Grisell Pérez Rivera, abogada y defensora de los derechos de las mujeres, fue localizada muerta en Hidalgo, tras ser reportada como desaparecida desde marzo de 2021, dio a conocer su familia de manera pública.

Ella trabajó en la defensa y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, feminicidios, desapariciones y trata de personas.

Fátima Quintana estaba en el cuadro de honor, era lectora de las sagas de Harry Potter y Narnia y ganó un concurso de declamación de poesía. A su corta edad, su gusto por la literatura la llevó a ser la encargada de la biblioteca de su escuela. 

Karen Alvarado Mosso tenía la ilusión de que ya iba a entrar a la universidad para estudiar Derecho, porque quería proteger a las mujeres. Su sueño era conocer París, Francia, y llevar a su madre con ella. Su hermano Erik estaba por pasar a la secundaria. Le emocionaba seguir los mismos pasos que su hermana: decía que quería estudiar Robótica y ser un inventor. 

“¡La violencia deja marcas, no verla deja feminicidios!”, decía uno de los cientos de carteles que llevaron -según el gobierno de la Ciudad de México- unas tres mil mujeres a la marcha para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La mayoría marchó de manera pacífica; solo un pequeño grupo de encapuchadas, identificadas como Bloque Negro, lanzó cuetes, rompió vidrios de la fachada del Edificio de Gobierno y se enfrascó entre empujones con elementos del agrupamiento Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El saldo: 18 personas lesionadas, 11 civiles y 7 policías. Las uniformadas les decomisaron martillos, botellas de vidrio y gasolina.

El alcalde del municipio rural de Pisaflores, Hidalgo, Luis Francisco González Garay, se encuentra prófugo de la justicia, con orden de aprehensión por los posibles delitos de uso ilícito de atribuciones agravado y peculado agravado por 30 millones 960 mil 890 pesos.

El edil, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es uno de 13 a los que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) responsabiliza por, presuntamente, ser parte de una red de corrupción que malversó 522 millones 824 mil 955 pesos mediante transferencias a empresas fantasma y servicios simulados durante el gobierno de Omar Fayad Meneses.

Matar a una mujer puede llevar al responsable a prisión perpetua en Argentina o a cumplir una condena de hasta 60 años en México. En Guatemala implica hasta 50 años de cárcel, 41 en Colombia, 40 en Honduras y no menos de 12 en cualquiera de los 17 países de América Latina que han tipificado el delito de feminicidio. Pero aún con castigos tan altos, en el subcontinente están 14 de los 25 países más violentos para las mujeres.

Ha pasado casi una década desde que la región comenzó a tomarse el tema en serio, al menos desde la legislación. Sin embargo, "la realidad es una sola: nos siguen matando", denunció Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio de Feminicidios de Argentina y presidenta de la organización civil La Casa del Encuentro, la más relevante en la protección de las mujeres.

A poco más de un mes de concluir el año, los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos continúan sufriendo los estragos del semestre que tuvieron que operar sin el presupuesto gubernamental asignado para este programa: dos de ellos incluso están demandados por el personal que tuvo que trabajar sin sueldo y la mayoría mantiene deudas con bancos por los préstamos solicitados para evitar cerrar.

Legisladores y alcaldes de Morena se tomaron en serio la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para acudir a la marcha de este 27 de noviembre, e incluso están ofreciendo recursos y movilización para ir a la Ciudad de México. 

Luego de que dirigentes estatales del partido del presidente anunciaron movilizaciones desde entidades como Baja California, Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Sonora o Aguascalientes, diputados y senadores ya anunciaron su aportación. 

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) Raymundo Ramos Vázquez denunció que los cuerpos de dos mujeres que fueron “masacradas” por elementos del Ejército Mexicano desplegados en esta ciudad fronteriza, están a punto de ser enviados a la fosa común, al no ser identificados aún.

Al describir las características de las mujeres, el defensor resaltó que sus muertes fueron producto de una persecución y enfrenamiento entre miembros del Ejército mexicano y presuntos integrantes de la delincuencia organizada el 31 de octubre pasado, registrándose al menos diez fallecimientos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) contra agravios cometidos por la propia CNDH, que preside Rosario Piedra Ibarra.

De acuerdo a los estrados electrónicos del PJF, el 10 de noviembre pasado la CNDH interpuso un amparo indirecto por “actos fuera de juicio” en contra de la “emisión de convocatoria de Consejo Consultivo”, amparo que fue admitido un día después por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Francisco Jiménez Reynoso y Anuar García, integrantes del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y de la organización SOS Capítulo Jalisco, respectivamente, reprochan la falta de investigación y depuración que debió realizar Alfaro.

Primos y amigos de los hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido colocados en cargos clave del Gobierno Federal, según lo reveló un reportaje, publicado el 25 de noviembre de 2022, por la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La ONG indicó que el 1 de marzo de 2022, un primo hermano de los hijos mayores del mandatario nacional, de nombre Rodrigo Beltrán Campero Calderón, fue ascendido a director de área en la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Es una vergüenza que Alejandro Murat se llegara a postular como candidato a la presidencia. Este es el modelo que prometió, este es el modelo Oaxaca, son 715 mujeres asesinadas y casi 2 mil desaparecidas, eso es una vergüenza”, afirmó Soledad Jarquín Édgar, periodista y defensora oaxaqueña, durante la marcha que se realizó en la capital oaxaqueña, en el marco del Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres.

Soledad Jarquín es una víctima indirecta de la violencia feminicida en Oaxaca, ya que en 2018 su hija, María del Sol Cruz Jarquín, fue asesinada; el caso sigue impune.

El gobierno federal mexicano destinó más dinero para los viajes al extranjero de militares que para los refugios de mujeres víctimas de violencia, reveló el informe “Dinero para reducir la violencia hay, pero ¿en qué lo invierte el Estado?” de la organización Intersecta.

“Los recursos que ejercen las fuerzas armadas y el personal con el que cuentan son mucho mayores que en las instituciones para atender a las mujeres, la desigualdad y a las víctimas de este país”, señala el documento.

En diversas zonas de Baja California, los gobiernos entregaron territorios a los cabecillas de los cárteles de Sinaloa y Jalisco; criminales cobran “impuestos” a través de extorsiones, “expropian” ranchos, casas, restringen caminos de uso público, controlan rutas por medio de asesinatos y matan a sangre fría.

Como si fueran policías o soldados, los criminales circulan armados, a plena luz del día como en la canalización del rio Tijuana o en las rancherías de los siete municipios. A veces a pie, pero mayormente en camionetas, en parejas, aunque usualmente en grupos de cuatro o más, cobran piso, extorsiona, ponen retenes.