Tras la difusión del número telefónico móvil de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario estadounidense The New York Times (NYT), para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe, un total de 123 corresponsales y comunicadores mexicanos exigieron, el 28 de diciembre de 2024, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ejerciera su derecho de réplica, sin poner en riesgo la integridad de los periodistas.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) -organización no gubernamental, con sede en Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial- fue la que dio a conocer la misiva.

Por unanimidad de votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó unas pruebas obtenidas en una investigación abierta por el delito de peculado en contra de Jesús Manuel Esparza Flores, extitular de la Auditoría Superior de Chihuahua durante el gobierno de César Duarte, debido a que la Fiscalía estatal obtuvo su información bancaria sin orden judicial. 

“Buscar no debe costar la vida” fue el mensaje central de la audiencia durante la que este miércoles 28 de febrero familiares y colectivos pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir al Estado mexicano medidas de protección y seguridad para personas buscadoras ante el incremento de amenazas y asesinatos hacia ellas.

Como parte de la exposición inicial, el activista Raymundo Sandoval apuntó que la Plataforma por la Paz y la Justicia ha registrado desde 2010 el asesinato de más de 20 personas buscadoras, 15 de ellas durante este sexenio. Después, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU agregó que de 2019 a la fecha, el organismo tiene documentados al menos nueve casos de mujeres asesinadas como posible represalía a la búsqueda.

La organización Familia Pasta de Conchos rechazó la propuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el rescate de los 63 cuerpos de mineros que permaneces sepultados en la mina Pasta de Conchos, desde hace 18 años.

A través de un comunicado, explicó que el esquema presentado por CFE representa un riesgo para los trabajadores, en especial por no cumplir con las medidas de seguridad correspondientes. Esto implica el uso de cañones ciegos, similares a los tiros verticales con los que operaba El Pinabete.

Luego de una jornada de ocho horas que duró el careo entre el periodista Carlos Loret de Mola y Pío López Obrador, el hermano del presidente dijo sentirse “conforme” y “satisfecho” en tanto que el conductor de Latinus aseveró que no pudo desacreditar los videos en los que se le ve recibiendo dinero en sobres amarillos.

“Se ve que yo lo amenacé, okay, pero nunca lo torturé. Yo era el jefe de la Agencia de investigación Criminal, yo no tenía necesidad de torturar a nadie”, declaró Tomás Zerón –exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)– en un documental de la BBC sobre el caso Ayotzinapa.

La declaración de Zerón fue entorno al video del interrogatorio del acusado Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", quien se presume fue torturado por autoridades, por su presunta participación en el caso Ayotzinapa, en 2014, cuando 43 jóvenes estudiantes desaparecieron.

Desde el Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC), instalado al lado del Centro Militar de Inteligencia (CMI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utiliza poderosas herramientas tecnológicas para monitorear las redes sociales e identificar a personas que critiquen la labor de las fuerzas armadas, del gobierno federal o del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también para operar redes de "bots" diseñadas para influir en el debate público.

Una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), basada en los documentos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya, revela que el COC compró licencias de un software israelí llamado HIWIRE, con el que vigila a "activistas e influencers clave" y "redes opositoras en tiempo real", y puede operar diversos "avatares" para "diseminar mensajes orgánicamente".

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá dar a conocer el padrón de beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de los años 2018 a 2023, y precisar fechas de inicio y término de la cobertura de seguridad social.

Así se lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular que solicitó conocer el padrón luego de que el IMSS clasificó la información como confidencial, con el argumento de que se ubica en el supuesto de secreto fiscal y contiene datos personales.

La madrugada de este martes se reportaron balaceras, el incendio de la presidencia municipal y de vehículos oficiales, así como asesinatos en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León.

En redes sociales, personas difundieron imágenes y videos donde se muestra a los vehículos oficiales calcinados mientras se encuentra los estacionamientos institucionales.

Los partidos de Morena y Partido del Trabajo (PT) solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) negarle el registro a Francisco García Cabeza de Vaca como aspirante a una Diputación plurinominal por parte del Partido Acción Nacional (PAN).

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa instalaron un plantón indefinido frente al Palacio Nacional en el Zócalo, “hasta que haya respuesta del gobierno federal para que las investigaciones avancen y el ejército mexicano entregue los 800 folios con información fundamental para el esclarecimiento del caso”.

Las dos carpas donde los familiares pernoctaron desde este lunes fueron instaladas luego de la 113 movilización para exigir verdad y justicia por los 43 estudiantes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y para denunciar la falta de compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que anunció que el caso no se resolverá en su sexenio a pesar de haber sido una de sus promesas de campaña.

La violación de derechos humanos, la criminalización de defensores comunitarios y la falta de transparencia y rendición de cuentas son algunas de las consecuencias que tiene el poder otorgado a las fuerzas armadas para controlar y administrar los megaproyectos del gobierno federal, particularmente el Tren Maya y el Corredor Transístmico, asegura el informe “Miliares S.A. de C.V.” publicado hoy por PODER.

El informe resume que el Tren Maya y el Corredor Transístmico “forman parte de un megaproyecto regional que busca culminar la intención que han tenido distintos gobiernos en el pasado por explotar los bienes naturales, la biodiversidad, así como las condiciones geográficas y climáticas del sur sureste de México”, cuyos fines “continúan colocando al centro la reproducción del capital” y la ganancia de las grandes empresas a partir de la explotación de la naturaleza “por encima de los derechos de las comunidades y del medio ambiente”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que las y los habitantes de la Ciudad de México, bastión de la izquierda en el país, se han movido a la derecha por el bombardeo de medios.

Desde Palacio Nacional, López Obrador consideró que en la capital las y los ciudadanos están “muy expuestos, muy indefensos al bombardeo” de noticias por parte de comunicadores como Sergio Sarmiento, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, José Cárdenas, entre otros.

"No me van a doblar”, declaró el periodista Carlos Loret de Mola al llegar a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México para carearse con Pío López Obrador, quien lo demandó en 2022 por daño moral y le exige una reparación por 200 millones de pesos. 

Esta mañana el periodista asistió a los Juzgados Civiles ubicados en Niños Héroes #132, en la colonia Doctores, para carearse con el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no fue visto a su llegada.