Apenas el pasado 31 de octubre, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que el Gobierno federal ya había tenido acercamientos con Grupo México, y anunció que se instalaría una mesa de diálogo para negociar sobre la remediación de los alarmantes niveles de contaminación del Río Sonora, ocasionados por un derrame de sus filiales.
Afectados por un vertido tóxico de una mina al norte de México protestaron el martes por lo que consideran constantes demoras de las autoridades en los procesos de limpieza y de reparación de la contaminación en el Río Sonora de hace casi una década.
En una conferencia de prensa celebrada frente a las oficinas del Gobierno en Hermosillo, la capital del estado de Sonora, los miembros del colectivo local Comités de Cuenca Río Sonora describieron la situación como una crisis sanitaria que las autoridades siguen ignorando a pesar de que, según sus cifras, más de 700 personas resultaron damnificadas.
