Tres artefactos explosivos lanzados por varias personas al cuartel de la policía estatal de la colonia Zapata, en Acapulco, la tarde de este domingo 7 de julio, causaron daños al edificio, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSP).

A través de un comunicado, la SSP afirmó que de los tres artefactos lanzados desde el exterior del cuartel solo dos explotaron y el otro fue asegurado.

María del Carmen Sánchez Cisneros, la titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió, el 7 de julio de 2024, una suspensión de oficio y de plano, en el juicio de amparo 635/2024, para frenar la extradición a los Estados Unidos de Óscar Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, ex líder del cártel de Los Zetas.

A pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aprobó la extradición del Z-42 a EE.UU. -donde era requerido por la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, por cargos de exportación y distribución de cocaína y mariguana-, su defensa interpuso un amparo a finales de junio de 2024, contra dicha determinación.

«No vemos el menor indicio de atender las demandas y mucho menos de encontrar una solución» a las exigencias de vivienda digna, denunció la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, desde la Casa de los Pueblos «Samir Flores Soberanes», construida en la toma del Insituto Nacional de Pueblos Indígenas.

“El Caso Ayotzinapa se sigue desmoronando. La Fiscalía es complaciente”, lamentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) luego de que un juez federal concediera la libertad condicional al general brigadier José Rodríguez Pérez, acusado de delincuencia organizada y vinculado a la desaparición de los 43 normalistas.

De acuerdo con el juez, no existe riesgo de que Rodríguez Pérez pueda evadir la justicia, por lo que decidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a libertad provisional, con lo que el general se suma al grupo de los diez militares implicados en el Caso Ayotzinapa que hoy se encuentran en libertad a pesar de que su proceso judicial no ha concluido.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero investiga el hallazgo de al menos seis cuerpos desmembrados en distintos puntos del municipio de Acapulco, los cuales fueron localizados este fin de semana, a la par que se reportó un ataque con explosivos en contra de un cuartel de la policía estatal.

En el Informe de Homicidios Dolosos que elabora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indica que las autoridades locales reportaron al menos ocho asesinatos entre sábado y domingo en el estado de Guerrero, aunque el diario local El Sur  eleva el número de homicidios dolosos a 11 solamente en la capital del estado, cinco víctimas más de las reconocidas oficialmente.

Seis personas fueron asesinadas este domingo por presuntos sicarios en Michoacán, estado que afronta una ola de violencia por disputas de cárteles del narcotráfico.

La Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que los seis crímenes ocurrieron en el municipio de Uruapan, la segunda ciudad en importancia económica de Michoacán, donde en los primeros siete días de julio suman 13 asesinatos violentos, relacionados con pugnas entre bandas del narcotráfico.

La tercera entrega en la saga de la integración del gabinete de la Presidenta de la República Electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien tomará posesión el 1 de octubre de 2024, es la más política de las tres que han sucedido hasta la fecha.

A diferencia de la primera entrega que fue la de la reconciliación y en la cual destacó el nombramiento como secretario de Economía a Marcelo Ebrard Casaubón, el antiguo adversario y denunciante de Sheinbaum Pardo, y la segunda que bien podría titularse, los científicos, por los perfiles académicos -mayormente de la UNAM- que la futura presidenta eligió para encabezar las áreas técnicas, científicas y especializadas; la tercera entrega fue la compensación a los políticos por el triunfo del 2 de junio de 2024.

Los periodistas Carlos Alberto Pérez Gómez, reportero del medio Todo en Contra; Víctor Manuel Castillo Castañeda, de Contraportada y el activista Dante Álvarez Jiménez, fueron liberados tras pasar varias horas detenidos acusados de daños al patrimonio y delitos contra la salud.

“Es fundamental cuestionar la actuación de la policía del Estado de México porque se reprime la protesta social y después se evita el trabajo de los comunicadores y en torno a eso hay un conjunto de elementos que denunciar y cuestionar”; dijo uno de los periodistas.

Un juez concedió la libertad condicional al general José Rodríguez Pérez, acusado de delincuencia organizada y presuntamente ligado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2015. Se trata del general de mayor rango que es procesado en el caso.

El general Rodríguez, quien permaneció dos años en prisión, deberá pagar una fianza de 50,000 pesos y comparecer para firmar cada 15 días.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del Tribunal Electoral capitalino para que se realice el recuento de votos en la alcaldía Cuauhtémoc y le ordenó emitir una nueva resolución.

De acuerdo con María Silva Rojas, magistrada presidenta, el proyecto de revocación es porque los magistrados electorales de CDMX no fundamentaron ni motivaron de forma exhaustiva la orden del recuento.

El medio de comunicación Todo en Contra denunció la detención de dos periodistas y un activista durante una manfiestación que se llevó a cabo en Toluca, Estado de México.

Los detenidos fueron a cubrir una manifestación en donde exigían que se retire un monumento en memoria de Carlos Hank González, exgobernador del Edomex.

Ante la crisis de derechos humanos que se vive desde hace varios años, México recibió 318 recomendaciones formuladas por 115 países, durante la revisión del cumplimiento de tratados internacionales en la materia, durante el cuarto periodo del Examen Periódico Universal (EPU), llevado a cabo en la sede de Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Organizaciones que conforman el Colectivo EPUmx alertaron que la representación mexicana “tomó nota”, de 16 recomendaciones, esto es que no las aceptó plenamente, pero que “abordan temas torales en materia de justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado interno que se enfrentan en la agenda actual de discusión pública”, señalaron las organizaciones en un comunicado.

Una serie de ataques contra sedes y patrullas de la Policía Municipal de Celaya fue desatada por criminales la noche del viernes. Un civil resultó herido, además hubo daños materiales a inmuebles y equipo de esta corporación. Fue asegurado un vehículo blindado de los agresores.

El mismo viernes, pero por la mañana, personal del Colegio Arturo Roseblueth, ubicado en la colonia Gran Hacienda, reportó el hallazgo de artefactos explosivos, presuntamente de manufactura artesanal, mismos que fueron retirados por el Ejército.

Más de un año después de que salieron las evidencias que apuntan a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino con el spyware Pegasus los teléfonos del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como de periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseveró, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que “en México no se espía ni se vigila a nadie”.

A Juan Martín Rivera, un mecánico de 27 años, se lo llevaron de afuera de su casa en la comunidad de Tacoaleche, municipio de Guadalupe, el 28 de febrero de 2023. Leticia Casillas recuerda que era mediodía cuando hombres armados se detuvieron al lado de Juan mientras reparaba su coche y lo subieron a la fuerza en una camioneta; desde entonces no sabe nada de su hijo. 

Leticia es una de las cerca de 200 madres buscadoras, integrantes de la Unión de Colectivos de Personas Desaparecidas del Estado de Zacatecas, que marcharon el 10 de mayo en protesta por el aumento de las desapariciones en la entidad. Las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) establecen que 2023 fue el año con mayor número de víctimas de este delito en Zacatecas: 706 personas.