La falta de comprobación de gastos operativos y de publicidad en páginas de internet y medios impresos, gastos no reportados y el uso de formatos incorrectos en los registros contables son algunas de las irregularidades que detectó la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) en las precampañas del Estado de México y Coahuila.

Por estas irregularidades en sus reportes de ingresos y gastos, el INE prevé imponer multas a los partidos por un monto de 10 millones 433 mil 260 pesos. 

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves —tras ocho horas de discusión— una reforma a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua, que fue propuesta por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que provocó movilizaciones en distintos puntos de la capital previo a su aprobación, debido a que originalmente proponía crear polígonos en los que se promovería el aumento de establecimientos comerciales a través de la facilitación de los trámites administrativos para su apertura.

Ante la inconformidad de colectivos ciudadanos y partidos de oposición, que alertaron de posibles riesgos en el acceso al agua en algunas zonas de la ciudad, la reforma que se aprobó incluyó una reserva de Morena que eliminó la creación de polígonos. Con ello, únicamente se estableció que se faciliten los trámites de permisos para negocios haciéndolos digitales.

La Fiscal de Justicia del Estado confirmó la detención de Juan García Lazalde, jefe de la región número 11 de la Secretaría de Educación del estado.

El funcionario del gobierno del morenista David Monreal fue detenido en el municipio de Sombrerete, sede la región educativa número 11.

Los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hackeados por el colectivo Guacamaya que muestran que el Ejército realizó espionaje con el spyware Pegasus no son apócrifos, y su “autenticidad” está “validada” por diversas “fuentes secundarias”, reviró hoy la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) a la oficina de la Presidencia de la República.

Aparte, R3D sostuvo que la Sedena no tiene facultades legales para intervenir comunicaciones, e insistió en que la dependencia castrense no ha solicitado autorizaciones judiciales para hacerlo, menos en los casos específicos del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez, del periodista Ricardo Raphael y de otro periodista de Animal Político, pues en respuesta a una diligencia oficial, el Consejo de la Judicatura Federal recalcó que no ha tenido ninguna solicitud de intervención de sus teléfonos.

Usar el spyware Pegasus para vigilar a periodistas o defensores equivale a utilizar un arma militar contra civiles y atenta contra la democracia; además, decir que se usa con fines de inteligencia y no de espionaje es un cuento de niños, dijo a Proceso el director y fundador de Forbidden Stories, Laurent Richard, organización que lideró la investigación sobre el espionaje con ese software, trabajo periodístico en el cual este semanario participó.

“Cuando la Sedena o una entidad dice que no es espionaje, sino que es inteligencia, pienso que es un cuento para niños, realmente es un cuento infantil. Esta es una manera para que ellos escondan la verdad y la verdad es que usaron el spyware y nadie los está controlando, y el problema con Pegasus es quién está controlando a quien lo usa y quién está protegiendo a los ciudadanos’’, dijo Richard.

Morena, que se define como un partido de izquierda y defensor de los derechos de las mujeres —incluyendo su derecho a decidir—,  solamente ha usado su fuerza legislativa en ocho congresos estatales para lograr la despenalización del aborto, mientras que en 11 estados no ha aprovechado el peso de sus legisladores y en dos entidades, Puebla e Hidalgo, incluso han obstaculizado esta medida.

En total, en el país aún falta despenalizar el aborto en 21 estados. Esto repercute en que todavía haya un acceso desigual a este procedimiento médico, donde mujeres y personas gestantes tienen más o menos derecho dependiendo del lugar donde viven. 

Comunidades, organizaciones y activistas denunciaron la criminalización y amenazas en contra del defensor Carlos Beas Torres, integrante del equipo de coordinación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), por su participación en la lucha contra el Corredor Transístmico (CT) y la defensa del territorio en Oaxaca.

Las organizaciones precisaron que Beas Torres recibe constantes amenazas y que «presuntos periodistas lo han tratado de criminalizar, señalándolo como responsable de las movilizaciones y vinculando a su organización con el crimen organizado».

El Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) son las principales amenazas “para la salud y las comunidades” en Estados Unidos, aseguró la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En su informe final del Equipo de Revisión de Operaciones Extranjeras, que contiene recomendaciones para mejorar la eficacia y mejorar la integridad de las acciones extranjeras de la agencia, recordó que en septiembre del 2022 creó una unidad dedicada sólo a perseguir y desmantelar los esfuerzos de esas dos organizaciones “transnacionales” para traficar con “fentanilo y metanfetaminas” a Estados Unidos.

A más de cinco años de la desaparición forzada de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, amigos y familiares aún exigen saber la verdad y sobre todo justicia, así como una búsqueda en vida, debido a que denunciaron que la versión oficial de las autoridades de Jalisco sobre su asesinato es otra “verdad histórica”.

Jaime Bonilla estaría a un paso de irse de Morena después de que el Partido del Trabajo (PT) lo nombró como comisionado Político Nacional en el estado de Baja California.

El cuerpo desmembrado de una persona acompañado de un narcomensaje, fue localizado en la colonia Sánchez Taboada, una de las zonas más conflictivas de Tijuana, la madrugada de este viernes 24 de marzo.

De acuerdo a información obtenida por ZETA alrededor de las 03:34 horas, testigos visualizaron que sobre la calle Marco Antonio Bolaños Cacho, dos sujetos vestidos de negro, a bordo de una camioneta negra, dejaron sobre la vía pública dos bolsas de plástico.

Por los más de 30 años de trayectoria periodística y como un ejemplo de valor y responsabilidad social, la co-directora de Semanario Zeta, Adela Navarro Bello, fue condecorada con el Meritus 2022, de Fundación UABC, el cual fue creado para reconocer la labor de los “cimarrones” destacados en los diversos ramos profesionales.

La tarde del 23 de marzo se llevó a cabo la ceremonia oficial, en las instalaciones del Paraninfo Universitario, en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde Navarro Bello y las otras tres personas galardonadas, recibieron la distinción de manos de las personalidades de la máxima casa de estudios y la propia fundación, considerándolos como las persona más destacadas de los más de 200 mil egresados que ha dado la UABC a lo largo de sus 66 años de creación.

Un elemento de policía de la ciudad, fue asesinado a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta al ingresar a trabajar a la Delegación Oriente de Policía.

Los moto-sicarios además hirieron a dos compañeros uniformados que también entraban a la estación de policía a temprana hora.

Pobladores de la sierra de San Miguel Totolapan, en Guerrero, se armaron para defender su territorio ante el avance de la Familia Michoacana (FM) que pretende controlar sus comunidades.

Desde hace dos semanas los habitantes de esa zona colindante con Arcelia se encuentran enfrentándose a la FM que pretende tomar sus pueblos “con ayuda de las autoridades estatales”.

“Ella se presentó con el nombre de Mía, como una periodista de un medio independiente. Me insistía: ‘¿no se acuerda de mí?’. Fue muy amable, muy inteligente… pues es del departamento de inteligencia [de la Sedena]. A mí me hizo confiar en ella. El día de mi cumpleaños, en agosto del año pasado, me llevó un pastel en el plantón que en ese entonces teníamos en Gobernación. Me decía ‘mamá’ porque decía que me quería como a una”.

Así denuncia Laura Kabata, madre de Óscar Kabata, sobreviviente de tortura por parte de militares, el engaño que vivió durante dos años hasta que descubrió que aquella “reportera” en realidad era un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).