Los cuatro policías detenidos por el feminicidio de Victoria Salazar, mujer migrante que fue asesinada por la fuerza utilizada por los uniformados al detenerla en Tulum, podrían ser liberados, denunciaron las organizaciones que acompañan el caso.

Este martes, el juez de Control y de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, llevará a cabo una audiencia en la que se revisará la continuidad de la detención de las cuatro personas imputadas, advirtieron la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asylum Access México y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), quienes representan a la familia de Salazar.

Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición hacia los Estados Unidos a Rubén “N”, alias “El Ingeniero”, presunto mando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reclamado por una corte federal del Sur de California por diversos delitos.

El 18 de julio de 2020 fue detenido con fines de extradición para enfrentar en el país vecino, los cargos de asociación delictuosa, delitos contra la salud y lavado de dinero.

La defensa del exprocurador Jesús Murillo Karam informó que su estado de salud es delicado y que la prisión preventiva justificada a la que está sujeto pone en riesgo su vida.

A través de un comunicado, Javier López, abogado de Murillo Karam señaló que los padecimientos del exprocurador -EOC, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral- no han podido ser controlados a pesar de que se le ha brindado atención médica en el reclusorio Norte.

Con el INAI fuera de servicio, el gobierno federal deja el sistema de rendición de cuentas en manos de la propia administración –vía la Secretaría de la Función Pública (SFP)– y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo que ha acumulado un gran rezago en la presentación de denuncias durante la gestión de David Colmenares Páramo.

Ignacio Ovalle Fernández, un político formado en el viejo priismo y exdirector general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), podría estar implicado en el desfalco multimillonario de dicha institución, cuya investigación se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Frente a esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador –el mismo que lo invitó a desempeñarse en Segalmex– aseguró que si resulta involucrado en dicho saqueo, tendrá que asumir la responsabilidad.

Las evidencias confirman que las Fuerzas Armadas siguen usando el software Pegasus para espiar a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el actual sexenio, lo cual no solo significa una violación a derechos humanos sino también una violación a la ley mexicana, advierte la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México (AI), Edith Olivares Ferreto. 

“Por lo tanto, exigimos también que haya transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de este software o cualquier actividad de espionaje que desarrollen las Fuerzas Armadas en México”, dice Olivares Ferreto en entrevista.  

La comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, exigió la libertad para su presidente comunitario Saúl Rosales Meléndez y el Tiaxca Raymundo Cahuantzi Meléndez, presos injustamente desde hace ocho meses por defender el bosque de la tala ilegal.

A pesar de que se entregaron las pruebas y peritajes correspondientes que demuestran su inocencia, ambos defensores se encuentran vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado de una persona y han sido víctimas de irregularidades desde su aprehensión, «pasando por el incumplimiento del debido proceso y el retraso de la audiencia en al menos dos ocasiones», señaló la comunidad.

El proceso de selección de Norma Irene de la Cruz Magaña como Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), quien ya cumplió dos de los nueve años para los que fue electa, estuvo marcado por irregularidades, pues para probar ante el Comité Técnico de Evaluación que residía en México desde hace al menos dos años presentó una credencial de elector con una dirección en la que no vivía, además, no renunció a la nacionalidad británica que adquirió en 2013, ambos requisitos solicitados desde la primera etapa del concurso, de acuerdo con una denuncia y el testimonio de una excolaboradora de la Consejera.

Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó esta mañana que el Tramo 3 del Tren Maya cuenta con el 100 por ciento de los rieles requeridos y que la obra lleva 72 kilómetros terminados de los casi 160 que constituyen el tramo que va de Calkiní, Campeche, a Izamar, Yucatán.

May Rodríguez también detalló que el Tramo 3 cuenta con el 62 por ciento de durmientes y balastos, así como con más del 80 por ciento de los pasos peatonales, el drenaje concluido y más del 50 por ciento de viaductos elevados.

El juez Brian Cogan aceptó retrasar tres meses la sentencia a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, luego de una moción de la defensa; ahora será el 27 de septiembre cuando se decida los años de prisión contra el exfuncionario.

En una carta firmada por el abogado César de Castro al juez Cogan se informó de nuevos hallazgos que permitirán obtener evidencia a favor de García Luna, lo que ayudaría a la defensa aplicar una moción bajo la Regla 33.

Organizaciones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por el delito de homicidio, lesiones y detención ilegal de personas migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, que derivó en el incendio y posterior muerte de 39 de ellos y causó lesiones en más de una veintena. 

Comunidades mayas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche ingresaron una queja al Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito contra la negativa del juez a otorgar la suspensión de las obras del Tren Maya, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

La organización, que acompaña la lucha legal de las comunidades contra el megaproyecto, explicó que la decisión de no suspender las obras atenta contra los derechos de los pueblos indígenas a acceder a la justicia, a la información y al consentimiento a través de un proceso de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Esta mañana se registró un ataque armado en una playa de Cancún, Quintana Roo, que dejó un saldo de tres personas fallecidas, aunque hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Las detonaciones de arma de fuego ocurrieron cerca de las inmediaciones del Hotel Fiesta Americana Condesa, ubicado en la zona hotelera de Cancún, en el kilómetro 16.5.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la tarde de este lunes que ya van 40 migrantes muertos por el incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido la noche del pasado viernes 27 de marzo.

La cifra de víctimas incrementó luego de que se reportara la muerte de un migrante herido que había sido trasladado al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ), ubicado en la Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que si Ignacio Ovalle Fernández resulta involucrado en el saqueo multimillonario a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), debe asumirlo, y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) “cero impunidad”.

Ovalle Fernández fue director de Segalmex cuando se dio el fraude por miles de millones de pesos, en este sexenio. Se sabe poco sobre cómo se dio este saqueo de recursos públicos, aunque los cálculos extraoficiales indican que podría ser superior al de la llamada “Estafa Maestra”, otro robo de recursos públicos realizado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que ha quedado en la impunidad.