En Tijuana, continúa la jornada violenta.  Al menos siete cuerpos y una cabeza humana fueron localizados entre la mañana del jueves 22 de septiembre y los primeros minutos de este viernes 23 en distintas zonas de la ciudad.

El primer cadáver se encontró el jueves 22 en la calle Chapultepec de la Colonia Juárez en la delegación Zona Centro a las 06:40 de la mañana; el cuerpo no pudo ser identificado, pero se conoce que su edad oscila entre los 30 y 35 años.

La agrupación de Damnificados Unidos de la Ciudad de México convocó una reunión de las víctimas de los sismos de 2017, 2020 y 2022, para exigir que la reconstrucción de las viviendas sea cubierta con fondos públicos, tras condenar la posición del gobierno capitalino sobre que sean los damnificados «quienes paguen la recuperación de sus viviendas».

En un comunicado, Damnificados Unidos señaló que teme que la posición del gobierno de Claudia Sheinbaum «se replique para las familias afectadas en Michoacán, Colima y otras entidades, sobre todo por el lamentable antecedente de la falta de atención después de los sismos de 2017».

“Quiero deslindar claramente la presencia de los papás y mamás de los muchachos de Ayotzinapa de quienes realizan actos de provocación”, dijo este viernes Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Guanajuato está en el centro del debate nacional por tres razones: la primera, porque tiene un Fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, muy poderoso, incluso por encima del propio Gobernador —como exhibió el Presidente Andrés Manuel López Obrador—; la segunda, porque el modelo panista de la contención de la violencia se aplicó ahí y tercero, porque Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no se ha pronunciado sobre sacar el Ejército de las calles, mientras que Acción Nacional (PAN), su partido, se opone tajantemente a que las Fuerzas Armadas sigan en labores de seguridad hasta 2028.

Un Juez federal del Estado de México instruyó este viernes la captura de Iñaki Blanco Cabrera, extitular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero cuando se registró el ataque y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, por el delito de delincuencia organizada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la lista de senadores que se pronunciaron en contra de la iniciativa para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028; afirmó que él seguirá insistiendo en la reforma.

En conferencia de prensa, señaló que mientras esté en el gobierno, insistirá en la presentación de la iniciativa ante el Congreso, incluso planteó que se puede realizar una consulta ciudadana.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública es necesaria para combatir los altos índices de violencia en el país, datos oficiales muestran que en esta administración el despliegue militar no se enfoca hacia las entidades con más homicidios dolosos, sino hacia aquellas gobernadas por Morena.

El martes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó su informe mensual de incidencia delictiva, en el que refirió que, de enero a agosto de 2022, seis entidades registraron 10 mil 108 víctimas de homicidio doloso, cifra que representa el 48.7% del total (20 mil 722).

Guanajuato fue escenario el miércoles pasado de una ola de violencia que lo ubicó como la entidad con el mayor número de homicidios. De los 91 decesos registrados, 20 ocurrieron en la entidad gobernada por Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo.

De las 20 víctimas registradas en Guanajuato, 10 fueron masacradas en un bar-billar en el municipio de Tarimoro, presuntamente por miembros del cártel de Santa Rosa de Lima.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, consideró que la propuesta de reforma presentada por una diputada de Morena para evitar que el Máximo Tribunal interprete la Constitución evidencia el desconocimiento del trabajo que realizan los ministros.

Estudiantes de la Normal de Teteles de Puebla denunciaron la represión y hostigamiento que alrededor de 500 granaderos encabezaron para desalojar el bloqueo que mantienen las normalistas en avenida Reforma, en la Ciudad de México, para exigir que no se privatice su escuela, la destitución de las autoridades corruptas, justicia por dos estudiantes fallecidas y la reinstalación de las alumnas expulsadas.

Durante el intento de desalojo, las normalistas, junto con otros estudiantes, se organizaron para protestar frente a los granaderos y formaron bloques y vallas humanas para impedir el paso de los policías.

Organizaciones y colectivos feministas en Chiapas exigieron al Congreso del estado que reforme el código penal para legalizar el aborto, pues hasta ahora sólo está permitido por violación, riesgo de la vida de la madre y malformación del feto, y en la entidad hay mujeres y niñas de hasta diez años “que están siendo obligadas a parir”.

“Ya tenemos ese elemento que nos faltaba, que es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que por mayoría se manifestó el 7 de septiembre de 2021 en el sentido de que en ningún momento se puede iniciar una carpeta de investigación por abortar”, señaló Michel Domínguez Gordillo, de la Red por la justicia Reproductiva en Chiapas.

Casi un año después de los hechos fue detenido Leopoldo “N”, uno de los dos policías municipales de Cuautitlán Izcalli que habrían disparado e impactado la camioneta del actor Octavio Ocaña, lo que influyó en el accidente en que perdió la vida.

El Poder Judicial del Estado de México indicó que este jueves se definirá la situación jurídica del imputado sobre su probable responsabilidad en el delito de homicidio.

Con la salida técnica de prescripción del delito al amparo del Código Penal del estado de Guerrero, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR pretende dar el caso por cerrado pese a todas las evidencias sobre la veracidad de las amenazas y la identidad de los autores.

Una juez federal ordenó suspender el procedimiento iniciado contra Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) para que, en el momento correspondiente, no se dicte auto de apertura a juicio por el caso Iguala.

Murillo Karam tramitó un amparo contra el auto de vinculación a proceso que le fue dictado el pasado 24 de agosto por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por las irregularidades cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa.