Del 14 al 16 de noviembre, cuatro niñas fueron reportadas como desaparecidas en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Fichas de búsqueda se difundieron con los nombres de Carolina Díaz, Julie Román, Elizabeth Jiménez y América Narváez.

Carolina Diaz, de 3 años, fue vista por última vez en la colonia Olivar del Conde en la alcaldía Álvaro Obregón el lunes 14 de noviembre. Las características compartidas por la Fiscalía son: tez clara, ojos color miel de gran tamaño y cabello castaño quebrado. Además, Carolina tiene una cicatriz quirúrgica en el cuello.

La defensa legal de Emilio Lozoya emitió un comunicado en el que niega responsabilidades como coordinador de finanzas de la campaña presidencial de 2012, que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto.

El abogado Miguel Ontiveros apunta que Luis Videgaray fue “de principio a fin”, el coordinador general de la campaña.

En su comunicado, dice que Emilio Lozoya presentó denuncia (buscando un criterio de oportunidad) en la que señalan “las distintas operaciones de financiamiento ilícito implementadas por el entonces candidato a la Presidencia de la República y el Coordinador General de la campaña presidencial”.

Sara Martínez, una amiga de Ariadna Fernanda López, localizada sin vida en la carretera México-Cuernavaca, compartió que teme por su seguridad, luego de que acudiera a brindar su testimonio a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) sobre el feminicidio de la joven.

Por medio de un video compartido en la red social TikTok la joven señaló que fue amenazada, junto a otra de sus amigas, por funcionarios de dicha Fiscalía, quienes las trataron como principales sospechosas del asesinato y las amenazaron con detenerlas, a pesar de que ellas solo querían ayudar con la investigación.

La comunidad de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca, logró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) retirara la concesión a la  refresquera y embotelladora Gugar, la cual dejará Oaxaca en cuatro años.

De acuerdo con Flavio Sosa Villavicencio, asesor de la comunidad, la refresquera firmó un acuerdo con los habitantes con el que se da por concluido el conflicto de tierras y la explotación de agua entre ambas partes.

Un grupo de senadores de Morena, entre ellos Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa que “simula” legislar la prohibición gradual del herbicida glifosato y uso de plaguicidas altamente tóxicos, la cual se adelantó a la que pronto presentaría la Comisión de Salud para mitigar los daños a la salud humana y de los suelos que implican estas sustancias para cultivos, alertaron desde la academia y organizaciones sociales, que observan un claro cabildeo por parte de la agroindustria.

El asesinato de cuatro trabajadores de una taquería en el municipio de Salamanca, ocurrido la madrugada de este miércoles, es tan solo uno de los más recientes hechos de violencia en Guanajuato, estado que en lo que va de noviembre ya acumula el 11% de todos los homicidios dolosos registrados en México.

Del 1 al 16 de noviembre, Guanajuato contabilizó 124 crímenes de este tipo mientras que en todo el país fueron mil 107, de acuerdo con los reportes diarios que elabora el grupo interinstitucional del gobierno federal, conformado por las secretarías de Seguridad (SSPC), de la Defensa (Sedena) y de Marina (Semar), así como por la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante el incremento de casos de familiares asesinados en la búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones señalan la deficiencia en la investigación de estos, así como la carencia, por parte de gobiernos estatales y locales, de mecanismos de protección.

Tan solo en Guanajuato, entre octubre de 2020 y octubre de 2022, la Plataforma por la Paz ha documentado cinco casos de madres o familiares de personas desaparecidas asesinadas en la entidad. Aunque la agrupación presume que el motivo estuvo vinculado a sus actividades de búsqueda, las autoridades han fallado incluso en llevar a cabo una investigación formal que lo corrobore, apunta Raymundo Sandoval.

En “ningún momento” la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, “eludió ni pretendía eludir” su comparecencia ante el Senado de la República, afirmó el órgano autónomo sobre su titular.

En un comunicado de prensa, la CNDH aseguró que se encuentran a la espera de que la Mesa Directiva del Senado señale fecha, hora y formato en que Piedra Ibarra deberá acudir al Pleno.

Testimonios recogidos en Aguascalientes afirman que, antes de desplomarse, el helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad, Porfirio Sánchez Mendoza, fue atacado con armas largas por sujetos que se transportaban en motocicletas.

De acuerdo con testigos que dieron sus declaraciones a El Heraldo de México, el presunto ataque al helicóptero comenzó en la comunidad de San Antonio de los Horcones, donde sujetos que se trasladaban en hasta siete motocicletas empezaron a perseguir a la aeronave y a dispararle desde tierra.

Marcos “C”, presunto responsable de la desaparición de una niña de 12 años en Quintana Roo, fue detenido en San Cristóbal de las Casas en Chiapas.

Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad, informó que la detención se llevó a cabo el pasado 11 de noviembre por elementos de la Fiscalía de Quintana Roo en colaboración con autoridades de Chiapas.

Un grupo de autodefensa de Tlacotepec se encargará de las tareas de seguridad del municipio de Apaxtla de Castrejón, Guerrero; y desplazará al Ejército y la Guardia Nacional, las dos instituciones del gobierno que de manera técnica brindan seguridad en el país.

Cerca de 800 autodefensas de la Sierra tienen ocupada la localidad, ubicada en la zona Norte del estado, desde el domingo 13 de noviembre.

Una magistrada federal ratificó la decisión de no vincular a proceso a los tres abogados y un asesor financiero que fueron denunciados por Juan Ramón Collado por supuestamente intentar extorsionarlo y a quienes relacionó con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

La magistrada Graciela Rocío Santes Magaña, titular del Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito, desestimó la apelación presentada por Collado Mocel, actualmente preso y vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, contra la resolución del 18 de mayo pasado dictada por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

La sociedad offshore Sweet Land Ltd, que el hijo y la entonces nuera del exprocurador Jesús Murillo Karam constituyeron en Panamá en 2014 con el propósito de invertir un millón de dólares en el sector inmobiliario, fue utilizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para justificar la investigación y la denuncia contra el político hidalguense, actualmente encarcelado por acusaciones de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.

En un comunicado emitido ayer, la UIF afirmó que el nombre de Murillo Karam salió en un “análisis de riesgos” sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP) de México con operaciones offshore que revelaron Proceso, El País y Quinto Elemento Lab en el marco de la investigación internacional Pandora Papers, lo cual detonó una indagación sobre sus operaciones financieras.