El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas en el Código Penal del estado para despenalizar el aborto y permitir la interrupción legal del embarazo.

Durante la madrugada de éste miércoles, el Congreso de dicho estado avaló de forma exprés la iniciativa con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, permitiendo la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación.

En una audiencia, organizaciones civiles mexicanas expresaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones por la “militarización de la seguridad pública del país”; sin embargo, la embajadora Luz Elena Baños, representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), no respondió los cuestionamientos y se limitó a leer el mensaje que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La embajadora, en representación del Estado mexicano, dijo que ahora no se violan garantías fundamentales y ninguna corporación castrense comete actos de barbarie, como torturas, masacres o ajusticiamientos.

«Con las recientes investigaciones de la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) dadas a conocer por el colectivo Guacamaya, lo evidente ya no se puede ocultar más, es público y comprobado, fue el narcoestado el que asesinó a Samir», aseguró el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala.

El Frente explicó que los documentos filtrados de la Sedena confirman las relaciones de cárteles del narcotráfico con autoridades del gobierno de Morelos, entre ellos el gobernador estatal Cuahtémoc Blanco, el fiscal encargado de la investigación sobre el asesinato del defensor Samir Flores, Uriel Carmona, y el presidente municipal de Amilcingo, donde fue asesinado Flores, Valentín Lavín.

Fiscales en Nueva York dijeron el miércoles que han entregado documentos relacionados con la incautación de drogas en el condado de Queens en diciembre de 2019 y con el envío de narcóticos a Estados Unidos a través de empresas fachada como pruebas para el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que es posible reactivar las órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, el mandatario federal señaló, en su rueda de prensa matutina, que se podrán reabrir “siempre y cuando se cumpla con todos los procedimientos legales”.

El Senado de la República ha aprobado el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023, así como las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Durante la madrugada de este miércoles se dio la votación, la cual concluyó con 65 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones para el dictamen en lo general; así como con 62 a favor, 42 en contra y dos abstenciones en lo particular, por lo que el documento fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, concluyó que Pío López Obrador, hermano del presidente, Andrés Manuel López Obrador y el excoordinador nacional de Protección Civil, David León no cometieron ningún delito electoral.

Fuentes federales confirmaron que la Fisel presentó un proyecto de no ejercicio de la acción penal en la investigación que inició contra López Obrador y León Romero por la difusión de dos videos en los que se observa al hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo de parte del exfuncionario federal para supuestamente financiar a Morena.

Durante las elecciones de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó y recibió información de al menos 234 incidentes que van desde robo de credenciales de elector y asaltos a capacitadores electorales hasta lesiones con armas de fuego a simpatizantes de candidatos y vinculación de políticos con grupos del crimen organizado. 

Así lo refieren decenas de reportes sobre el proceso electoral del año pasado en al menos ocho entidades, incluidos entre los millones de correos electrónicos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya.

En su visita al Congreso de Veracruz, el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández dijo que los estados y municipios han fallado en la tarea de seguridad y la carga se ha dejado a la federación, tanto así que ningún estado del país ha entregado en tres años un reporte del estado de su seguridad.

Alertó que muchas policías municipales fueron entregadas al crimen organizado a cambio de financiamiento o tienen pactos con la delincuencia.

A pesar de quien sea, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), habrá justicia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró el nuevo fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra, quien tampoco descarta que se generen más órdenes de aprehensión.

Aunque señaló que esto podrá llevar tiempo porque por el momento no se contemplan nuevas órdenes por los procesos en la integración de expedientes.

“A uno le quitan toda la ropa, no le dan chance de nada. De ahí te llevan preso, tres días, a veces uno dura hasta nueve días, y luego te sacan y no te dicen nada. Te montan en el camión y ahí vas esposado, lo esposan de los pies, de la cintura, de todos lados sin decirnos a dónde nos llevan, y ya cuando te das cuenta, estás en la frontera mexicana y de ahí te llevan para la Ciudad de México”.

Fredy Mosquera, joven venezolano, describió así la “humillante” experiencia que vivió al ser expulsado de Estados Unidos. Esperaba ser atendido en la embajada en la CDMX, ubicada en Polanco. En las escalinatas, con aspecto demacrado y voz a veces entrecortada, contó cómo él y otros fueron tratados en EU. 

Los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que filtró el grupo de hacktivistas Guacamaya, muestran que el Ejército recibió 113 mil mdp sin rendir cuentas.

De acuerdo con una nota de Reforma, el dinero que entregó el Gobierno federal a las Fuerzas Armadas proviene del fideicomiso aduanero.

El gobierno federal y Walmart firmaron un acuerdo específico en el que se les entregó una licencia de libre importación de alimentos sin aranceles y sin trámites burocráticos, y “ellos se hacen responsables de la calidad de productos importados, así nos lo expresaron por escrito”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El acuerdo incluye que Walmart, a la entrada de todas sus tiendas, exhiba los 24 productos inicialmente con el precio de mil 39 pesos y a partir de ahí bajar los precios.

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reprobó la respuesta pública que dio la Fiscalía General de República (FGR) sobre la sentencia emitida por un juez federal que le ordenó instrumentar en 40 días hábiles el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), herramienta que debió haberse creado hace tres años en cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

En su cuenta de Twitter, la organización que ha acompañado a Olimpia Montoya en el litigio del amparo que interpuso para que la FGR establezca el BNDF, consideró “decepcionante” la respuesta que dio la Fiscalía a través del comunicado 516/22, dado a conocer el domingo 23.

El expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, calificó a la Reforma Electoral, la cual pretende modificar al Instituto Nacional Electoral (INE), como una “mamarrachada”.