En un comunicado conjunto, señalaron que la violencia contra los territorios “ocurre a la vista de las autoridades del Estado, en lugares cercanos a los cuarteles del ejército o la Guardia Nacional, que a pesar de las llamadas de auxilio de la población no intervienen”, mientras que las autoridades estatales y federales “minimizan la violencia o culpan a los pueblos de ella, sin admitir que fallan ante la principal responsabilidad del Estado que es garantizar la seguridad de la población”.
