Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), nuevamente busca ganar más tiempo para conseguir un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Su estrategia otra vez es apuntar contra el expresidente Enrique Peña Nieto y diversos altos exfuncionarios del sexenio anterior, a quienes busca llevar a juicio como parte de su defensa legal.

Así lo expuso este lunes el abogado Miguel Ontiveros, defensor de Lozoya, quien en un encuentro con medios, al salir del Reclusorio Norte, arremetió contra “quienes quieren ver a Emilio Lozoya Austin en prisión, hundido y sentenciado”.

Estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo advirtieron que mantendrán movilizaciones y toma del plantel escolar hasta lograr el cambio de los directivos de esa institución que, aseguraron, tienen el respaldo del gobierno de Miguel Barbosa Huerta.  

Luego de casi dos meses de protesta, las estudiantes dijeron que además tienen un pliego petitorio que el gobierno estatal firmó en 2019 que hasta la fecha no ha sido cubierto en su totalidad.

El exalcalde regio priista y exprocurador estatal, Adrián de la Garza Santos, fue incluido por los diputados locales dentro de la lista de cuatro finalistas para ocupar el puesto de Fiscal General del Estado, pese al rechazo que públicamente le externó el gobernador Samuel García.

Junto a De la Garza quedaron en la lista votada hoy en el Congreso local el actual encargado del despacho de la Fiscalía, Pedro Arce; el exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones, Guadalupe Saldaña; y el exsecretario del Ayuntamiento, cuando Adrián era alcalde, Genaro García de la Garza.

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) alertó que militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Superior de Ayotzinapa están detrás de la campaña en contra el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj).

La Fiscalía de Morelos negó dar información sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda López e informó que entregará la carpeta de investigación hasta el 13 de noviembre, denunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, detalló una serie de irregularidades en la investigación de la Fiscalía de Morelos en el caso de la joven, quien fue hallada muerta la tarde del miércoles 2 de noviembre a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

Un grupo de hombres armados incendiaron una clínica de salud privada donde, de acuerdo con información de la Sedena, se atendían personas ligadas al Cártel Santa Rosa de Lima, liderado por “El Marro”.

De acuerdo con Reforma, los hombres llegaron al inmueble, identificado como Clínica San Fermín, realizaron disparos en el lugar y esparcieron líquido inflamable.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya ejecutó la orden de aprehensión que tenía contra Rautel “N” por su presunta relación con el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz la semana pasada.

En tanto, la fiscal, Ernestina Godoy, reveló que Rautel “N”, es un empresario que tiene negocios en Morelos y Acapulco, Guerrero, lo que podría dar una pista sobre la relación o nexo que éste tendría con el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, según lo denunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Hace cinco años, la joven Guadalupe Pamela Gallardo Volante, de 23 años, fue a un concierto en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, y ya no volvió a su casa; está desaparecida y las autoridades son omisas.

Este lunes, su madre, María del Carmen Volante, denunció que la investigación en la Fiscalía General de General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) “está parada” y que Martí Batres, secretario de Gobierno, “han fallado” en cumplir su compromiso de buscarla. Acusó a ambas instituciones de omisión.

Las personas que fueron inhumadas de manera clandestina en la colonia Santa Fe, de Irapuato, habrían sido asesinadas hace menos de un mes. Por las características de los restos encontrados -53 bolsas de plástico negras-, integrantes del colectivo Hasta Encontrarte estiman que los cuerpos no tenían mucho tiempo enterrados.

“Murió por infarto, no hay feminicidio” dijo la Fiscalía de Morelos sobre la muerte de Alondra, de 16 años, a inicios de 2022. Meses después la misma institución dijo que Ariadna López “murió por broncoaspiración”, en un caso que ha provocado indignación por el manejo de las investigaciones sobre feminicidios.

El estado de Morelos tiene alerta de género en ocho municipios, desde 2015. Cifras oficiales, de la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones civiles coinciden en que apenas la mitad de las muertes de mujeres se clasifica como feminicidios; una treintena en lo que va del año.

Por pagos a trabajadores no localizados o que no contaban con la preparación académica para desempeñar los puestos; por posibles servicios simulados, y por no acreditar el motivo por el que recursos fueron dispersados a cuentas no relacionadas con el programa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reclama a tres instituciones de educación superior en Hidalgo la comprobación o reintegro de 19 millones 361 mil 269 pesos que recibieron de los “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” el año anterior.

El 96% de este monto, que asciende a 18 millones 680 mil 722.99 pesos, debe ser justificado por la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP).

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) condenó el asesinato de la madre buscadora María Carmela Vázquez, perpetrado por sujetos armados el pasado 6 de noviembre en Abasolo, Guanajuato.

Vázquez buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, desaparecido el 14 de junio de 2022. Durante el proceso de búsqueda, su hija, Lesly Zúñiga Vázquez, también fue asesinada en Celaya, informó el Movimiento.

Se trata de un lote de 4 mil 830 metros cuadrados propiedad de Inmobiliaria Trepi, SA, adquirido por una aportación de inmuebles a la sociedad desde 1968. Colinda con el helipuerto de Las Lomas, tiene vista a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y queda a dos cuadras de Paseo de la Reforma.

De acuerdo con un informe interno de la Sedena, realizado en agosto pasado y que forma parte de los miles de documentos hackeados por el colectivo Guacamaya, actualmente la dependencia castrense mantiene abiertos 125 litigios en los que se le reclama el pago total de mil 396 millones 813 mil 783.29 pesos.

Genaro García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, colaboró con el Cártel de Sinaloa durante casi 20 años, incluso después de que fue detenido en Dallas, Texas, Estados Unidos, el 10 de diciembre de 2019.

Así lo afirmó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en una carta enviada a la Corte para que avance el caso judicial contra el ex funcionario federal mexicano. Sin embargo, los abogados de García Luna han asegurado que la acusación contra su cliente es frágil, porque abandonó la vida pública al concluir el Gobierno de Calderón Hinojosa, el 30 de noviembre de 2021, y han pedido que se desechen los cargos en su contra, bajo el argumento de que ya han prescrito.