Existió omisión de investigar con seriedad y profesionalismo en el marco de una estrategia de encubrimiento gubernamental.
Un juzgado federal mexicano reconoció por primera vez que hubo terrorismo de Estado en la lucha contra los grupos guerrilleros en las décadas de 1970 y 1980, en connivencia con las autoridades civiles y militares, y en particular en el estado de Guerrero. La sentencia ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie acción penal contra las autoridades vinculadas a esas acciones.