Pueblos y organizaciones indígenas aseguraron que todos los niveles de gobierno y partidos políticos en México, «en alianza con el crimen organizado», impulsan una «nueva etapa de colonización» bajo la retórica «de seguridad nacional, interés público, progreso y combate a la pobreza».

En un comunicado publicado en el Congreso Nacional Indígena (CNI), los pueblos y organizaciones explicaron que esta etapa se traduce en la imposición de megaproyectos como el interconectado Tren Maya-Corredor Interoceánico, dos de las amenazas más grandes que enfrentan los estados del sur del país.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este miércoles que hay una nueva lista de empresas que no han pagado sus impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual contempla entre 20 y 30 corporaciones.

Américo Villarreal Anaya, Gobernador electo de Tamaulipas, desistió de su solicitud de reincorporarse al Senado de la República para retomar sus actividades legislativas.

Seis policías municipales de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, fueron asesinados la mañana de este miércoles.

Cerca de las 10:00 horas del día de hoy, cinco policías se encontraban realizando ejercicio en una unidad deportiva en el Barrio de San Judas cuando personas armadas llegaron al lugar y los atacaron con las mismas.

Un grupo de judíos ortodoxos integrantes de la comunidad Lev Tahor denunciaron persecución y privación de la libertad de al menos 26 integrantes de esa congregación, que fueron llevados al municipio de Huixtla, mientras que el gobierno de Israel aseveró que el operativo de las fuerza federales mexicanas fue para rescatar a un niño de la que califica como una secta.

El pasado domingo, miembros de esa comunidad judía protestaron afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) habilitadas en Huixtla, donde se encuentran los detenidos.

La defensa legal de los cuatro militares vinculados a proceso por el caso Ayotzinapa acusó a la Secretaría de Gobernación (Segob) de presentar pruebas falsas en su contra, por lo que adelantó que presentará una denuncia penal contra el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

“Pedimos al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj), deje de politizar las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”, dijo el abogado César Omar Gómez Hernández.

—Yo digo que es un carnicero el que trabaja con ellos. O tal vez un médico, un cirujano. Porque no hay forma de que los cortes sean tan limpios. Tan… cómo te diré. Tan perfectos.

Tras la frase, Araceli Salcedo se sube la cremallera de la chamarra negra para cubrirse de la llovizna que la empapa lentamente y que lleva varios días sin dar tregua a esta zona serrana de las Altas Montañas de Veracruz.  

La imagen confirmó la operación directa del gobierno federal para sumar a nueve de 13 senadores y senadoras del PRI a apoyar la propuesta, que al ser una reforma Constitucional requería de mayoría calificada.

El detenido por la Fiscalía General de la República, en relación al accidente en la mina El Pinabete, no es el propietario, pese a que la autoridad federal lo presentó como una gran captura, señaló el gobernador Miguel Riquelme Solís.

El domingo pasado fue anunciado el arresto de un hombre identificado como Cristian, quien era buscado junto a otras dos personas como responsables del accidente del pasado 3 de agosto en el pozo de carbón del poblado Las Agujitas en Sabinas, donde perecieron 10 mineros cuyos cuerpos aún siguen sepultados bajo el agua.

A través de su colaboración semanal en el diario El Universal, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, salió en defensa de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), a más de un mes de que presentara su informe.

Encinas atribuyó a un “coletazo del pasado” los cuestionamientos a su informe sobre la solidez de los señalamientos hacia personal militar, de la Policía Federal, de policías estatales y municipales, que llevaron a la conclusión de que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado”.

Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se mantenían con el semblante serio y casi inmóviles cuando un sonoro “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” explotó a sus espaldas. El grito, que sonó al unísono y sirvió como señal de partida, provenía de las decenas de normalistas que los sucedían en la marcha por los ocho años de la desaparición de los jóvenes.

Ahí, frente al Ángel de la Independencia, comenzaron a marchar todos quienes desde hace ocho años han salido a las calles para buscar a sus hijos y exigir justicia. Todos menos Minerva Bello Guerrero, Tomás Ramírez Jiménez, Saúl Bruno García, Bernardo Campos Santos y Esequiel Mora Chora, quienes fallecieron “sin que hayan tenido respuesta alguna del paradero de sus hijos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien reveló hace unos días que hay una orden de aprehensión en su contra, y acusó que hay una persecución en su contra.

En conferencia de prensa, calificó al próximo mandatario como honesto, decente y apoyó el regreso de Villarreal al Senado, pues dijo, se “está protegiendo porque existe una persecución, situación extrema y presiones”.

En una comunicación dirigida al Estado Mexicano a través de la representación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y las Relatorías especiales sobre ejecuciones arbitrarias y derechos a la libertad de reunión y asociación, llamaron al gobierno de López Obrador a anular los cambios aprobados en leyes secundarias y retirar la iniciativa de reforma constitucional. 

Mineros del pozo de carbón El Pinabete, que trabajaban en un turno diferente a los que resultaron afectados por la inundación del 3 de agosto y que dejó atrapados a 10 de sus compañeros, fueron indemnizados con 5 mil 800 pesos de liquidación.

Así lo informó Sergio Guanajuato, quien es activista laboral en la región carbonífera y experto en pensiones.

De acuerdo con una carta dirigida a familiares de víctimas y sobrevivientes de la llamada “guerra sucia”, divulgada por el Museo Casa de la Memoria Indómita, García Aguirre presentó su renuncia formal al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas el pasado 22 de septiembre.