Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), renunció en las últimas horas a su cargo, justo cuando se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes y cuando la Fiscalía General de República (FGR) se encuentra sometida a intensos torbellinos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó esta mañana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el “desplazamiento” de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), ante la cancelación de 21 órdenes de aprehensión por un juez federal, a solicitud de oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) ajenas a la investigación y a sus medios probatorios”, como lo reveló la revista Proceso en su edición de esta semana.

A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, el organismo regional urgió al Estado mexicano “a garantizar la independencia y operación de la UEILCA sin interferencias, así como evitar cualquier tipo de intromisión que pueda afectar sus labores a fin de proteger la integridad de la investigación”.

Américo Villarreal Anaya solicitó su reincorporación al Senado a partir de este 26 de septiembre cuando faltan cinco días para su toma de protesta como gobernador de Tamaulipas.

Pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se alista a pronunciarse por validar el triunfo del morenista y desechar lo impugnado por el PAN, el senador con licencia envió un oficio solicitando volver a su escaño.

En una defensa pro bono, los abogados Alejandro Robledo y César González Hernández, integrantes del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, coordinarán la estrategia jurídica junto con la Defensoría Pública Militar, que representa a los militares involucrados en este asunto.

“El Gobierno se está burlando de nosotras como madres, como familias”, reclamó Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecido hace ocho años en Iguala, Guerrero.

Como ella, el Comité de padres y madres de los 43 desaparecidos denunciaron esta tarde que el Gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador les ha mentido, pese a que se comprometió a esclarecer qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27.

Otra vez el mismo clamor, con la misma fuerza: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Han pasado ocho años de que 43 estudiantes de Ayotzinapa fueran desaparecidos. Ocho años de aquélla noche, 26 de septiembre de 2014, cuando fuerzas del crimen organizado, civiles, policías y militares, se unieron para atraparlos por protestar, desaparecerlos y muy probablemente asesinarlos con extrema crueldad, según la última evidencia. Pero el paso del tiempo no opaca el reclamo. El grito es el mismo y retumba en las calles.

Edgar Torres Garrido, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionado a irregularidades en la compra de la planta de fertilizantes de Grupo Fertinal; y cercano a Emilio Lozoya Austin, falleció en su domicilio víctima de un aparente infarto.

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades de seguridad y justicia del país reportan cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia, lo que ha provocado nuevas protestas en torno al caso.

Las críticas de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de sus compañeros, se intensificaron a raíz de que el pasado 18 de agosto el gobierno federal presentó los resultados preliminares del informe de la Comisión de la Verdad para estos hechos, en el que se concluyó que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” y que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.

La liberación de Tito Delfín Cano exalcalde de Tierra Blanca, Veracruz, estaba prevista para realizarse la madrugada del sábado pero, a punto de abandonar el reclusorio fue reaprendido por un delito ambiental.

El político panista, aspirante a la dirigencia estatal de ese partido, fue detenido por hechos de corrupción presuntamente cometidos durante su gestión realizada entre 2011 y 2014.

Un capo del cártel de Los Zetas identificado como Alfredo Alemán, y quien operaba acciones delictivas en el estado de San Luis Potosí, fue detenido en el municipio de García, Nuevo León, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El también llamado Comandante Alemán fue aprehendido por elementos del Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, la noche del 22 de septiembre en el fraccionamiento Montenova, sin que se registraran disparos.

Cuando falta menos de una semana para la toma de protesta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció en favor de validar el triunfo del morenista  Américo Villarreal, en los pasados comicios de gobernador, al desechar la impugnación del PAN, que lo relacionaba con grupos del crimen organizado.

En el proyecto de resolución SUP-JRC-101/2022 difundido el domingo, el magistrado Jorge Luis Vargas Valdez propondrá en la sesión del miércoles avalar los comicios celebrados el pasado 5 de junio, cuando Villarreal Anaya derrotó a César Verástegui Ostos, de Acción Nacional.

José Antonio Cedano Bueno, músico de 24 años de edad, fue hallado muerto en el municipio de Guaymas, Sonora.

El sábado 24 de septiembre, el joven fue sacado de su domicilio por un grupo armado, acción que fue reportada por sus familiares ante las autoridades.

La revisión del amparo y protección que un Tribunal Unitario concedió al narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar en contra del único proceso penal que lo mantiene preso acusado por delincuencia organizada será remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo informaron a ZETA fuentes de un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, y que desde el mes de abril de 2022 conocía del recurso del Ministerio Público de la Federación para revertir la resolución que podría regresarle la libertad al ex miembro del Cartel de Sinaloa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en el caso Ayotzinapa se cancelaron 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 son miembros del Ejército Mexicano, porque no aparecieron en el informe de la Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).

El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.

La Comisión de la Verdad, una entidad oficial creada en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en agosto que se trató de un “crimen de Estado”, y documentos que obtuvo apuntan a que fueron militares los que ordenaron matar a algunos de los jóvenes y quienes manipularon y escondieron parte sus restos, indicios que la fiscalía ahora debe investigar.