Francisco Javier García Cabeza de Vaca no fue a la toma de protesta de su sucesor, Américo Villarreal Anaya. Se justificó y dijo que nadie lo invitó. Luego tuiteó que estaba en su rancho, de vacaciones. Después acusó persecución política. Y nadie sabe de él, aunque tiene una orden de aprehensión girada por un Juez y una alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

En septiembre de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) sufrió una variación del 0.62 por ciento respecto al mes de agosto, con lo que se registró una inflación general anual del 8.70 por ciento. En septiembre de 2021, la inflación mensual fue de 0.62 por ciento y la anual, de seis por ciento, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que nombrará a Raquel Buenrostro como nueva Secretaría de Economía (SE), en sustitución de Tatiana Clouthier, quien ayer dejó el cargo.

El crecimiento económico de México disminuiría en los siguientes trimestres, pese al buen resultado de la primera mitad del año, mientras que se espera que la inflación se estabilice en el segundo semestre y decline gradualmente, dijo el viernes el FMI en las conclusiones de una misión al país.

Un balacera que se registró en la Alcaldía Tláhuac dejó como saldo al menos tres hombres asesinados y una persona más herida de gravedad.

Los cuerpos de los tres hombres quedaron en el suelo al exterior de una tienda de abarrotes entre las calles Arboledas y 5 de Mayo.

México registró ayer una jornada violenta con 87 personas asesinadas; Guerrero, con 22 muertos, fue la entidad con más homicidios, según conteos del gobierno federal.

De marzo a octubre se tiene un promedio diario de 75 homicidios.

El nombramiento de un personaje cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al frente de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), es la antesala del “desmantelamiento del Mecanismo Extraordinario de Acceso a la Justicia, para esclarecer el caso, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al no haber consultado a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos”, denunció el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

Morelos se encuentra controlado por gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y jueces coludidos con los grupos criminales que operan en la región, ya sea Los Rojos, Guerreros Unidos –originarios del colindante estado de Guerrero– o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con dos informes demoledores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Unidad de Inteligencia Naval elaborados a principios de 2019.

En un “Panorama Delictivo de Morelos”, el grupo de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) señaló que el grupo criminal de los Beltrán Leyva cuenta “con protecciones de autoridades del exgobernador de Morelos Graco Ramírez”, y señaló que el primer círculo del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, del Partido Encuentro Social (PES), tienen vínculos con Los Rojos, Gente Nueva y el CJNG.

Con la firma del Acuerdo de Paz entre las comunidades mixtecas de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, Oaxaca, se pone fin a un conflicto de 30 años que enlutó hogares ante los permanentes ataques armados provocados por disputas agrarioterritoriales.

La firma fue calificada como un hecho histórico porque con ello se pone fin al enfrentamiento entre ambas comunidades y se hace un mutuo reconocimiento de sus derechos a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y el establecimiento de sus límites territoriales.

Un grupo de encapuchados tomaron y vandalizaron este jueves las instalaciones de los planteles Naucalpan, Vallejo y Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A una semana de paro de labores para exigir seguridad en la zona y otras demandas, el CCH Sur hoy tienen vidrios rotos, oficinas saqueadas y salones rayados ante la falta de respuesta por parte de las autoridades.

En materia de salud no se puede "teletonizar" al país porque son políticas públicas con financiamiento privado, declaró el gobernador morenista de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y afirmó que "no voy a distraer recursos para darlos al Teletón, mejor hago centros de rehabilitación eficiente públicos".

Antes de fijar su postura al respecto, el mandatario nayarita pidió una disculpa y aclaró que no se trataba de agredir a nadie "pero lo voy a decir", y enseguida puntualizó que él no va a distraer recursos públicos para entregarlos a la iniciativa privada.

En medio del escándalo por la investigación #EjércitoEspía, que reveló espionaje a periodistas y activistas mediante el spyware Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), México auspició una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pide a los gobiernos abstenerse de espiar a periodistas utilizando técnicas de vigilancia ilegales.

Además deplora la difusión de desinformación y propaganda, incluso en Internet, que pueden diseñarse e implementarse para engañar, violar los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.

En 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó dos pagos por 60 millones 90 mil pesos por el servicio de “servicio de monitoreo de información remota” a la empresa Comercializadora Antsua, que contaba con la representación exclusiva de la empresa israelí NSO Group para vender el spyware Pegasus a la Sedena.

Una relación de Cuentas Líquidas por Cobrar (CLCs) de la Sedena, extraída de los millones de documentos hackeados a la institución castrense por el colectivo hacktivista Guacamaya, muestra que la Sedena no solo celebró el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 con la empresa en abril de 2019, sino que pagó por el servicio de monitoreo de información remota que amparaba.

A finales de agosto pasado la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, invitó a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración (INM) a apoyar una iniciativa de reforma a la Ley de Migración elaborada por sus abogados.

Una parte de la iniciativa pretende facilitar la acreditación de delitos por tráfico de personas, lo que se encuentra dentro de sus facultades, pero en al menos dos puntos la propuesta de la fiscalía desborda por mucho sus competencias: instruye al INM que lleve un registro de personas defensoras de derechos humanos, y permite a la Guardia Nacional (GN) llevar a cabo verificaciones y detenciones migratorias por su cuenta.