Noviembre de 2022 cerró este miércoles con un total de 2 mil 071 homicidios dolosos, de acuerdo con los informes diarios que elabora el gobierno federal. La cifra representa una disminución de 7.6% respecto del mismo mes de 2021.

El promedio diario de asesinatos de noviembre de 2022 terminó en 69.0. Se trata de la tercera estadística más baja en el año, únicamente superada por la que hubo en enero (66.5) e igual a la de febrero (69.0).

En 2019, cuando Aurelia García Cruceño tenía 20 años, fue agredida de manera sexual por un hombre de su pueblo, Xochicalco, ubicado en la zona nahua del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, y quedó embarazada. Su agresor era la autoridad comunitaria de su pueblo, a quien, por muchas razones, le era difícil señalar.

Primero, por miedo a represalias en su contra y, después, por temor a que sus familiares no entendieran la situación. En su comunidad es mal visto que una mujer tenga vida sexual o se embarace antes del matrimonio.

Cada 14 horas es agredida la prensa en México. La libertad de expresión está bajo asedio: "el discurso estigmatizante desde el poder", genera condiciones que perpetúan la violencia contra los periodistas, denunció Artículo 19.

De enero a octubre de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo ante los jueces 34 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio –nueve más que en 2021 y 28 más que en 2020–, logrando penas ejemplares que superan los 67 años de prisión.

Con la creación de la nueva Fiscalía contra Feminicidio, la FGE dijo que realiza acciones que permiten documentar y sistematizar las investigaciones en casos de muertes violentas de mujeres, con apego al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación de los Delitos en Materia de Feminicidio.

Relatores especiales de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre derechos de los pueblos indígenas, solicitaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, “información detallada” sobre el avance de las investigaciones en torno al asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, caso que se mantiene en la impunidad y reducido a la actuación de autoridades del estado de Chihuahua.

A través de un documento entregado en la Misión Permanente de México ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, fechado el 22 de julio de este año, dado a conocer este jueves, luego de transcurridos los 60 días de plazo que se dio para la respuesta del Estado, los relatores retomaron información sobre el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, ocurrido el 20 de junio de 2022, atribuido a un grupo armado en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

Autoridades de Salud informaron que un hongo detectado en el procedimiento de inyección de anestesia provocó el brote de meningitis que ha matado ya a 18 personas en hospitales de Durango.

Autoridades estatales y de salud federal señalaron que se trata del hongo fusarium solani, sin embargo aún está por deslindar si la contaminación ya estaba en el medicamento, en su almacenamiento o durante la aplicación a las pacientes.

Durante una audiencia virtual, presidida, el 30 de noviembre de 2022, por el juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, la defensa de Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, pidió a la Fiscalía neoyorquina, entregar a tiempo la lista de los que declararán en el juicio y exigió, además, la entrega del material probatorio relacionado con los mismos cooperantes.

Ante ello, el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a entregar, el 9 de diciembre de 2022, la primera lista de los participantes que testificarán en el proceso contra el funcionario federal mexicano, que iniciará el 17 de enero de 2023, aunque los fiscales dijeron que se guardarán algunos nombres que requieren “mayor confidencialidad”.

Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgadas el jueves 24 por el secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs, México cerrará este año con una pobreza de alrededor de 35.4%, porcentaje similar al que dejó en 2018 Enrique Peña Nieto en su último año de gobierno.

En ambos municipios, los alcaldes electos en 2021 no están en funciones: en el primer caso, Gilberto Mejía Salgado, por desaparición antes de entrar en funciones; en el segundo, César Arturo Valencia Caballero, por homicidio, cuando ya ejercía el cargo.

Familiares de los 63 mineros sepultados en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, denunciaron que fueron vandalizados con fuego los cascos de la jaula en el antimonumento 65+, ubicado frente a la Bolsa de Valores en avenida Reforma.

“Con profunda indignación les informamos que los cascos mineros que colocamos en nuestro Antimonumento fueron objeto de un acto de violencia al pretender prenderles fuego”, señalaron los familiares de Pasta de Conchos en sus redes sociales, donde publicaron un video en el que se observa los cascos derretidos.

Pobladores de Ixtacamaxtitlán, Puebla, acusaron que la minera canadiense Almaden Minerals «se aprovecha de las carencias del pueblo trabajador» para dividir a las comunidades y generar confrontación, a través de métodos de cooptación como la repartición de dádivas monetarias, bultos de fertilizante y «flamantes paquetes tecnológicos».

Los elementos de la Policía Municipal  de León que han sido agredidos a balazos por delincuentes armados no solo lo han sufrido en horario laboral sino también en sus días francos. 

Hombres y mujeres por igual se encuentran en los registros de lesiones y homicidios de los que han sido blanco en diversas situaciones durante los últimos meses. 

El “Plan B” propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de no conseguir los votos necesarios para la aprobación de la Reforma Electoral contempla un recorte de casi tres mil millones de pesos al presupuesto operativo del Instituto Nacional Electoral (INE), declaró el día de hoy Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó tres meses más para concluir la investigación contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

El Juez Marco Antonio Fuerte Tapia, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, tenía programada una audiencia este miércoles para revisar la solicitud de la FGR para ampliar el plazo de investigación complementaria, pero fue aplazada porque el exprocurador no se conectó por videoconferencia.