Un mes antes de que inicie la campaña electoral por la gubernatura del Estado de México, los equipos de las coaliciones que encabezan Delfina Gómez y Alejandra del Moral ya acumulan más de 70 denuncias por presuntos delitos electorales.

Este miércoles, la dirigencia del PRI en el Estado de México informó que presentó 40 denuncias contra la coalición encabezada por la morenista Delfina Gómez, lo cual, según el presidente de ese partido en el Estado de México, pondría en riesgo incluso su registro como candidata.

Juan “V", excandidato a la alcaldía de Ciudad Mendoza por el Partido Encuentro Social (PES), fue detenido en Veracruz como presunto cómplice en el feminicidio de la maestra Verónica Fernández Trujillo, informó el gobernador del estado Cuitláhuac García.

“Los indicios recabados permitirán dar con la responsable material e intelectual, teniéndose como detenido a un presunto cómplice que la podría haber auxiliado en su huida. En este caso como en los otros acontecidos en días recientes, se hará justicia", dijo.

A propuesta del consejero presidente Lorenzo Córdova, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Roberto Heycher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva tras la salida de Edmundo Jacobo, cesado por la publicación del Plan B de la Reforma Electoral.

Además, integrantes de la Junta General Ejecutiva Ampliada del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual desaparece por decreto de Reforma Electoral publicado el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, presentaron a Córdova Vianello, su renuncia con carácter irrevocable, con efectos entre el 31 de marzo y el 3 de abril de 2023.

Una funcionaria no identificada del Banco del Bienestar, sucursal Av. Cuauhtémoc, en la capital de Morelos, intentó quitar su teléfono a la reportera Perla Barrios, cuando ésta la cuestionaba respecto a la falta de atención a personas adultas mayores, quienes pedían que se les pagara su apoyo correspondiente.

Todo comenzó cuando un grupo de adultos mayores exigió a funcionarios del Banco del Bienestar en esa sucursal que les cambiaran sus tarjetas, mismas que han dado muchos problemas a los usuarios para poder cobrar en los cajeros automáticos, de los cuales se ha denunciado que no funcionan correctamente, que son pocos y que además no cuentan con dinero suficiente.

Habitantes de la colonia Infonavit, municipio de Cajeme, Sonora, vivieron momentos de pánico luego de que se registrara un ataque directo, a plena luz del día,  contra dos hombres que viajaban en una camioneta de modelo reciente.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves pasado en las calles Huatachive y Turicuni, en la colonia Infonavit, justo frente a las instalaciones del CBTIS 37 ubicado en la cabecera municipal, Ciudad Obregón.

Adriana Herrera, ex mayor de justicia militar y ex titular de la Unidad de Atención a Víctimas (Univic) en la Guardia Nacional, reveló en entrevista en Aristegui en Vivo que la GN ha suscrito acuerdos reparatorios con víctimas civiles directas e indirectas de actos de violencia cometidos por uniformados, lo que ha permitido que no se reporten esas cifras ni se determine si las indemnizaciones son adecuadas o si se garantiza la no repetición.

La ex funcionaria dijo que cuando ella se negó a continuar con el caso de un joven que perdió un ojo a causa de una agresión militar, fue removida de su cargo, por lo que decidió escribir una carta al titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, donde narraba lo que se vivía en la Unidad.

Cuatro elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fueron vinculados a proceso por su involucramiento en los hechos del domingo 26 de febrero, durante los cuales cinco jóvenes fueron abatidos y otros dos heridos por soldados, informaron El Universal y La Jornada. 

La Fiscalía General de Justicia Militar acusa a los elementos castrenses por el delito de desobediencia. Los señalados eran los encargados de la artillería del vehículo militar que interceptó a la camioneta donde viajaban los jóvenes y contra la cual dispararon los militares, según reportan estos medios.

Esta mañana fue asesinada a balazos otra agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante un ataque en el que resultó herido su hijo, en la zona suroriente de esta ciudad.

Se trata de la segunda mujer policía privada de la vida en menos de 48 horas y de la sexta víctima integrante de alguna corporación de seguridad del estado en lo que va del presente año.

El 18 de febrero pasado fue la última vez que Sofía Gil Galán, de 24 años, conductora de un Uber, fue vista por su familia; su mamá Jessica interpuso una denuncia cinco días después por desaparición y pese a que ella consiguió información, en la Fiscalía ni siquiera han integrado los pocos indicios en la carpeta de investigación.

Para localizar a Sofía, quien tiene una niña de cuatro años, Jessica tuvo que convertirse en policía investigadora para obtener información, la cual entregó a la Fiscalía.

En plena calle, le informaron que muchas de esas viviendas ya fueron entregadas y que ellos no han recibido el pago correspondiente. Lo peor es que, en algunos casos, la Comisión para la Reconstrucción, primero dirigida por el actual senador César Cravioto y ahora por Jabnely Maldonado, les pidió avanzar en las obras con sus propios recursos y ahora, ante la falta de cumplimiento del gobierno, tuvieron que despedir a decenas de empleados y están a punto de la quiebra.

El gobierno federal emitió un nuevo decreto para declarar la ocupación temporal de 10 inmuebles de propiedad privada, que representan 137 mil 622 metros cuadrados, en Quintana Roo para la obra del Tren Maya.

De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los inmuebles se ubican en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo y fueron declarados como de “utilidad pública” porque contribuyen a la viabilidad técnica de la obra.

Los jueces del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza recorrerán las comunidades mayas afectadas por el Tren Maya en la Península de Yucatán para constatar los impactos del megaproyecto en los territorios y organizaciones defensoras del medio ambiente y los pueblos indígenas.

El Tribunal, que comenzará el 9 de marzo, visitará las comunidades Pisté, Xmaben y Tihosuco, y terminará en el Cenote de Valladolid, así como visitará la zona afectada por el tramo 5 del Tren Maya.

Colectivos feministas se organizan para presentar un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en cuatro entidades de la república mexicana: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Baja California Sur, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garanticen a todas las mujeres que así lo soliciten el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.

Los colectivos Di Ramona y AbortistasMx, que encabezan este proyecto, señalaron que en varios estados del territorio nacional el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo se ha convertido en una problemática, ya que, pese a que es un derecho legal, el Código Penal y la Ley General de Salud no han sido actualizados en esta materia, por lo que el aborto ahí se sigue considerando un delito, y, en consecuencia, algunas instituciones de salud, particularmente las públicas, se niegan a realizarlo.

El Observatorio de Designaciones Públicas denunció hoy la aprobación del Senado de la República al perfil de Rafael Luna Alviso para ocupar el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues el hombre obtuvo la segunda peor calificación del proceso de selección.

En un comunicado, el colectivo deploró que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, presidida por Ricardo Monreal Ávila, ignoró el ejercicio de evaluación realizado por comisiones legislativas y un órgano ciudadano externo, y prefirió designar a un hombre cercano a él, en línea con las “prácticas discrecionales, cupulares y de intercambio de cuotas”.

Habitantes de Santiago Xiacuí que mantenían bloqueadas las entradas al Palacio de Gobierno de Oaxaca en demanda de la destitución del comisionado Waldo Ramírez, a quien acusan de corrupción, fueron desalojados con violencia por elementos de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes usaron gases lacrimógenos, dejando un saldo de decenas de intoxicados y heridos por golpes.

En las grabaciones que circularon en redes del desalojo, que se llevó a cabo el pasado 1 de marzo, se observan a los policías persiguiendo a las mujeres manifestantes, a unas las tomaban de los brazos para retirarlas de la entrada del Palacio de Gobierno y subirlas a las unidades de policía.