Un audio que circula en redes sociales muestra presuntos nexos de Iván Estrada Guzmán, edil de Matehuala, San Luis Potosí, con el narco, por lo que la Fiscalía local inició una investigación, mientras el político panista niega que sea su voz y acusa camapaña negra en su contra.

En un audio se escucha la presunta voz de Estrada Guzmán donde dice a su interlocutor que  el hace lo que el cártel le diga, sin precisar a qué organización criminal se refiere.

Cinco de las 32 entidades del país concentran el 81.6% de las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas al Instituto Nacional de Migración (INM) en lo que va de este año, de acuerdo con cifras oficiales.

Entre enero y febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió 404 expedientes relacionados con el INM, de los cuales 330 corresponden a posibles abusos de funcionarios del organismo en Chiapas, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y la Ciudad de México.

Al menos tres muertos, tres heridos y 10 viviendas incendiadas dejó el ataque armado de habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, perteneciente a Tlaxiaco, contra habitantes de la comunidad Villa Guadalupe Victoria, de San Miguel El Grande, en la región de la Mixteca, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

La actriz, guionista y directora de cine Ángeles Cruz hizo un llamado a través de un video para que las autoridades “paren la violencia y no sigan disparando contra la comunidad de Villa Guadalupe Victoria de San Miguel El Grande, porque estamos desprotegidos ante la barbarie”.

La DEA anunció la conclusión de la “Operación última milla” que dio como resultado el arresto de 3 mil 337 personas y la confiscación de 44 millones de píldoras con fentanilo, todo ligado al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa.

“Entre estas investigaciones más de mil 100 casos involucran a las aplicaciones de redes sociales y plataformas de comunicaciones encriptadas que incluyen a Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Signal, Wire y Wickr, para coordinar la logística y llegar a la víctimas (consumidores estadunidenses)”, detalla la Administración Federal Antidrogas (DEA).

La Universidad Autónoma de Sinaloa pagó 95 millones de pesos entre 2020 y 2022 a una proveedora con el domicilio de José Ángel Astorga Palazuelos, yerno de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la institución.

De acuerdo con una investigación de Noroeste, dichos pagos se realizaron a través de 5 mil 887 facturas, sin embargo, pese a que las operaciones superan los límites fijados por el Comité de Adquisiciones de la Universidad, no existen actas de licitación o concurso para las operaciones. Aunado a esto, se detectaron importantes sobreprecios.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, comenzó a negociar con las demás consejeras y consejeros los nombramientos de los principales cargos operativos en el instituto, cuya aprobación requiere el aval de ocho de los 11 integrantes del Consejo General.

El más importante de estos cargos es el de la Secretaría Ejecutiva del INE, que es el líder de la estructura, el representante jurídico del instituto, el enlace con los organismos públicos locales electorales y con los Poderes de la Unión, y el encargado de firmar la Credencial para Votar con Fotografía entre múltiples funciones.

La organización 1800Migrante, que brinda asesoría legal y apoyo a personas en tránsito, reportó el secuestro masivo de diez ciudadanos colombianos y una docena más de otros países ocurrido en Sonora, específicamente en la carretera que conduce a San Luis Rio Colorado.

El hecho habría ocurrido a las 11 de la mañana del pasado 2 de mayo mientras los colombianos viajaban en un autobús de la línea LITE Select identificado con el número de unidad 3435. “Coincidentemente, un bus de esta misma empresa estuvo involucrado en el secuestro de la semana pasada de más de 43 ecuatorianos”, señaló la organización.

La Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Campeche informó esta semana que un elemento del Ejército asesinó a balazos a un trabajador del Tren Maya en Calakmul, Campeche.

El hecho se dio el pasado domingo 30 de a abril en el Ejido Constitución en un domicilio en el que, de acuerdo con medios locales, se vendían alimentos y bebidas alcohólicas.

La Secretaria Técnica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y aspirante a Comisionada de ese organismo autónomo, Ana Yadira Alarcón, presentará un recurso de queja contra una jueza federal que se negó a reconocer su calidad de tercera interesada en el juicio de amparo que intenta obligar al Senado de la República a designar tres comisionados del INAI.

Designada por el Senado de la República para ser comisionada del INAI y objetada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ejercer el cargo, Alarcón Márquez, también goza de una suspensión otorgada por un juzgado federal para que el Senado frene la elección de otra persona como comisionada del INAI en sustitución de Yadira Alarcón, con el fin de que se resuelva si la objeción en su contra fue legal y apegada a la Constitución.

A 17 años de los hechos de represión social, detenciones arbitrarias  y actos  de tortura  —en particular tortura sexual contra mujeres—  por fuerzas policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, y a más de cuatro años de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México” en diciembre de 2018, las mujeres sobrevivientes han dado un nuevo paso para combatir los obstáculos interpuestos por el Estado para alcanzar la justicia.

Los defensores tseltales del territorio César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández fueron sentenciados a dos años de prisión en Ocosingo, Chiapas, por haber protestado el 15 de octubre de 2020 contra la imposición de un cuartel de la Guardia Nacional en San Sebastián Bachajón.

La sentencia contra los defensores se dictó a pesar de que se presentaron pruebas de la represión, la tortura y los malos tratos a los que fueron sometidos por la policía de Chiapas cuando fueron detenidos durante la protesta del 15 de octubre de 2020, mismo día en que otras 11 personas resultaron heridas.

Alexis tenía tres años de edad cuando desapareció en la comunidad nahua de San José Izhuapa, en la Sierra Negra de Puebla. Su caso es emblemático porque evidencia la falta de aplicación de protocolos en la desaparición y la búsqueda de niños y niñas en comunidades indígenas, de acuerdo con un análisis técnico del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, que junto con la familia del pequeño exigió a las autoridades locales actuar con diligencia en estos casos.

Tras la desaparición el 2 de diciembre de 2021 de Alexis Sánchez Cabanzo, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) esperó 54 días para activar la Alerta Amber, y la investigación se ha realizado sin una planeación y sin considerar los impactos a la familia y la comunidad. Esto ocurre cuando el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) está en riesgo de ser convertido en una unidad administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), vulnerando aún más los derechos de las infancias. 

En un supermercado Carrefour de la ciudad de Varsovia, en Europa del Este, se venden paquetes de ocho baterías marca Segalmex por 9.99 zlotys, equivalentes a 43 pesos mexicanos. Esas pilas tuvieron que cruzar el Atlántico y viajar más de 10.000 kilómetros desde México —quizá en avión, barco, tierra o todas juntas— hasta llegar a Polonia, país que en el siglo XX fue ocupado por soviéticos y nazis y que hoy es gobernado por un mandatario ultraconservador, Andrzej Duda.

Cuatro personas sin vida y cuatro heridos fue el saldo que dejaron al menos cuatro ataques armados que se registraron en Salamanca, luego de un enfrentamiento entre civiles armados. 

Los hechos ocurrieron antes de las 8:30 de la noche de este jueves.