Colectivos feministas se organizan para presentar un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en cuatro entidades de la república mexicana: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Baja California Sur, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garanticen a todas las mujeres que así lo soliciten el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.

Los colectivos Di Ramona y AbortistasMx, que encabezan este proyecto, señalaron que en varios estados del territorio nacional el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo se ha convertido en una problemática, ya que, pese a que es un derecho legal, el Código Penal y la Ley General de Salud no han sido actualizados en esta materia, por lo que el aborto ahí se sigue considerando un delito, y, en consecuencia, algunas instituciones de salud, particularmente las públicas, se niegan a realizarlo.

El Observatorio de Designaciones Públicas denunció hoy la aprobación del Senado de la República al perfil de Rafael Luna Alviso para ocupar el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues el hombre obtuvo la segunda peor calificación del proceso de selección.

En un comunicado, el colectivo deploró que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, presidida por Ricardo Monreal Ávila, ignoró el ejercicio de evaluación realizado por comisiones legislativas y un órgano ciudadano externo, y prefirió designar a un hombre cercano a él, en línea con las “prácticas discrecionales, cupulares y de intercambio de cuotas”.

Habitantes de Santiago Xiacuí que mantenían bloqueadas las entradas al Palacio de Gobierno de Oaxaca en demanda de la destitución del comisionado Waldo Ramírez, a quien acusan de corrupción, fueron desalojados con violencia por elementos de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes usaron gases lacrimógenos, dejando un saldo de decenas de intoxicados y heridos por golpes.

En las grabaciones que circularon en redes del desalojo, que se llevó a cabo el pasado 1 de marzo, se observan a los policías persiguiendo a las mujeres manifestantes, a unas las tomaban de los brazos para retirarlas de la entrada del Palacio de Gobierno y subirlas a las unidades de policía.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México que sancionaba la entrega, intercambio, difusión, distribución, envío, reproducción y comercialización por cualquier tipo de medio, de las imágenes, videos, audios y documentos relacionados con carpetas de investigación y exhibición de cadáveres, por considerar que dicha norma carecía de precisión y daba lugar a una actuación discrecional de las autoridades

Conocido como “Ley Ingrid” en honor a Ingrid Escamilla, una víctima de feminicidio que fue revictimizada por autoridades capitalinas que filtraron las imágenes de su cuerpo a redes sociales y medios de comunicación, el citado artículo fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte por violar los principios de seguridad jurídica y taxatividad, es decir, por la falta de precisión para definir la conducta que se quería castigar.

Los cuatro militares procesados en el fuero militar por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron ingresados la madrugada del 3 de marzo de 2023, a la prisión del Campo Militar 1-A ‘Gral Div. Á. Obregón’, ubicada junto a la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Fuentes castrenses, citadas por el diario El Universal, informaron que los dos cabos y dos soldados, acusados de desobediencia por la Fiscalía de Justicia Militar, arribaron vía aérea a las instalaciones del Campo Militar 1-A ‘Gral Div. Á. Obregón’, procedentes de Tamaulipas.

Dos balaceras se registraron este viernes en Matamoros, Tamaulipas, dejando como saldo heridos y muertos, por lo que autoridades de la localidad exhortaron a la población a resguardarse en sus casas.

Con un dilema, México entra de lleno al nearshoring, esto es, la relocalización de fábricas cerca del mercado comprador. Por un lado, se abre a inversiones millonarias del sector automotriz como la de Tesla en Nuevo León durante su transición hacia la electromovilidad. Pero, por el otro, arriesga la disponibilidad y la no contaminación de sus acuíferos sobreexplotados para la fabricación de vehículos con baterías de litio que, en su mayoría, serán exportados hacia Estados Unidos, expusieron analistas consultados.

El peso mexicano siguió este viernes con una racha positiva que ya se ha extendido por varios meses y que ha desafiado todos los pronósticos de los expertos, para romper por la mañana de hoy la barrera de los 18 pesos: el tipo de cambio se ubicó en los 17.98 y 17.99 pesos por dólar entre las 9:30 y las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer un listado de propiedades y bienes inmuebles incautados al círculo cercano de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública declarado culpable en una corte de Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con el informe de las autoridades mexicanas, hasta el momento se han asegurado 19 propiedades, todas ubicadas en Florida, Estados Unidos, y con un valor de mercado estimado en 17,930,402 dólares.

Cinco elementos activos de la policía capitalina fueron detenidos con una orden de aprehensión, imputados por cometer un secuestro exprés en contra de una persona en la colonia Nápoles, alcaldía de Benito Juárez.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que de acuerdo con la carpeta de investigación los hechos ocurrieron el 6 de abril del 2022 en la calle de Cleveland, colonia Nápoles, cuando la víctima transitaba a pie por el lugar.

Una agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue asesinada a balazos la noche del miércoles en la colonia Nuevo Milenio, ubicada en la zona sur de esta capital, informó el gobierno estatal a través de un comunicado.

Con este caso, suman cinco integrantes de corporaciones de seguridad que han sido víctimas de homicidio en los primeros dos meses del presente año, cifra que proporcionalmente casi duplica los niveles de violencia contra este sector, que a lo largo de los 12 meses del año anterior registró un total de 17 elementos caídos.

El Congreso de Puebla aprobó este jueves la llamada “Ley Monzón”, la cual siembra un precedente en el país al ser el primer estado que establece en su legislación que los padres feminicidas perderán en automático la patria potestad, tutela y convivencia con sus hijos.  

Esta reforma se le llama “Ley Monzón” en referencia a la lucha que emprendió la familia de la activista Cecilia Monzón, quien fue mandada asesinar por el padre de su hijo, Javier López Zavala, político priista que fue candidato a gobernador en 2010.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a Estados Unidos en extradición a Ismael Quintero Arellanes “Fierro” y/o “Mayel”, sobrino de Rafael Caro Quintero, líder del extinto cártel de Guadalajara.

De acuerdo con la FGR, el sobrino de Caro Quintero es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York para enjuiciarlo por asociación delictuosa, delitos contra la salud y portación ilegal de armas.

Elementos de la Secretaría de la Marina amenazaron e intimidaron a los ejidatarios y pequeños propietarios de Vixidu, Oaxaca, que forman parte del plantón de mixes que se oponen a los trabajos de ampliación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, como parte de las obras del Corredor Transístmico, denunció la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

De acuerdo con la Unión, cinco patrullas de la Semar se presentaron el pasado 1 de marzo en la zona colindante entre los ejidos de Mogoñé Viejo y El Zarzal, en San Juan Guichicovi, donde decenas de mixes mantienen el plantón por las afectaciones de las obras de ampliación.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió, el 1 de marzo de 2023, a realizar una investigación independiente encabezada por autoridades civiles, por el ataque a manos de militares que dejó un saldo de cinco jóvenes muertos y un herido, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“La repetición de situaciones similares a partir del accionar de las fuerzas militares en Nuevo Laredo durante los últimos años hace más patente la necesidad de llevar a cabo un análisis objetivo y minucioso de las circunstancias en las que se hace uso de la fuerza”, informó en un comunicado, el organismo cuyo titular es Guillermo Fernández-Maldonado Castro.