La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó violaciones graves a los derechos humanos por detención arbitraria, ataque sexual y a la integridad personal por actos de tortura en agravio de dos personas, en actos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en marzo de 2022.

En la investigación también se incluye a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que se negó a abrir la carpeta de investigación y solo cambió de opinión cuando el caso se denunció en medios de comunicación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante 2021, como su operación con manuales desactualizados, la suscripción de convenios que no se apegaron a los modelos establecidos por autoridades federales, así como la falta de documentos para justificar los criterios de evaluación en la contratación de servicios. Sin embargo, la Red Nacional de Refugios (RNR) alertó que las observaciones difícilmente serán subsanadas con rapidez, pues se suman a que este año se han enfrentado a retrasos en la entrega de recursos y poca transparencia desde el Gobierno.

“Antes sólo quería que me dejaran en paz. Como no sucedió así, ahora quiero justicia”. Así describe Georgina Argüello Michel su proceso después de haber presentado una denuncia por hostigamiento sexual y acoso laboral en contra del Secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) de Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz, uno de dos casos de posible encubrimiento de acoso laboral en instituciones gubernamentales en tierras tapatías.

Tanto a Argüello Michel como a Mara Guzmán –quien denunció por delitos contra la dignidad humana al exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Krystian Felipe Luis Navarro– se les archivaron carpetas de investigación y quejas en contra de los servidores públicos, por lo que han acusado una complicidad del Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez con los presuntos agresores.

En la administración del panista Martín Orozco Sandoval (2016-2022), el Gobierno de Aguascalientes presentó irregularidades millonarias provenientes de recursos federales, según detectó en su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF), siendo nueve instituciones gubernamentales las responsables del 34 por ciento del monto que presentó anomalías.

La Guardia Nacional ha sido objeto de un total de mil 254 denuncias por violaciones de los Derechos Humanos desde que comenzó a funcionar, en julio de 2019, en lo que supone uno de los proyectos estrella del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El organismo fue señalado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias, incumplir las formalidades en registros, emplear arbitrariamente la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida, de acuerdo con el diario El Universal.

Más de mil tepehuanos con machetes, armas de fuego y el argumento de un supuesto respaldo presidencial, invadieron predios de particulares y ejidos. Irrumpieron en cinco comunidades serranas de Valparaíso, municipio colindante con Durango, con la pretensión de “recuperar” 35 mil hectáreas de suelo zacatecano que reclaman como parte de su territorio ancestral.

Los ejidatarios y habitantes de las comunidades invadidas aseguran estar dispuestos a todo para defender su territorio y evitar lo que consideran “otro despojo”, semejante al de hace una década, cuando el grupo indígena se apropió del territorio de Bernalejo de la Sierra en este municipio zacatecano.

En el video aparece un helicóptero que en segundos cae casi de espaldas, de manera estrepitosa, como si hubiera dejado de funcionar en el aire. En el lugar no quedó nada, la aeronave quedó completamente destrozada.

El Gobierno de Aguascalientes ha reconocido al piloto, quien heroicamente habría maniobrado para no caer en un hospital cercano, y existen versiones –no corroboradas– de posibles disparos a una hélice… pero para el fiscal de Aguascalientes, una parvada de pájaros pudo haber causado el desplome en el que falleció el encargado de la seguridad en el estado y otros cuatro hombres.

De acuerdo con un reporte preliminar de la Agencia Estatal de Investigación, este viernes 18 de noviembre fueron localizados cinco cadáveres con lesiones de arma de fuego en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, en la delegación Playas de Tijuana.

Conforme a información proporcionada a ZETA los cuerpos se encontraban en un establecimiento en el que había “maquinitas de juego”.

En las últimas 24 horas se han registrado 10 homicidios en distintos puntos de Tijuana. En lo que va de noviembre suman 116 asesinatos violentos; o sea 1 mil 788 víctimas de la violencia en la ciudad en lo que va de 2022, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

A demás del multiohomicidio la tarde del viernes 18 de noviembre donde hubo 5 personas que perdieron la vida; también hubo otros hechos violentos como lo sucedido alrededor de las 10:40 horas en la calle Bondojito, de la delegación Cerro Colorado, al interior de la panadería Azteca.

Martha Elena, migrante de origen michoacano, llegó a Tijuana desde hace un mes junto a sus 4 hijos y su yerno huyendo de las amenazas del crimen organizado en su estado, por lo que deseaban conseguir el asilo en Estados Unidos; sin embargo, el panorama fue muy diferente, pues desde que llegaron permanecieron en la calle ante la falta de espacio en los albergues de la ciudad.

“Ya no hay espacio en los albergues, por eso nos quedamos en la banqueta, pero un día llegó la policía y nos dijo que nos quitamos porque a veces llegaba gente y baleaba a los que veía durmiendo en la calle, además nos amenazaron con quitarnos a los niños y llevarlos al DIF”, mencionó Elena.

Un juez de control retiró el arraigo a Jaime Rodríguez Calderón, el político nuevoleonés apodado “El Bronco”, quien enfrenta una acusación por abuso de autoridad y que, en adelante, sólo tendrá que acudir a firmar una vez por semana en un juzgado.

Durante su ejercicio como gobernador de Nuevo León, requisó la Ecovía por lo que una vez terminada su administración y detenido por otras acusaciones relacionadas con delitos electorales, se le inició proceso por abuso de autoridad.

Un juzgado mexicano ha rechazado el recurso de amparo presentado por los abogados del exjefe de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, huido a Israel y acusado por delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal ha argumentado que las dos órdenes de aprehensión que se han dictado en su contra son por delitos graves como desaparición forzada y coacción de servidores públicos.

El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, señaló que ya se investigan los protocolos que sigue el DIF municipal, luego de que se remitiera a un centro de rehabilitación a una mujer de Celaya extraviada, que no tenía antecedentes de consumo o adicción a las drogas.

El caso fue denunciado por el colectivo Buscadoras Guanajuato, quienes señalaron que tras ser internada, Mariana Hernández, de 35 años de edad fue extraída del anexo Luz de Vida a los cuatro días, por agentes de la policía municipal sin previo aviso o notificación. Incluso la Comisión Estatal de Búsqueda no la encontró cuando la llevó a su domicilio en Celaya.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó la localización con vida de las jóvenes Julie y América, reportadas como desaparecidas en la Alcaldía Álvaro Obregón.

El hallazgo de Julie, de 15 años de edad, se realizó este viernes en las inmediaciones del Metro Tacubaya, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Por el otro lado, América, de 16 años, fue encontrada esta tarde en las inmediaciones de la avenida México, ubicada en la colonia Desarrollo Urbano El Pirú.

El Gobierno de Estados Unidos logró que un juzgado mexicano accediera a confiscar varias propiedades de Rafael Caro Quintero a favor del Departamento de Justicia por haber sido obtenidas con ganancias de la venta de drogas; todo como parte de una acción de extinción de dominio.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, el llamado “Capo de capos” utilizó las ganancias obtenidas por el transporte y venta de mariguana, metanfetamina y cocaína entre enero de 1980 y marzo de 2015 para comprar propiedades en Jalisco, principalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan. El capo puso después esos bienes a nombre de miembros de su familia a fin de evitar que le fueran incautadas por el Gobierno de México.