el colmo es que sean víctimas de la inseguridad.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de 79 mil 969 millones 700 pesos para el ejercicio fiscal de 2023, un incremento del 5% en comparación a lo que se aprobó para el año actual, de los cuales prevé asignar 896 millones 400 mil pesos a blindar a jueces y magistrados amenazados.

“El Poder Judicial de la Federación mantiene como prioridad garantizar la protección y seguridad de Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados, de modo que la impartición de justicia quede blindada a los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de corrupción”, señaló el PJF, encabezado por el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

Además de entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional y de justificar la militarización de la seguridad pública del país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende ceder a la institución militar una parte sustancial del presupuesto federal para el año 2023, según el proyecto de egresos presentado ayer.

Además de un presupuesto de 112 mil millones de pesos –similar al de 2022--, la Sedena administrará los 68 mil millones de pesos destinados a la Guardia Nacional y recibirá una parte importante de los 143 mil millones de pesos que el gobierno federal planea invertir en el Tren Maya, pues el Ejército está a cargo de los tramos 5 –Norte y Sur--, 6 y 7, los más costosos del megaproyecto.

Para garantizar y ampliar los beneficios del extinto programa Escuelas de Tiempo Completo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó para el próximo año una ampliación, en términos reales, del 86.4% del presupuesto para el programa La Escuela Es Nuestra.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados, la SEP busca que le autoricen para el 2023 un presupuesto de 27 mil 052 millones 869 mil pesos. Para este 2022 la cámara baja avaló 13 mil 964 millones 320 mil pesos.

En la Cámara de Diputados, las bancadas de Morena y del PRI se perfilan hacia avalar la iniciativa priista para extender de 2024 a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al tiempo que la Comisión de Puntos Constitucionales ya circuló el predictamen sobre el tema y citó formalmente a sesión el martes 13 de septiembre.

En la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019, se estableció que, mientras esta corporación se consolida, el presidente de la República pueda tener hasta 2024 para recurrir a soldados y marinos para combatir la inseguridad.

El gobierno de la Ciudad de México pagará alrededor de 400 mil pesos al especialista en comunicación política catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, por las “asesorías” que le dará durante siete meses, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La decisión del gobierno mexicano de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) representa un “retroceso” en materia de derechos humanos y profundiza una estrategia de “militarización” que “no ha resultado en una reducción sostenida de la delincuencia” desde 2006, denunció hoy la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) informó que por acuerdo de la Comisión Revisora, se prorrogó el emplazamiento de huelga –que vencía este viernes a las 11:00 horas– hasta el 14 de septiembre.

Con esto, la empresa Volkswagen de México y el sindicato tendrán cinco días más para negociar un nuevo acuerdo salarial, aunque hasta ahora la parte patronal se mantiene firme sobre su ofrecimiento original de 9% a salario y 2% a prestaciones, que fue rechazado en votación por la mayoría de los trabajadores.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó la aprobación de la reforma para que la Guardia Nacional quede bajo control completo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interponer una acción de inconstitucionalidad como lo propuso la mayoría de su Consejo Consultivo.

El Juez Integrante del Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca ordenó la liberación de los últimos cuatro miembros del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), implicados en el asesinato de los defensores Alberta (Bety) Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, el 27 de abril de 2010 en Oaxaca.

A través de un comunicado, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social lamentó la liberación ordenada el pasado 7 de septiembre y denunció que se trata de una prueba más de la complicidad entre el gobierno de Oaxaca y el grupo paramilitar.

Todo indica que no hay poder humano que pueda frenar la militarización del país. Las voces que están en contra no son escuchadas. Esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha detenido a sopesar la posibilidad de que una consulta decida si quiere o no al Ejército en las calles realizando tareas de seguridad. No. La militarización va porque va. Los militares llegaron para quedarse mucho tiempo y cada vez acaparan más espacios sin rendirle cuentas a nadie. Así es el poder presidencial en su plenitud y así es el poder militar.

Con o sin justificación, los militares operan en todo el país como Fuerzas Armadas y como policías, un binomio que se multiplica por doquier sin resultados claros todavía en materia de seguridad pública, de tal suerte que lo primero que cualquier ciudadano se pregunta es: ¿Para qué quiere el gobierno militarizar todo el territorio? Hay varias razones que se aproximan a una explicación.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta mañana que el estado de Zacatecas atraviesa por una crisis de inseguridad, por lo que llamó a reforzar el plan de apoyo a la entidad, tanto con la Guardia Nacional como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a fin de hacer frente a esta problemática.

Durante su conferencia de prensa matutina, realizada en dicha entidad, el titular del Ejecutivo federal expuso que las fuerzas armadas federales continaurán labores en Zacatecas y que seguirá así hasta que “se consiga vivir en paz y tranquilidad”.

Alma Verónica, de 31 años, fue una de las cinco personas rescatadas el miércoles de una vivienda en Guaymas, donde permanecían privadas de la libertad. Tras haber recibido atención por parte de la Fiscalía de Sonora, dependencia que le ofreció medidas de protección, las cuales rechazó ante el Ministerio Público, fue asesinada durante la noche del mismo día en un domicilio de la colonia El Rastro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que la mujer fue privada de la vida con proyectiles de arma de fuego, a las 20:30 horas en el sector mencionado.

El amago de los aliados PAN y PRD contra el PRI subió de tono, porque amenazaron al Revolucionario Institucional con que, de no retirar su iniciativa para extender la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en todo el país hasta 2028, “pasaríamos a una suspensión definitiva”. Incluso condicionaron al tricolor, porque aun retirada la propuesta “será complicado recuperar la ­confianza”.