El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que conversó con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, sobre el caso de los 39 migrantes que fallecieron en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juarez, y reiteró que se esperara a los resultados de la investigación.

Esto después de que un periodista cuestionara al mandatario este jueves durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, sobre si el funcionario renunciaría al INM.

El juez federal de Estados Unidos, John A. Kronstadt, ordenó la reapertura del caso y la celebración de un nuevo juicio para Raúl López-Álvarez, condenado por el asesinato en 1985 del agente antinarcóticos Enrique “Kiki” Camarena, según documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE este miércoles.

En el último de estos textos, adelantado por el periódico Milenio y fechado el 23 de marzo, Kronstadt detalló irregularidades por parte del Buró Federal de Investigación (FBI) y decidió anular los cuatro cargos que recaían sobre López-Álvarez, que continuará en prisión sin fianza a la espera de un nuevo juicio.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó esta mañana del descarrilamiento de un vagón de los trenes cerca de la estación Indios Verdes, de la Línea 3, en la Ciudad de México, por lo que personal ya trabaja para incorporarlo a los rieles.

Familias de la comunidad hñähñu del municipio de Cadereyta acusaron al Gobierno panista de Querétaro de presunto fraude y peculado, pues aseguran que se habría engañado a los miembros de una cooperativa para que se les entregara el título de cuatro hectáreas de tierras ubicadas en la isla de Tzibanzá, un espacio ecoturístico que es el sustento económico de más de 600 personas.

Donald Trump tiene bajo el brazo un plan de campaña para un segundo mandato en la Casa Blanca, el cual implica de nueva cuenta a México. Un texto publicado en la revista Rolling Stone señala que el magnate republicano ha pedido a sus asesores políticos una variedad de opciones militares para enfrentarse a los cárteles mexicanos, según revelaron dos fuentes familiarizadas con la situación a los periodistas Asawin Suebsaeng y Adam Rawnsley.

Una exfuncionaria del gobierno de Mérida y una empresa impulsan un complejo habitacional construido con irregularidades y que pone en riesgo a uno de los ecosistemas más frágiles de la Península de Yucatán: el poblado de Sisal. Eugenia Correa Arce, quien fuera directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable de Mérida, consiguió —a través de su consultora y mediante información falsa— la aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que permitió echar a andar el proyecto Villas 33. 

El complejo habitacional se construye en el tablaje catastral 4195 de Sisal, municipio de Hunucmá, frente a la playa y a cinco kilómetros del centro de la localidad. 

Seis de las siete bancadas que integran la Cámara de Diputados se preparan para aprobar una reforma constitucional que ponga límites a las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), bajo el argumento de que se ha excedido en sus facultades y ha interferido en la vida interna de los partidos políticos y en determinaciones de las cámaras del Congreso.

La iniciativa es respaldada tanto por el bloque encabezado por Morena —Morena, PT y PVEM— como por el de la alianza opositora Va por México —PAN, PRI y PRD—, que en conjunto suman 473 de las 500 curules de San Lázaro. Únicamente la bancada de MC se quedó fuera del acuerdo.

Como ocurrió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken durante una comparecencia ante el Senado de ese país, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, consideró que en México hay zonas controladas por los cárteles de las drogas.

Igual que en el caso de Blinken, el cuestionamiento a Mayorkas fue hecho por el senador republicano Lindsey Graham, integrante del comité judicial de la Cámara Alta.

La Fiscalía General del Estado informó que apoya con recursos humanos a las autoridades federales para los trabajos post mortem de las personas migrantes fallecidas en el incendio de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez y dio a conocer que coadyuva con la investigación del origen del incendio, que está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

La muerte de 40 migrantes centro y sudamericanos tuvo como antecedente una serie de denuncias de las mismas personas en movilidad que permanecen en Ciudad Juárez por tiempo indefinido, en espera de pasar a Estados Unidos para salvar su vida y retomar sus proyectos.

Cuatro marinos que operaban bajo el mando de la Guardia Nacional de México fueron puestos a disposición de las autoridades por estar presuntamente vinculados con el tráfico de migrantes rusos en el sur del país, informó la Secretaría de Marina.

Según el comunicado, los militares se encontraban escoltando a un vehículo particular con dos personas rusas en Salina Cruz, Oaxaca, un municipio del istmo de Tehuantepec, la zona más estrecha del sur de México y donde las fuerzas de seguridad realizan la mayor cantidad de operativos para evitar que los migrantes avancen hasta Estados Unidos.

La coalición encabezada por el PRI para la gubernatura del Estado de México propone “tutelar la vida desde la concepción”, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional ese planteamiento porque vulnera los derechos de las mujeres. 

En la plataforma electoral presentada ante el Instituto Electoral mexiquense (IEEM) por la coalición Va por el Estado de México, en el capítulo enfocado a Igualdad de Género, Desarrollo Social e Inclusión, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza proponen expedir una ley de maternidad que tutele el derecho a la vida desde su concepción.

El Congreso de Jalisco aprobó una reforma a una ley que no existe desde 2013, lo cual fue vetado por el gobernador Enrique Alfaro, de acuerdo con una investigación de El Diario NTR.

En las observaciones del mandatario al Poder Legislativo se señala que no se puede publicar el decreto porque es una reforma “a una ley abrogada”, lo cual no fue detectado por los diputados y lo aprobaron por unanimidad.

Cuando empezó a salir humo de un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México, la migrante venezolana Viangly Infante Padrón quedó aterrorizada porque sabía que su esposo seguía dentro.

El padre de sus tres hijos había sido detenido ese día por agentes de inmigración, dentro de una reciente operación donde fueron detenidos otros 67 migrantes, muchos de los cuales pedían limosna o lavaban ventanas de autos en semáforos de la ciudad, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas.

La Guardia Nacional  debe revelar el número de armas de fuego aseguradas durante 2022 en Sinaloa, de manera mensual, precisando cuántas fueron largas, cuántas cortas y los calibres, así como la cantidad de granadas o explosivos, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El comisionado Adrián Alcalá Méndez afirmó que a Guardia Nacional, con frecuencia, no atiende los requerimientos de información adicional formulados por el INAI para allegarse de elementos que le permitan analizar y emitir una resolución, omite enviar sus alegatos e, incluso, no asiste a las diligencias a las que se les cita para estudiar la naturaleza de la información requerida por las personas.

Esto pasaba en una ciudad que, junto con su área metropolitana (el municipio vecino de Villa de Álvarez), fue declarada como la más violenta del mundo en 2022, en un listado de 50 urbes que publica el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC.