Las organizaciones del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS) condenaron «los actos de represión a la manifestación pacífica y de abuso de la fuerza en contra de integrantes de la comunidad indígena Otomí, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México», durante el intento de desalojo de la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes», antes instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

El operativo, que reunió cientos de antimotines la noche del 15 de octubre para desalojar el bloqueo de los otomís en la avenida México-Coyoacán y desalojar el inmueble tomado desde hace tres años, dejó «a siete personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, quien fue golpeada por ocho elementos de la policía».

Claudia Sheinbaum Pardo, “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, así como virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), informó, el 18 de octubre, que, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se uniría a su equipo de campaña.

“El día de ayer [17 de octubre de 2023] platiqué con Alejandro Encinas, compañero de lucha de hace muchos años. Lo invité a que nos apoyara en el proceso que se avecina y aceptó gustosamente”, señaló la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en su cuenta de la red social X.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que Grupo México, empresa responsable de la contaminación ocasionada por un derrame de sus filiales en el Río Sonora, se acercó al Gobierno federal el pasado lunes para negociar una solución.

Desde Palacio Nacional, López Obrador detalló que Grupo México pidió que se instalara una mesa de diálogo entre la empresa, y la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para remediar los alarmantes niveles de contaminación del río.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró este miércoles que sus fideicomisos “no son guardaditos”, y que el recorte al presupuesto sí daña los derechos laborales del personal operativo, en respuesta a la aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados de extinguir 13 de los 14 fideicomisos.

Aunque el Poder Judicial tiene 15 mil 500 trabajadoras y trabajadores, la eliminación de dichos fideicomisos sólo afecta a quienes pertenecen a la cúpula patronal, es decir, a los juzgadoras y juzgadores, así como a funcionarias y funcionarios de alto rango.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial pese a la ola de protestas que se desató en el país para defender sus recursos.

El dictamen establece que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no podrá crear ni mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.

Este martes 17 de octubre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan, desde las 8 de la mañana, bloqueos en Ciudad de México (CDMX) en contra de la posible desaparición de fideicomisos. También hay protestas en varios estados del país. 

Las manifestaciones en varios estados del país son parte de la convocatoria del paro nacional al que llamo el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Las conductas que violan la intimidad de las personas, como la difusión de contenido sexual no autorizado, se encuentran tipificadas como delito en 29 estados del país, y se castigan incluso cuando las imágenes y videos son creados mediante el uso de inteligencia artificial.

Sin embargo, especialistas coinciden en que a la fecha persisten las omisiones y falta de conocimiento entre las autoridades encargadas de su investigación, lo que dificulta que los agresores reciban castigo y que las víctimas obtengan la reparación del daño.

Seis personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas por su presunta responsabilidad en la desaparición de los tres jóvenes aguacateros de Peribán, quienes el pasado martes 3 de octubre viajaron a Jalisco a entregar una carga del producto y, a su regreso, sus familiares perdieron el contacto con ellos y desde entonces se ignora su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que fue asegurado el vehículo en el que viajaban las víctimas y los probables responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

A casi dos semanas de la desaparición de los tres jóvenes aguacateros de Peribán, sus familiares y amistades realizaron el lunes una marcha pacífica por las principales calles de esta ciudad para exigir su aparición con vida.

El pasado martes 3 de octubre, los hermanos Bernardo de Jesús y Primo Cruz Medina, de 33 y 32 años, así como Edgar Jafet Tavira Adame, de 23 años, viajaron a Guadalajara, Jalisco, a entregar una carga de aguacate, pero esa tarde, a su regreso, en el tramo de Sahuayo a Jiquilpan se perdió la comunicación con ellos y desde entonces se ignora su paradero.

Un juez federal negó emitir orden de aprehensión contra Jesús Orta Martínez, exsecretario general de la extinta Policía Federal por el supuesto desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos de la corporación.

Luego de que un Tribunal Colegiado le concedió un amparo al exfuncionario, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, revisó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y determinó que no existen elementos para librar nuevamente una orden de captura en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 17 de octubre de 2023, que el paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) era “puro cuento”, al afirmar que de por sí no trabajaban y se iban de vacaciones por largos periodos, dejando sentencias sin atender.

Durante las protestas que se llevaron a cabo en la Ciudad de México y en al menos 22 entidades del país, algunos trabajadores quemaron figuras de López Obrador, como parte de las manifestaciones contra la propuesta de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para extinguir 13 de 14 fideicomisos, que permitiría al Gobierno Federal disponer de aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció una operación de desalojo con violencia por parte de un contingente de granaderos en contra de la comunidad indígena otomí que reside en la casa de los pueblos “Samir Flores Soberanes”, en la anterior sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

“Denunciamos que desde hace algunas horas un numeroso contingente de granaderos del gobierno de la Ciudad de México está tratando de desalojar con violencia a la Comunidad Indígena Otomí, incluidos niños, mujeres y ancianos indefensos”, publicó el CNI en un comunicado de prensa.

No hay nada en firme sobre pláticas que busca el gobierno mexicano con la organización islamista Hamás para la liberación de dos mexicanos retenidos, pero se busca el contacto con todas las partes del conflicto y por sigilo no se pueden revelar detalles, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados con el objetivo de extinguir la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), así como la liquidación de sus trabajadores.