La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aclaró, el 3 de noviembre de 2022, que su Recomendación General 46/2022, en la cual recomendó al Congreso de la Unión la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) -al cual calificó como “un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo”-, no hace referencia a procesos electorales específicos, sino a temas de administración y política pública.

Asimismo, a través de un comunicado, el órgano constitucional autónomo señaló que se han vertido ataques y mentiras en contra de la Comisión, luego de la publicación del comunicado 81/2022, emitido el domingo 30 de octubre de 2022. Además, la CNDH enfatizó que “resulta preocupante que esto [su Recomendación] les parezca ofensivo y moleste”.

Los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo denunciaron que sujetos armados dispararon contra los brigadistas que resguardan y protegen el bosque de la comunidad de la tala ilegal, y que al menos uno de ellos resultó herido.

El ataque provino de una patrulla de doble cabina identificada como del estado de Morelos, así como de una camioneta de plataforma con trozo que trasladaba madera ilegal, explicaron los habitantes de Topilejo, ubicada en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, acusó esta mañana que jueces aprovechan los fines de semana para liberar a delincuentes de “altos vuelos”.

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que su Gobierno tiene que estar pendiente para evitar que los magistrados emitan órdenes de liberación.

El Presidente de México dio a conocer este jueves que familiares de mineros atrapados en “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, ya recibieron una reparación del daño en lo material por parte del Gobierno federal.

En su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador dijo que próximamente se dará un informe sobre los avances en el rescate de los 10 hombres que quedaron atrapados el pasado 3 de agosto en la mina “El Pinabete”.

Ante un Pleno tomado por simpatizantes de Morena, la interrupción de la sesión que duró más de hora y media en discusiones opacadas por los gritos de los manifestantes, el Congreso Local se desechó la minuta para ampliar la permanencia de las fuerzas militares en las calles.

En la sesión plenaria de este jueves, se puso a votación de las y los 36 diputados el dictamen para determinar la procedencia de la minuta turnada por el Congreso de la Unión, para recabar los votos de los Congresos locales para determinar la ampliación de las fuerzas militares en las calles hasta 2028.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, anunció que el órgano presentará una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la recomendación en la que exhortó a los legisladores a que aprueben una reforma en materia electoral para transformar a la institución.

“En los próximos días, ya la estamos preparando y lo comunicaremos públicamente, presentaremos una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina si se violó o no la Constitución en la parte en la que dice que la CNDH no puede pronunciarse en cuestiones electorales”, dijo durante una entrevista con Aristegui en Vivo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que las hermanas de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le pidieron apoyo para visitar al capo en EU, por lo que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a hacer el trámite con la embajada de EU en México.

Sin embargo, el presidente dijo ignorar si el encuentro se llevó a cabo o no.

Un elemento de la Policía de Tránsito de Cancún, Quintana Roo, subió un video en el que denunciaba a su superior por cobrar cuotas a cada agente vial.

El oficial José Luis Vargas, elemento activo de la Policía Municipal de Tránsito, grabó un video y lo subió a redes sociales para hacer un llamado a la Alcaldesa Ana Patricia Peralta de la Peña, al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, para atender el caso de corrupción que hay dentro de la corporación.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto analizar la próxima semana un amparo en el cual se cuestiona si las administraciones estatales pueden colocar nacimientos en espacios públicos y emplear recursos del Gobierno para ello, una medida que ha sido criticada por grupos religiosos, quienes han apodado al recurso jurídico el “Proyecto Grinch”, pero expertos consideran un avance en promover la libertad de religión.

El documento fue interpuesto por la asociación civil Kanan en contra del municipio yucateco de Chocholá, quien en el 2020 exhibió un nacimiento que fue adquirido con dinero del erario local. Las acciones del Gobierno municipal fueron señaladas por la organización por promover una religión –el catolicismo– por encima de otras, así como “hacer uso de edificios públicos para hacer manifestaciones de culto y manifestaciones religiosas personales” y la aplicación de recursos públicos, lo cual atentaría contra el Estado laico.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vinculó en un reporte al Fiscal General de Justicia de Querétaro, Alejandro Echeverria Cornejo, con la estructura criminal de Jesús Simonel, alias “El Azul” o “Salamandra”, uno de los presuntos líderes de un grupo dedicado a la producción, tráfico, resguardo y venta de drogas, así como a la falsificación de billetes en el estado y en el sureste de Veracruz, de acuerdo con documentos filtrados por el grupo “Guacamaya”.

Entre los documentos exhibidos y filtrados por el grupo de hackers, hay un reporte denominado “Parque el Chino” enviado en abril del presente año, donde la Sedena se enfoca en el perfil y el seguimiento a las actividades delictivas de Jesús Simonel “Salamadra”, quien es hijo de Jorge García “Caín” y/o “El Diablo”, líder del grupo delictivo denominado “Crikos del Diablo”.

El lunes pasado se cumplió un año de que 10 adolescentes y un adulto —todos cortadores de aguacate— fueron torturados y asesinados a balazos en un predio de las afueras de la comunidad de Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, Michoacán.

Ahora, esas víctimas son recordadas en estas fechas, pero sus familias siguen sin conocer la justicia porque los principales responsables permanecen libres.

Un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y dos personas que lo acompañaban, los tres reportados como desaparecidos, fueron hallados muertos en el fondo de un barranco tras sufrir un presunto accidente vehicular en el municipio de Quechultenango.

Se trata del encargado de despacho de la dirección de recursos humanos de la CDHEG, Adolfo Aparicio Bello, así como Efrén Barrios Cárdenas y Pedro Romero Sotelo.

Durante su Cuarto Informe de Seguridad, el gobernador Enrique Alfaro presumió que todo va bien en la materia, a pesar de la violencia desatada en la entidad.

Sobre la violencia generada por el crimen organizado, en especial las balaceras que se presentaron el mes pasado dentro de la zona metropolitana, el mandatario dijo que es un delito que debe combatir el gobierno federal.

Este miércoles se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas; con ese motivo, la organización Forbidden Stories lanzó una nueva campaña en video para explicar su misión y recaudar fondos.

El propósito es continuar y publicar investigaciones de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados; dar resonancia mundial a estas "historias prohibidas"; defender el acceso a la información independiente e ir más allás mediante la red SafeBox Network, con el fin de disuadir a quienes atacan a los periodistas.

Tras los bloqueos carreteros y la quema de 10 vehículos por parte de presuntos normalistas que demandan la liberación de tres de sus compañeros detenidos tres días antes, el gobierno estatal desplegó un operativo policiaco en la Región Purépecha, particularmente en las localidades de Chilchota, Purépero, Carapan, Cheranástico, Caltzontzin y San Juan Tumbio.

De acuerdo con la versión oficial, los tres normalistas —dos hombres y una mujer— que actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Uruapan, fueron aprehendidos el viernes pasado en flagrancia cuando incendiaban un vehículo en demanda de la asignación automática de plazas docentes para egresados de normales indígenas.