Aunque el avión presidencial ya fue vendido a Tayikistán y el gobierno dice que ese dinero será para hospitales… datos oficiales muestran que aún no se termina de pagar: en 2012 se realizó un contrato de arrendamiento a 15 años y de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2023) el gobierno federal aún debe pagar 2 mil 180 millones de pesos. 

Incluso, el monto anunciado de venta es insuficiente para pagar esa cifra, aún faltarían 521 millones. 

A un mes de que se registró el incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, se difundieron nuevas imágenes de los hechos que dejaron como saldo 40 personas muertas.

El video fue dado a conocer este miércoles por el Diario de Juárez.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el ataque en Villa de Cos, Zacatecas, en el que murieron dos personas de origen colombiano y un mexicano, se debió a un posible intento de robo del vehículo en el que viajaban.

Comunidades indígenas de Oaxaca reafirmaron su rechazo al maíz transgénico y otras biotecnologías diseñadas para manipular genéticamente la naturaleza.

Durante el Foro de Evaluación de Nuevas Tecnologías para la agricultura y la alimentación que se realizó los días 24 y 25 de abril en Guelatao de Juárez, Oaxaca, se discutió cómo enfrentar estas nuevas biotecnologías que plantean tantos riesgos e incertidumbres.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que son delitos federales, ha mantenido el caso abierto, pero información clave sobre lo que realmente le sucedió a Martínez la ha dejado fuera del ojo público, sin absolutamente ningún progreso o resultado.

La Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) aceptaron esta tarde dialogar en busca de un acuerdo reparatorio con la defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.

La defensa de quien fue director de Pemex en el Gobierno de Enrique Peña Nieto pidió aplazar la audiencia intermedia que se realizaría hoy en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para dialogar con las partes ofendidas y concretar un acuerdo que impida llevar el caso a juicio.

La propuesta legislativa del morenista Alejandro Armenta para desaparecer al instituto de transparencia desapareció de la Gaceta Parlamentaria.

Más temprano, el también presidente de la Mesa Directiva del Senado planteó que las tareas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pasen al gobierno federal.

A un mes del incendio en una estación de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó la muerte de 40 migrantes, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), acusado de haber sido omiso con las condiciones en las que se encontraba la estación sigue en su puesto; su segundo al mando del instituto también está en libertad y en funciones. Hasta ahora, solo hay nueve personas detenidas.

El incendió, ocurrido el 27 de marzo, destapó las irregularidades en la operación de la política migratoria del país, principalmente el manejo de las estaciones migratorias que son operadas como una cárcel y su ausencia de protocolos de protección civil. A continuación, hacemos un recuento de lo que ha pasado a un mes de los hechos.

Magistrados de un Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmaron por unanimidad la concesión de un amparo interpuesto por el presunto narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar “El Güero Palma”, lo que lo pone en la antesala de un posible fallo favorable que podría regresarle su libertad en próximos días.

La confirmación del amparo es para que queden sin efectos tanto la reposición de procedimiento dictada en segunda instancia, como la orden de localizar a los testigos protegidos que declararon contra del sinaloense para desahogo de una prueba ofrecida por este.

La negativa será comunicada a la Junta de Coordinación Política, que podría presentar una segunda propuesta en los siguientes minutos.

La iniciativa de la Ley de Ciberseguridad publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 25 de abril por el diputado del PVEM, Javier López Casarín, amenaza gravemente los derechos humanos en el entorno digital, promueve la militarización y posee serias deficiencias que la convierten en inviable y peligrosa.

Como varias organizaciones hemos observado y comentado en diversos pronunciamientos, tanto esta iniciativa como otras presentadas en materia de ciberseguridad no resultan ser ni constitucional ni operativamente viables, ni han procurado la participación de todas las voces y perspectivas desde una perspectiva multisectorial.

La incertidumbre para el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, terminó. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió hoy que puede prorrogar su período al frente de dicho instituto político.

De manera similar a la resolución emitida la semana pasada respecto a su homólogo morenista, Mario Delgado, el líder del tricolor podrá permanecer en el cargo hasta que concluya la elección presidencial de 2024.

Así lo evalúa Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh, organización que representa a familiares de los estudiantes desparecidos y que a lo largo de sus 35 años de existencia ha defendido casos en los que el Ejército ha estado involucrado en violaciones graves a derechos humanos y ha mantenido una posición firme contra la militarización del país, sobre todo desde que se declaró “la guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio de Felipe Calderón.

Personal del Ejército Mexicano recibió una decena de denuncias sobre actividades del crimen organizado en Iguala y poblaciones cercanas como Cocula y Teloloapan en los meses anteriores a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, revelan correos extraídos por el colectivo de hackers conocido como Guacamaya.