La caravana migrante que partió el pasado 24 de diciembre de Tapachula, Chiapas, continúa su travesía hacia la Ciudad de México; las familias y personas que se habían dispersado en Chiapas por operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) se han reagrupado, y unos mil 500 se encuentran en Oaxaca.

Mientras Morena presentó anoche una denuncia en contra del PAN, el PRI y el gobernador de Coahuila por el reparto de cargos que pactaron en su coalición de 2023, la oposición anunció ayer que este jueves su precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, acudirá a denunciar el presunto financiamiento de la campaña de Claudia Sheinbaum con recursos de los trabajadores de Notimex.

La guerra de denuncias ante el INE ocurre en la recta final de las precampañas, y en un momento en el que la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral –encargadas de investigar estas quejas– operan con encargados de despacho.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que en la agenda legislativa de su grupo parlamentario para el próximo periodo ordinario de sesiones se buscará concretar las reformas en materia de reducción de la jornada laboral e incrementos al salario mínimo.

“Se está trabajando para perfeccionar y construir, por consenso, una reserva a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, en el horizonte de planeación que se estableció por parte de la mesa de trabajo.

El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca “construye un camino de impunidad” en el caso de la activista británico-mexicana Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, al ordenar la reposición de todo el procedimiento desde la audiencia de debate, situación que pone en riesgo el acceso a la justicia para la familia Uruchurtu Cruz.

El 3 de junio de 2017, cuando Marcela de Jesús Natalia cumplió 54 años, un sicario le disparó en la cabeza en tres ocasiones justo al salir de su turno en la radiodifusora en la que trabajaba en Ometepec, Guerrero. Una bala le atravesó la muñeca, otra le destruyó el lado izquierdo de la mandíbula y el último lo recibió en la sien derecha. 

Estuvo al borde de la muerte. Se tuvo que someter a seis operaciones con las que salvó su vida y rehabilitó su habla, pero sigue esperando el apoyo para terminar su recuperación y que las condiciones le permitan volver a su hogar cerca de sus cinco hijos y diez nietos, y también de su radio. Marcela de Jesús es una periodista desplazada, una de las varias que hay en el país.

A causa de la violencia y amenazas a operadores, el transporte público de Acapulco dejó de dar servicio en algunas rutas desde la mañana de este jueves, lo que ha provocado caos.

Entre las rutas con afectaciones se encuentran: Emiliano Zapata-Base Naval, Hospital-Caleta, Hospital-Vacacional, Ciudad Renacimiento-Costera, entre otras. Además de largas filas en la Terminal del Acabús.

La comisionada nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, admitió ante colectivos y familiares de personas desaparecidas que las 16 mil localizaciones que ha presumido el Gobierno federal se encuentran aún en proceso, por lo que las personas no han sido presentadas ni sus familiares notificados. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se debe revisar con calma la liberación de Pablo Vega Cuevas, alias El Transformer, presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

La Comisionada municipal de Jacona, Michoacán, Miriam Ríos Ríos fue asesinada este jueves en las calles de la localidad de Zamora, informó Movimiento Ciudadano (MC), partido en el que militaba.

De acuerdo con medios nacionales, la víctima se encontraba en el puesto de gorras donde también laboraba sobre la Avenida Juárez, en la colonia Libertad, cuando sujetos armados llegaron y dispararon hacia ella.

Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó, el 9 de enero de 2024, por “notoria improcedencia”, la controversia constitucional presentada, el 1 de junio de 2023, por Santiago Creel Miranda, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contra el decreto que Andrés Manuel López Obrador emitió, el 18 de mayo del mismo año, con las firmas de Adán Augusto López Hernández, Luis Crescencio Sandoval Gonzalez y José Rafael Ojeda Durán, titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB), Defensa Nacional (SEDENA) y Marina (SEMAR), respectivamente.

Una nueva embestida se cierne sobre las tierras ejidales y comunales del estado de Oaxaca. Contra los postulados del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), de defender los postulados del artículo 27 constitucional, donde se regulan las tierras ejidales y comunales; el gobierno del estado, emanado de ese partido, está generando condiciones para convertir las tierras ejidales y comunales en propiedad privada, pasando por encima de lo dispuesto en la Constitución Federal, a la que juraron respetar, lo mismo que las disposiciones del derecho internacional sobre los territorios de los pueblos indígenas. Tampoco importa el pasado de muchos funcionarios del actual gobierno, incluido el gobernador, que en sus tiempos de activismo criticaron este tipo de medidas impulsadas desde el gobierno federal, a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y el Fondo de Apoyo a Nucleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), porque ahora ellos impulsan uno con distinto nombre pero con los mismos fines.

La organización civil Causa en Común denunció este jueves que el Gobierno mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no han informado sí ya cumplieron con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desmilitarizar la Guardia Nacional y devolverle el mando civil.

A través de un comunicado, recordó que en abril pasado la SCJN declaró la invalidez de un decreto que militarizó formalmente a la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

Más de 10 especialistas y 40 organizaciones, entre ellas Sin Fronteras, Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C., denunciaron que al gobierno mexicano le  “falta de voluntad política” para frenar y prevenir el secuestro de migrantes. 

Mediante un procedimiento exprés, de apenas 7 días hábiles, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) asignó un contrato por 400 millones de pesos a un consorcio en el que participa Luis Doporto Alejandre, un experto en representar a inversionistas en paraísos fiscales para ocultar fortunas e identidades.