Organizaciones que acompañan a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 informaron que estos no han sido notificados sobre la resolución a favor del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, ni sobre la detención del general brigadier José Rodríguez Pérez, quien en su momento fuera Coronel del 27 Batallón de Infantería.

No obstante, para el caso de Abarca, los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el de la Montaña Tlachinollan, así como Serapaz y Fundar, llamaron a la Fiscalía General de la República a interponer la apelación correspondiente.

Tras reconocer que en la actual etapa del Tren Maya se han enfrentado muchos obstáculos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en el último tramo sólo se abrió la brecha, pues no se han concluido los estudios geológicos. Con el soporte técnico aun en elaboración, manifestó que tomó la decisión de que en esta parte “donde haya ríos subterráneos, cenotes, se opte por hacer desvíos o puentes, viaductos, segundos pisos, para que se entienda más”.

Durante su conferencia, admitió que el cambio de trazo –que originalmente se tenía previsto por el derecho de vía de la carretera– obedeció fundamentalmente a que se tomó en cuenta la postura de los hoteleros, aunado a que se consideró que entre más cerca estuviera de la playa habría más cenotes y más zonas bajas. Por esa decisión, “nos demoramos por el cambio de trazo y se nos vino la avalancha” de recursos legales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó, el 15 de septiembre del 2022, atender médicamente al capo sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino” -fundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara-, a quien le han diagnosticado 22 padecimientos, entre los que destacan el carcinoma facial.

“He dado instrucción para que en el penal se le den todas las atenciones que requiere sino sino todos los que todos los que permanecen, esa es la instrucción que se ha dado al respecto”, anunció el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Un triple homicidio se documentó la tarde de este miércoles 14 de septiembre en las inmediaciones de la colonia Altamira en Tijuana. Las víctimas presentaban huellas de violencia producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo a información proporcionada a ZETA los hechos se registraron a las 15:51 horas cuando a la central de emergencias señalaron que por la mañana escucharon detonaciones por arma de fuego en una vivienda de color rosa situada en la calle Cañón K y Viena de la mencionada colonia.

Una mujer fue raptada y posteriormente asesinada y su cuerpo colgado de un puente en Yuriria, Guanajuato.

Las primeras versiones señalan que durante la madrugada de este miércoles el grupo armado sacó por la fuerza a la mujer de su departamento ubicado en la calle 5 de Mayo, en el centro de la ciudad.

El colectivo Llegó la Hora de los Pueblos exigió al gobierno de Michoacán que suspenda toda acción que tenga como fin desarmar, difamar, estigmatizar, desmantelar o criminalizar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula, cuya organización autónoma ha brindado seguridad a la comunidad ante la ausencia de las autoridades.

La exhortación del colectivo es en respuesta a las declaraciones del gobernador estatal Alfredo Ramírez Bedolla, que el pasado 6 de septiembre amenazó con retirar los puntos de control y filtros de seguridad que la Guardia Comunal resguarda desde el 2009.

«El gobierno de Michoacán se apoya en una reforma a la ley del Sistema de Seguridad, relacionada con la ley orgánica municipal, que pretende que sólo se permita operar a las rondas y guardias comunales de comunidades con “autogobiernos” reconocidos por el Instituto Electoral y que ejerzan presupuesto directo», explicó el colectivo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que sus activistas fueron agredidos cuando acudieron a documentar la violencia ocasionada por un grupo invasor en la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, en Chiapas, el pasado 10 de septiembre.

Los activistas del Frayba asistieron a la comunidad para registrar el asedio, robo y saqueo hacia una casa y la escuela autónoma zapatista, perpetrados el 8 de septiembre por el grupo que ha despojado 95 por ciento del territorio colectivo del municipio Lucio Cabañas, y fueron vigilados y agredidos verbalmente por los invasores.

La amenaza al trabajo de los defensores, explicó el Frayba, forma parte de la «búsqueda de obstaculizar el trabajo de observación y documentación de derechos humanos y la solidaridad frente a las acciones de contrainsurgencia contra la autonomía zapatista, que coloca el escenario en un contexto complejo que puede derivar en desplazamiento forzado interno, así como otros hechos graves y costos de difícil o imposible reparación».

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, acusó el desacato de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a favor de los familiares de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, víctima de ejecución arbitraria, el 31 de agosto.

A una semana de que los familiares de la pequeña acompañados de su representante acudieran a Palacio Nacional a solicitar una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y denunciaran acoso por parte de elementos castrenses, Ramos Vázquez señaló que continúan los actos de intimidación.

El Secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez, afirmó que apoyará al Ejército para que no haya vacío de poder en Arcelia y en la región de Tierra Caliente, donde el sábado y el lunes en Tlapehuala transportistas corrieron a los soldados que intentaron instalar bases de operación.

También, aseguró que ya se está investigando la participación de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el desfile de la fiesta patronal en Zirándaro, y que se reforzarán con más policías y patrullas en todas las regiones del estado.

El objetivo de esta semana era lograr que el nombre de Julian Assange se mencionara en el encuentro del Presidente de México con el jefe de la diplomacia estadounidense. El de la próxima, intentar lo mismo cuando el Primer Ministro australiano vea al Jefe de la Casa Blanca en los funerales de la reina de Inglaterra.

Dos personas de la colectiva “Hasta Encontrarte”, conformado por familiares de desaparecidos en el estado de Guanajuato, escalaron la Estela de Luz para desplegar un mensaje por la paz.

La intervención dio inicio a las 6:00 horas de este jueves y elementos de seguridad inicialmente intentaron impedir el paso a las manifestantes, esfuerzo que fue en vano.

La madrugada de este 15 de septiembre fueron hallados los cadáveres de ocho hombres a un costado de la carretera que conduce a la comunidad de Benito Juárez, en el municipio de Zacatecas.

"Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas realizan las indagatorias pertinentes para determinar las causas de la muerte", informó la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, al confirmar el hallazgo.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos pidió a México revocar la prisión preventiva oficiosa que se discute en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues viola Convenciones de las que el estado mexicano es parte, va en contra de a las garantías internacionales de derechos humanos, afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de vulnerabilidad y viola el debido proceso.

“La Oficina de Derechos Humanos llama nuevamente a México a revocar medidas contrarias a los estándares de derechos humanos”, dijo a Proceso, Marta Hurtado portavoz del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos al referirse a la prisión preventiva oficiosa.

La invitación del gobierno de México a  familiares del activista Julian Assange debe traducirse en “una mejora inmediata y permanente de las condiciones de seguridad para el periodismo” en el país, que esté año suma a 16 periodistas, tres trabajadores no editoriales de medios y un familiar de periodista asesinados, sostuvo Artículo 19.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tiene que ver con la iniciativa presentada por la la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, quien propuso una reforma a diversos artículos de la Constitución para prohibir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar o “interpretar” los preceptos de la Carta Magna.