El lunes pasado se cumplió un año de que 10 adolescentes y un adulto —todos cortadores de aguacate— fueron torturados y asesinados a balazos en un predio de las afueras de la comunidad de Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, Michoacán.

Ahora, esas víctimas son recordadas en estas fechas, pero sus familias siguen sin conocer la justicia porque los principales responsables permanecen libres.

Un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y dos personas que lo acompañaban, los tres reportados como desaparecidos, fueron hallados muertos en el fondo de un barranco tras sufrir un presunto accidente vehicular en el municipio de Quechultenango.

Se trata del encargado de despacho de la dirección de recursos humanos de la CDHEG, Adolfo Aparicio Bello, así como Efrén Barrios Cárdenas y Pedro Romero Sotelo.

Durante su Cuarto Informe de Seguridad, el gobernador Enrique Alfaro presumió que todo va bien en la materia, a pesar de la violencia desatada en la entidad.

Sobre la violencia generada por el crimen organizado, en especial las balaceras que se presentaron el mes pasado dentro de la zona metropolitana, el mandatario dijo que es un delito que debe combatir el gobierno federal.

Este miércoles se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas; con ese motivo, la organización Forbidden Stories lanzó una nueva campaña en video para explicar su misión y recaudar fondos.

El propósito es continuar y publicar investigaciones de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados; dar resonancia mundial a estas "historias prohibidas"; defender el acceso a la información independiente e ir más allás mediante la red SafeBox Network, con el fin de disuadir a quienes atacan a los periodistas.

Tras los bloqueos carreteros y la quema de 10 vehículos por parte de presuntos normalistas que demandan la liberación de tres de sus compañeros detenidos tres días antes, el gobierno estatal desplegó un operativo policiaco en la Región Purépecha, particularmente en las localidades de Chilchota, Purépero, Carapan, Cheranástico, Caltzontzin y San Juan Tumbio.

De acuerdo con la versión oficial, los tres normalistas —dos hombres y una mujer— que actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Uruapan, fueron aprehendidos el viernes pasado en flagrancia cuando incendiaban un vehículo en demanda de la asignación automática de plazas docentes para egresados de normales indígenas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumentó su deuda, en un año, en 21.3%. Así lo revela un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a partir de los estados financieros de la empresa del Estado.

“Al cierre del tercer trimestre de 2022 el saldo de la deuda de la CFE fue de 467.8 mil millones de pesos. Este saldo es 21.3%  mayor al reportado al 30 de septiembre de 2021, que fue de 385.7 mil millones de pesos”.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua capturaron a Fernando F. C., alias “El Cuervo”, presunto homicida del activista Cruz Soto Caraveo y operador de José Noriel Portillo Gil, apodado el “Chueco”.

La fiscalía general de Chihuahua informó que Fernando F, quien tiene una orden de aprehensión por el homicidio del activista, fue aprehendido la madrugada de este miércoles en la comunidad de Témoris.

En 15 meses, la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en la Ciudad de México y gobernada por la aliancista Sandra Cuevas, acumuló anomalías por 122 millones 053 mil pesos, de acuerdo con la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México demandó "poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas", pues alertó esto es "es apremiante para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de la sociedad".

En el contexto de este Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el equipo de la ONU, visitó seis estados en México que están identificados como algunos de los sitios de más riesgo por la violencia contra trabajadores de los medios de comunicación.

“Este es el país en el que el acceso a la información y la búsqueda de la verdad te quitan la vida”, señaló la organización Artículo 19 (A19) en el sitio web #PeriodismoEnRiesgo, lanzado este 2 de noviembre en el marco del Día Internacional para Poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

Desde el 2000, al menos 156 periodistas han sido asesinados en México, de los cuales 36 casos se registraron en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y 11 casos tan sólo en 2022. Además, 98 por ciento de los crímenes contra los periodistas queda en la impunidad, recordó la organización.

Mientras el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer pública la encuesta que revela que 51% de la población está a favor de reducir el dinero público al organismo, el propio partido resolvió hace poco reservar durante 1 año todas las encuestas, sondeos y estudios de opinión que el partido político haya pagado, contratado, adquirido o recibido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 12 de septiembre de 2022.

La agenda de actividades diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos de la primera parte del día, quedó expuesta tras el hackeo del grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La rutina es la misma de lunes a viernes: el mandatario inicia actividad a las 4:00 am y su primera reunión, con el gabinete de Seguridad para recibir el reporte en la materia se desarrolla de las 06:00 a las 07:00 horas.

El Instituto Nacional Electoral no ha fallado. Ni se le ha caído el sistema, ni elección alguna no ha podido desarrollarse, ni han impedido que los partidos sean multados por sus usos y abusos, y especialmente, han organizado las elecciones que, desde 2014, refrendaron el ejercicio de la democracia en México.

Y en 2018, después de una bien organizada jornada, el domingo 1 de julio por la noche informó del irrevocable triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la carrera por la presidencia de la República. La certeza democrática del INE aquella noche, después de informar de la copiosa e insólita votación, sería complementada poco más de un mes después, por la razón jurídica otorgando la constancia de presidente electo a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.