Juzgadores y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga ante las posibles consecuencias irreversibles que acarrearía la aprobación y entrada en vigor de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), el grupo de trabajo de personas juzgadoras Guardianes de la Constitución, el colectivo de Circuitos Unidos Trabajadores de PJF, con el apoyo de Iniciativa Americana por la Justicia presentaron este martes una solicitud de medida cautelar ante la CIDH.

La coalición Sigamos Haciendo Historia podría alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes en la Cámara de Diputados, y se quedaría a solo dos votos en el Senado de la República, de acuerdo con estimaciones técnicas del Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena y sus aliados -PVEM y PT- alcanzarían 364 diputaciones federales y 83 senadurías, según proyecciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, con las que se elabora el proyecto de acuerdo que será discutido mañana en la Comisión de Prerrogativas y el viernes en el Consejo General.

Miles de trabajadores de juzgados federales cumplieron su segundo día de paro de actividades en protesta contra la reforma al Poder Judicial, una jornada en la que siguieron sumando apoyos de compañeros y de organizaciones sociales.

El movimiento de los trabajadores tomó fuerza en su segundo día, luego de que una organización de jueces y magistrados anunció que también se sumará a la suspensión de actividades para protestar contra la reforma judicial.

El proyecto de dictamen de Morena y sus aliados (PT y PVEM) contiene más de 100 ajustes a la reforma enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, pero conserva su esencia: habrá elección popular de jueces, magistrados y ministros, y las percepciones de todo el Poder Judicial se sujetarán al tope de ingresos de quien ocupe la Presidencia.

Entre los cambios propuestos en este nuevo proyecto de dictamen, al que SinEmbargo tuvo acceso, se detalla con más claridad las medidas para verificar la idoneidad de los candidatos y se asegura que los actuales jueces y magistrados puedan participar, algo que preocupaba a los partidos de oposición y expertos.

Una unidad militar del 101 Batallón de Infantería que se instaló en el auditorio municipal de Chicomuselo, fue atacada con explosivos lanzados con drones y por disparos de armas de fuego lanzados desde vehículos con blindaje artesanal, pero no provocó daños en las instalaciones, informaron fuentes de seguridad.

Bandas criminales que se disputan el territorio mantuvieron enfrentamientos en la cabecera municipal de Chicomuselo y otras comunidades. Extraoficialmente se informó de un militar herido y ocho sicarios muertos.

Los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el territorio continuaron el fin de semana, así como este lunes en la región de la Sierra y la Frailesca. Habitantes de los municipios de Chicomuselo y Ángel Albino Corzo reportan constantes balaceras y bloqueos carreteros de integrantes de bandas criminales, esto con la intención de evitar el paso de sus adversarios.

“Las entradas al pueblo están bloqueadas. Una base de la Guardia Nacional que se encuentra en el auditorio municipal fue atacada con explosivos lanzados con drones. Los grupos armados están trayendo refuerzos de Frontera Comalapa, un convoy se dirige a Chicomuselo. No hay rutas de transporte de La Concordia a Chicomuselo”, dijo en una fuente anónima en las redes sociales.

Hace un año sicarios de La Familia Michoacana advirtieron a los vecinos de La Palma, un pueblo de la Sierra de Petatlán, que se arrepentirían de no someterse al pago de cuotas y de negarse a ser reclutados en sus filas.

Lo han pagado caro: los criminales están a punto de acabar con el ganado, han devastado viviendas con bombas lanzadas desde drones, mantienen a 50 familias desplazadas y han asesinado con violencia extrema a seis de sus habitantes.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso de la Ciudad de México denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la ex fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, y al gobernador Rubén Rocha Moya, por ocultar información relacionada con el homicidio del ex rector de la UAS y virtual diputado federal electo,  Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Federico Döring Casar, coordinador del GPPAN, junto con el diputado federal en funciones, Héctor Saúl Téllez Hernández, presentó la denuncia correspondiente ante la Oficina del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

El diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena, dijo que el paro de labores de trabajadores, jueces y magistrados no detendrá el avance de la reforma judicial.

Según su visión, se hizo el esfuerzo de ‘escuchar’ al Poder Judicial para elaborar el dictamen que ya se presentó en comisiones.

Este martes 20 de agosto, alrededor de 150 maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una caravana desde el Parque Morelos en Tijuana hasta la caseta de cuota Tijuana-Tecate, la cual liberaron para que los automovilistas no tengan que pagar peaje, en protesta por la falta de pago salarial del Gobierno del Estado.

El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió este martes al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a los cinco hombres más ricos de México que digan públicamente al pueblo de México si están o no de acuerdo con el desplegado que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), grupo al que pertenecen, publicó el fin de semana para solicitar que se evite la “sobrerrepresentación”.

A unas horas de que el Instituto Nacional Electoral (INE) formalice la asignación de diputaciones plurinominales, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que quienes están en contra de la llamada sobrerrepresentación, en realidad quieren evitar que Morena y sus aliados concreten las reformas planteadas, en particular la del Poder Judicial.

Esta mañana el mandatario inició su conferencia de prensa hablando de la sobrerrepresentación, que dijo, “es motivo de unidad del bloque conservador, sus voceros y achichincles”; y aprovechó para para pedirles a las y los empresarios más ricos de México su postura pública sobre el tema.

“Las promesas que este gobierno que termina le hizo a los pueblos indígenas no se cumplieron. Por el contrario, la invasión de nuestros territorios creció de manera alarmante ampliando los alcances de los cárteles del crimen organizado”, denunciaron comunidades, organizaciones, colectivos y activistas indígenas y de derechos humanos en todo el país.

En un comunicado conjunto, señalaron que la violencia contra los territorios “ocurre a la vista de las autoridades del Estado, en lugares cercanos a los cuarteles del ejército o la Guardia Nacional, que a pesar de las llamadas de auxilio de la población no intervienen”, mientras que las autoridades estatales y federales “minimizan la violencia o culpan a los pueblos de ella, sin admitir que fallan ante la principal responsabilidad del Estado que es garantizar la seguridad de la población”.

A través de un comunicado, organizaciones de la sociedad civil mexicana fijaron posición en respuesta a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que señaló en la mañanera del 14 de agosto que las organizaciones de la sociedad civil no tienen transparencia en torno a los donativos que reciben.

En el comunicado firmado por 498 ong’s, destacaron que las organizaciones de la sociedad civil realizan actividades educativas, culturales y de salud entre las poblaciones vulneradas, violentadas y excluidas.