El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró este miércoles que sus fideicomisos “no son guardaditos”, y que el recorte al presupuesto sí daña los derechos laborales del personal operativo, en respuesta a la aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados de extinguir 13 de los 14 fideicomisos.

Aunque el Poder Judicial tiene 15 mil 500 trabajadoras y trabajadores, la eliminación de dichos fideicomisos sólo afecta a quienes pertenecen a la cúpula patronal, es decir, a los juzgadoras y juzgadores, así como a funcionarias y funcionarios de alto rango.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial pese a la ola de protestas que se desató en el país para defender sus recursos.

El dictamen establece que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no podrá crear ni mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.

Este martes 17 de octubre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan, desde las 8 de la mañana, bloqueos en Ciudad de México (CDMX) en contra de la posible desaparición de fideicomisos. También hay protestas en varios estados del país. 

Las manifestaciones en varios estados del país son parte de la convocatoria del paro nacional al que llamo el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Las conductas que violan la intimidad de las personas, como la difusión de contenido sexual no autorizado, se encuentran tipificadas como delito en 29 estados del país, y se castigan incluso cuando las imágenes y videos son creados mediante el uso de inteligencia artificial.

Sin embargo, especialistas coinciden en que a la fecha persisten las omisiones y falta de conocimiento entre las autoridades encargadas de su investigación, lo que dificulta que los agresores reciban castigo y que las víctimas obtengan la reparación del daño.

Seis personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas por su presunta responsabilidad en la desaparición de los tres jóvenes aguacateros de Peribán, quienes el pasado martes 3 de octubre viajaron a Jalisco a entregar una carga del producto y, a su regreso, sus familiares perdieron el contacto con ellos y desde entonces se ignora su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que fue asegurado el vehículo en el que viajaban las víctimas y los probables responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

A casi dos semanas de la desaparición de los tres jóvenes aguacateros de Peribán, sus familiares y amistades realizaron el lunes una marcha pacífica por las principales calles de esta ciudad para exigir su aparición con vida.

El pasado martes 3 de octubre, los hermanos Bernardo de Jesús y Primo Cruz Medina, de 33 y 32 años, así como Edgar Jafet Tavira Adame, de 23 años, viajaron a Guadalajara, Jalisco, a entregar una carga de aguacate, pero esa tarde, a su regreso, en el tramo de Sahuayo a Jiquilpan se perdió la comunicación con ellos y desde entonces se ignora su paradero.

Un juez federal negó emitir orden de aprehensión contra Jesús Orta Martínez, exsecretario general de la extinta Policía Federal por el supuesto desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos de la corporación.

Luego de que un Tribunal Colegiado le concedió un amparo al exfuncionario, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, revisó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y determinó que no existen elementos para librar nuevamente una orden de captura en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 17 de octubre de 2023, que el paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) era “puro cuento”, al afirmar que de por sí no trabajaban y se iban de vacaciones por largos periodos, dejando sentencias sin atender.

Durante las protestas que se llevaron a cabo en la Ciudad de México y en al menos 22 entidades del país, algunos trabajadores quemaron figuras de López Obrador, como parte de las manifestaciones contra la propuesta de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para extinguir 13 de 14 fideicomisos, que permitiría al Gobierno Federal disponer de aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció una operación de desalojo con violencia por parte de un contingente de granaderos en contra de la comunidad indígena otomí que reside en la casa de los pueblos “Samir Flores Soberanes”, en la anterior sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

“Denunciamos que desde hace algunas horas un numeroso contingente de granaderos del gobierno de la Ciudad de México está tratando de desalojar con violencia a la Comunidad Indígena Otomí, incluidos niños, mujeres y ancianos indefensos”, publicó el CNI en un comunicado de prensa.

No hay nada en firme sobre pláticas que busca el gobierno mexicano con la organización islamista Hamás para la liberación de dos mexicanos retenidos, pero se busca el contacto con todas las partes del conflicto y por sigilo no se pueden revelar detalles, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados con el objetivo de extinguir la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), así como la liquidación de sus trabajadores.

La Unión de Colectivos de Buscadoras de Personas Desaparecidas de Zacatecas denunciaron falta de atención y respuesta por parte de autoridades para realizar la Segunda Brigada Nacional de Búsqueda en Vida en el estado.

Los colectivos señalan que, a pesar de llevar más de tres meses de reuniones con instancias como la Comisión Local de Búsqueda, solo han recibido “largas y largas” para poder planificar la Brigada que iba a realizarse entre el 1 y 15 de noviembre de este año.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y “El Alfredillo”, así como Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, de 40, 37, 36 años de edad, respectivamente, hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, cuyo grupo se conoce como “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, estaban cediendo ante la intensificación de la presión policial estadounidense, además de que se encontraban secuestrando y matando a productores que desafiaban su prohibición de traficar con fentanilo.

Así lo aseguró, citando a miembros del Cártel de Sinaloa, el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), en un reportaje titulado ‘Mensaje del cartel mexicano de Sinaloa a sus miembros: dejen de producir fentanilo o mueran’, publicado el 16 de octubre de 2023 y firmado por el periodista José de Córdoba.