Después de casi seis meses de la desaparición de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, ocurrida en el municipio de Escobedo, Nuevo León, el pasado 8 de abril, por fin, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió atraer la carpeta de investigación por feminicidio que estaba desarrollando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Después de que la insistencia de los padres de la joven obligaron a contratar a otro equipo de peritos forenses, quienes aclararon que la causa de su muerte fue “por sofocación y que su cuerpo no fue sometido a violencia sexual” y no, por una contusión profunda del cráneo, como la Fiscalía estatal había señalado.

A partir de la próxima semana, los gobiernos de la Ciudad y del Estado de México pondrán en marcha una estrategia de seguridad metropolitana para combatir el robo a bordo de las unidades del transporte público en las zonas colindantes de Iztapalapa con Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz.

Acompañada de las autoridades policíacas de ambas entidades, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que este delito ha bajado en toda la ciudad, pero en algunos puntos de Iztapalapa la disminución ha sido menor, por lo que se determinó reforzar la vigilancia en avenidas como Zaragoza y Ermita.

La presencia castrense en la seguridad pública no solo se observa a nivel federal sino también estatal, donde aumenta el control de integrantes de las Fuerzas Armadas: tan solo al cierre del año pasado, una de cada cuatro instituciones estatales del ramo tenía como titular a un militar.

Así lo refieren datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, elaborado por el Inegi, que indica que, por institución de procedencia, los titulares de las instancias estatales de seguridad pública proceden en 13.4% de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 10.1% de la Marina y en 3.3% de la Policía Federal/Guardia Nacional (26.8% en conjunto).

Preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 del estado de Chihuahua, Duarte Jáquez entra y sale de su celda constantemente con motivo de sus enfermedades para ser atendido en hospitales de lujo, privilegio del que no gozan sus compañeros de cárcel.

La versión de las presiones del Ejército al subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para evitar encarcelar a militares, son rumores porque saben que no se puede encubrir a quien comete un delito, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los procesos judiciales en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa se buscó girar órdenes de aprehensión contra más militares, fuera de lo que indica el informe de la Covaj, porque buscaron dinamitar la investigación y generar una rebelión dentro del Ejército mexicano.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pedirá al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, una reunión para conocer por qué la Fiscalía decidió cancelar 21 órdenes de aprehensión solicitadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

Desde el Centro Regional de Inteligencia Militar ubicado en Iguala, el Ejército mexicano dio seguimiento en tiempo real al secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sin embargo todavía se niega proporcionar toda la información generada por los militares, argumentando que esa instalación no existía en 2014, indicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que él personalmente aceleró el arresto de figuras relevantes en el caso Ayotzinapa, y que dio la instrucción directa “y por escrito” al Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el General Luis Cresencio Sandoval González​, para que los cinco militares involucrados en la desaparición y muerte de algunos de los 43 normalistas fueran detenidos.

La noche del miércoles 28 de septiembre, el exdirigente del Partido Nueva Alianza, Juan Pablo Rodríguez Gil, fue atacado a balazos en el fraccionamiento Playas de Tijuana.

Información revelada a ZETA refiere que alrededor de las 21:02 horas se reportaron detonaciones por arma de fuego sobre las calles Isla Coronado y de las Perlas en la sección Coronado, en donde un hombre había resultado lesionado.

«El aborto es un asunto de salud pública y el Estado tiene que garantizar este derecho». Con esta convicción, miles de mujeres realizaron marchas y acciones en todo Chiapas por su autonomía corporal y su derecho a decidir: en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Tapachula, Ocosingo, Tonalá, San Fernando y Mapastepec.

Integrantes de la la Asociación de Jubilados, Trabajadores y extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM) volvieron a bloquear el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.

Morena y sus aliados lideran las preferencias electorales rumbo a las elecciones para la gubernatura del Estado de México en 2023, mientras que la alianza Va por México tiene el 40 por ciento, seis puntos menos que el partido oficialista, de acuerdo con una encuesta publicada este jueves por El Financiero.

El ejercicio estadístico realizado en septiembre por el periodista Alejandro Moreno muestra que la ligera ventaja morenista se redujo con respecto al anterior sondeo de julio, cuando Morena y sus aliados tenían una ventaja de nueve puntos porcentuales.

México se ha convertido en el lugar más mortífero del mundo para los activistas ambientales y defensores de la tierra, según un sondeo global dado a conocer el miércoles. En el norte del país, el pueblo indígena yaqui aún sigue de luto por el asesinato de Tomás Rojo, un líder defensor del agua encontrado muerto en junio de 2021.

El asesinato de defensores de la tierra indígenas a menudo evoca imágenes de activistas de la Amazonia asesinados en lo profundo de la selva, y Colombia y Brasil aún representan muchas de las muertes. Pero según un informe del grupo no gubernamental Global Witness, en México hubo 54 activistas asesinados en 2021, en comparación con 33 en Colombia y 26 en Brasil. El grupo registró la muerte de 200 activistas a nivel mundial en 2021.