La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, con los votos de Morena y sus aliados, una iniciativa impulsada por la bancada morenista para desaparecer al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), un organismo creado por la propia administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que originalmente debía ser un pilar para garantizar el acceso universal a atención médica y medicamentos.

El asunto fue aprobado en lo general por 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención. En lo particular, la votación fue de 266 votos a favor, 222 votos en contra y cero abstenciones. Ahora, la minuta será enviada al Senado, cuando falta menos de una semana para que deba cerrar el periodo ordinario de sesiones, a más tardar el próximo domingo 30 de abril.

Agentes de la Policía Municipal que realizaban recorrido por la zona, alrededor de las 09:42 horas, fueron abordados por una persona que dijo haber visto tirada una especie de cobija blanca con letras negras. 

Tres personas muertas, fue el saldo de distintos hechos violentos ocurridos en las recientes horas en Tijuana.

De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado, alrededor de las 10:48 horas del lunes 24 de abril, se reportó la muerte de un hombre identificado como Mario de 48 años. Los hechos se documentaron en la Clínica 1 del IMSS. Cabe destacar que la víctima fue herida cuando se encontraba en la colonia Buenos Aires Sur. Por este incidente hay dos masculinos detenidos.

El diputado federal por Morena, Emmanuel Reyes, presentó este martes un proyecto de reforma que plantea cambios a la Ley General de Salud para desaparecer el Instituto de Salud para el Bienestar  (Insabi) y sus funciones y servicios al público sean absorbidos por el IMSS-Bienestar.

A dicha propuesta, que no ha pasado por Comisiones, se le dispensaron todos los trámites y se subió al pleno como “de urgente resolución”.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que presentará un reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la negativa de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para permitirle sesionar con cuatro comisionados, pese a que sigue atorado el nombramiento de los nuevos integrantes del pleno.

En un comunicado, dijo que pedirá al máximo tribunal del país que analice el acuerdo y le permita sesionar con cuatro integrantes para poder “garantizar los derechos que la Constitución le encomienda”.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Ulises Lara López, dio este martes la segunda entrega de tres programadas, sobre el caso de la presunta trama de corrupción del Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, que encabezó el panista Christian Von Roehrich de la Isla.

En un mensaje a medios de comunicación, Lara López señaló que de acuerdo con el testimonio de un empresario que colaboró en la presunta trama de corrupción del Cártel Inmobiliario, Christian Von Roehrich le exigió llevar trabajos de reforzamiento, apuntalamiento y demoliciones parciales de edificios de la Benito Juárez, a cambio de seguir apoyando el proyecto de City Towers Green Black.

A pesar de que la Fiscalía General de la República confirmó que hay dos personas vinculadas a proceso por la desaparición de los defensores de Derechos Humanos en Colima, Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, aún no se sabe nada de ellos.

Organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de derechos humanos, señalaron que desde el 15 de enero de este año, Ricardo Lagunes y Antonio Diaz se encuentran desaparecidos luego de asistir a una asamblea comunitaria.

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para fusionar o desaparecer 18 instituciones públicas ha comenzado a levantar voces en contra dentro de organizaciones civiles y la academia, y a estas ahora se suma la del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En su propuesta enviada a la Cámara de Diputados el martes 18 de abril, López Obrador plantea eliminar la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA), una instancia técnica creada a partir de la reforma constitucional de combate a la corrupción promulgada en 2015 y la cual debe procesar los acuerdos entre los integrantes del propio SNA, entre los que hay dependencias de gobierno y organismos autónomos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las facultades de la Guardia Nacional (GN) para revisar los documentos de extranjeros, detenerlos y presentarlos ante las autoridades en caso de irregularidades; asimismo, aprobó su permanencia en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) para resguardo y vigilancia de las mismas.

Durante la sesión de este lunes, el Pleno de la Corte también invalidó las atribuciones de la GN para realizar operaciones encubiertas o de usuarios simulados en autobuses de pasajeros, para prevenir delitos.

Elementos de la Guardia Nacional, de la policía militar y de seguridad pública de la Ciudad de México se movilizaron en inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la mañana y tarde de este lunes, luego de que la ministra presidenta Norma Piña solicitara protección al inmueble donde llevan a cabo sus actividades.

En camionetas, llegaron integrantes de la GN que descendieron cerca de una de las entradas a Palacio Nacional, a la par elementos de otras corporaciones también formaban filas para avanzar a la cercanía de la Corte, principalmente con escudos.

Con apenas unas horas de diferencia, entre la noche del domingo y la mañana de este lunes, fueron asesinados a balazos dos policías en los municipios de Coquimatlán y Villa de Álvarez.

Con ellos suman ya nueve los elementos de corporaciones de seguridad ultimados en esta entidad durante el primer cuatrimestre del año, lo que equivale a una mayor proporción de homicidios en este sector que los ocurridos en años anteriores, pues en 2022 fueron 17 los guardianes del orden caídos.

Enrique González Tiburcio había sido profesor de la UNAM y del Instituto Nacional de Administración Pública, y había trabajado en el IFAI, el Inegi y cinco secretarías durante más de tres décadas antes de llegar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como coordinador de asesores de la entonces titular, Rosario Robles, en 2012. Un antiguo alumno lo había recomendado para el puesto que cambiaría su vida, porque terminaría enfrentando procesos judiciales por La Estafa Maestra, el sistema de corrupción operado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

González Tiburcio es economista y se había dedicado al análisis de estadísticas sobre pobreza y desigualdad para la elaboración de política pública. Por eso es que su perfil funcionaría para la nueva estrategia del gobierno peñista en el combate de la pobreza que se conocería como Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Delfina Gómez y Alejandra del Moral, ambas candidatas a la gubernatura del Estado de México, tienen poco más de un mes para convencer al electorado de que son la mejor opción para la entidad, pues sus campañas electorales finalizarán este 31 de mayo. 

Aunque se esperaba que las campañas de ambas candidatas estuvieran plagadas de descalificaciones debido a la importancia de esta elección, un estudio del Laboratorio de Odio y Concordia del Seminario de Violencia y Paz, de El Colegio de México (Colmex), reveló que han sido las menos polarizadas.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que México mantendrá la política migratoria “de puertas abiertas” a migrantes, pese a los últimos sucesos en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas a causa de un incendio en una instalación del Instituto Nacional de Migración.

“La tradición y México es ejemplo, por ello es un país de asilo, es un país de puertas abiertas, desde luego que el gobierno federal trabaja coordinado con gobiernos estatales, con los gobiernos municipales”, señaló.

El Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de Guerra Sucia informaron sobre la posibilidad de que sean exhumados de fosas clandestinas los cadáveres de al menos ocho personas que fueron exterminadas y sepultadas por agentes del Ejército durante las décadas de los sesentas y setentas.

Esta posibilidad se abrió apenas el 21 de abril pasado que los familiares de las víctimas presentaron denuncias en la Fiscalía General de Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Ejército por estos hechos.