Lo que parecía ser un proyecto público de vivienda de interés social construido bajo el amparo de la Norma 26 en la colonia Crédito Constructor, en la alcaldía Benito Juárez, terminó revelando un esquema de corrupción inmobiliaria contra el que vecinos han luchado por cinco años, sin que a la fecha —a pesar de existir una orden judicial— la demarcación gobernada por Santiago Taboada cumpla con la demolición de los pisos excedentes.

Se trata del inmueble edificado en Febo 17, donde los lugareños pensaron que se llevaría a cabo un proyecto de vivienda de interés social a cargo del Instituto de Vivienda de la CDMX (Invi), pues eso leyeron en una manta que se colocó afuera del predio mientras se demolía la casa que ocupaba el terreno.

Articulo 19 condenó el allanamiento al domicilio y robo de material de trabajo contra tres periodistas de Guerrero en los últimos cinco meses por lo que pidió a la Fiscalía local identificar a los responsables y conocer el móvil.

A los gobiernos municipal y estatal condenar los hechos y a los Mecanismos federal y estatal de protección a otorgar medidas de protección a los periodistas agredidos.

El secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que no conoce los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional que involucran a funcionarios de seguridad que él designó en Tabasco ligados al cártel Jalisco Nueva Generación y pidió que si alguien tiene indicios de irregularidades que presente denuncias.

Esta mañana el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), anunció que impugnará mediante un recurso de reclamación el acuerdo de la ministra Loretta Ortiz, en el que le negó la suspensión para poder operar con tres comisionados en Pleno.

En su anuncio, el INAI destacó que la falta de nombramiento de los comisionados, por parte del Senado de la República, atenta contra la autonomía constitucional del instituto porque le impide sesionar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el requisito que establecía no haber sido sentenciado por delito para ingresar a la Guardia Nacional.

Los ministros y ministras consideraron que este tipo de requisitos no ayudan a saber si una persona cumplirá su trabajo de forma adecuada. Argumentaron que es sobreinclusivo e implica una violación al derecho a la igualdad en el acceso a un cargo público.

Con 263 votos a favor, 218 sufragios en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, el 25 de abril de 2023, en lo particular, la iniciativa que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Los votos a favor fueron de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), mientras que los sufragios en contra fueron emitidos los integrantes de los grupos legislativos de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que investiga la desaparición de Juan Carlos Tercero Aley, antropólogo forense reconocido por su labor en el campo de la docencia y apoyo a familiares de personas desaparecidas.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Tercero Aley está relacionado con la ayuda en la búsqueda de desaparecidos y en la identificación de personas en fosas clandestinas de Nayarit.

Un enfrentamiento entre miembros de las fuerzas de seguridad y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la noche del lunes dejó un militar muerto, así como otras seis personas de esta organización criminal abatidas, en el municipio de Ciudad Hidalgo, en Michoacán.

Las primeras informaciones detallan que el personal militar del Ministerio de Defensa patrullaba la localidad de San Rafael Tecario cuando fue atacado por un convoy formada por tres vehículos en los que viajaban los sicarios del cártel.

La versión oficial estableció que se trató de un error producido por el caos que se desató durante la operación militar para detener al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera –a petición del gobierno de Estados Unidos–, en la que fallecieron 29 personas, incluidos 10 elementos castrenses.

El traslado del control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es para la Sedena el peor de los escenarios previstos desde que el Ejército comenzó a organizar ese cuerpo armado al inicio del gobierno de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con una evaluación de la propia Sedena, sobre los efectos de la decisión del máximo tribunal, obtenida por Proceso, el traslado operativo y administrativo de la GN –de la Sedena a la dependencia civil– implicará la pérdida de experiencia institucional, se abren las puertas a la corrupción y a la indisciplina, crecen las probabilidades de fracaso en las operaciones y se terminará debilitando a la corporación.

El pasado 20 de abril, alrededor de las 9 de la noche, concluyó la mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la que, después de intensas negociaciones, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) lograron la destitución provisional de ocho profesores acusados de hostigamiento sexual.

Por parte de las autoridades de la SEG participaron en el diálogo Marco Antonio Marbán Galván, subsecretario de Educación Media y Superior; Moisés Olivares Mendoza, jefe de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la SEP; Israel Robles Castro, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP; Jorge Rodríguez Ponce, delegado de Gobernación en la Montaña, y José Ángel Martínez García, director del ITSM.

«Es necesario señalar las omisiones y la opacidad por parte de la Fiscalía del Estado de Colima, quien en todo momento se ha negado a cooperar con las demás instituciones y a compartir información vital para el caso» de la desaparición de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, de quienes se desconoce su paradero desde el 15 de enero de 2023, denunciaron organizaciones de derechos humanos.

Las organizaciones, entre las que se encuentra la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT), si bien reconocieron la labor de la Fiscalía General de la República, que en días recientes confirmó la detención de dos personas presuntamente involucradas en la desaparición de los defensores del territorio comunitario de Aquila, Michoacán, «se sigue sin conocer la suerte o paradero de los defensores».

El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se reservó su derecho a declarar durante la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó formalmente del delito de ejercicio indebido del servicio público.

En la lectura de los cargos, el Ministerio Público (MP) le detalló sus obligaciones como Comisionado, a fin de señalar la serie de omisiones que cometió, las cuales van relacionadas con el salvaguardar a las personas migrantes dentro de las estaciones del Instituto, además de no cumplir con las obligaciones y leyes que se marcan dentro de los reglamentos del propio organismo y que debía de cumplir después del juramento que realizó al tomar protesta al cargo.

En los últimos cuatro meses, un total de siete activistas y comuneros de la costa de Michoacán, específicamente de Santa María Ostula y Aquila, han sido asesinados o desaparecidos. Las agresiones en la zona de la Sierra-Costa de este estado se producen en el marco de una ola de violencia contra defensores del territorio y activistas contra la minería a nivel nacional en lo que va del 2023, como han denunciado defensores, académicos y organizaciones civiles.

“Lo que pasa en Michoacán es sólo una muestra de lo que ocurre en el resto del país“, expuso Nataniel Hernández, integrante de la Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). “Hay proyectos mineros en marcha, y otros que fueron suspendidos por la oposición o la resistencia organizada de las comunidades (…) y también hay cierto incremento de agresiones a defensores que han convocado a la resistencia organizada, pacífica y civil, y denunciado las irregularidades de estas empresas mineras”.

La Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley para el Control de Precursores Químicos, con la que se busca tipificar delitos contra el uso de químicos para la elaboración de drogas sintéticas, como el fentanilo.

La Cámara de Diputados avaló esta madrugada, con 319 votos a favor y 126 en contra, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquina para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.