Hasta el 26 de agosto, en México se han registrado un total de 41 mil 923 casos de dengue y 128 defunciones en lo que va de 2024. Los estados más afectados son Guerrero, Morelos, Jalisco, Michoacán y Tabasco, concentrando el 42 % del total de casos confirmados.

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo anterior representa un aumento de más del triple de casos con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se registraron un total de 13 mil 25 casos y 13 defunciones.

El regidor electo de Tulum, Quintana Roo, y líder de taxistas, Eliazar Sagrero, fue detenido por la Fiscalía del Estado por el delito de homicidio calificado.

La dependencia informó que se encuentra relacionado con hechos “probablemente constitutivos de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de cuatro personas de identidad reservada”.

“No me hagas emputar. Tu pinche denuncia me hace lo que el viento a Juárez: ni madres“, le dijo una comandante de la Policía Bancaria Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a una persona detenida por fumar un cigarro de mariguana en la calle.

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez informó que los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto y ordenó su suspensión mientras se realiza la investigación correspondiente.

Con un registro oficial de 115 mil 567 personas desaparecidas y denuncias de familiares de víctimas de la desaparición de registros como parte de la estrategia de depuramiento de cifras, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes  (Red TDT) lamentó la invisibilización de la problemática por parte de las autoridades, lo que deriva en la perpetuación de la impunidad.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Red TDT, que congrega a más de 80 organizaciones en el país, alertó que “en el discurso se habla de cambios sustanciales en la protección de los derechos humanos, pero en los hechos no se ve reflejado”.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez (del partido Morena), anunció oficialmente su negativa a pagar la indemnización por reparación integral del daño que un juez penal ordenó otorgar a la familia de María Bárbara Reyes Muñiz, adolescente desaparecida y asesinada en 2011 en el municipio de Cuatitlán Izcalli, y cuyo caso tardó 12 años en resolverse, debido a las omisiones e irregularidades en las que incurrió el Ministerio Público local, luego de su desaparición.

Luego de horas de tensión en Culiacán, debido a un enfrentamieto entre fuerzas federales y hombres armados, Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, informó que la situación está controlado e incluso el transporte público ha vuelto a ofrecer su servicio de manera normal.

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó existe un rezago en la infraestructura hidráulica de Chalco, por lo que se construirá un colector provisional para aliviar la emergencia.

Los organismos constitucionales autónomos (OCAs), cuestionados por sus altos costos y opacidad, llegan a un nuevo Gobierno incompletos en su integración, debido a los nombramientos que siguen pendientes, y en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Cofece, IFT, CRE, Coneval, CNH y Mejoredu, con la incertidumbre sobre su desaparición, como se propone en una de las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo.

Las fiscalías estatales en México muy pronto podrán cotejar en tiempo real las huellas dactilares que tienen de personas fallecidas no identificadas en los servicios forenses con todos los registros de personas migrantes que cruzan por el territorio panameño conocido como el tapón del Darién, puerta de entrada de la migración de sur a norte del continente. 

En la Fiscalía General de la República (FGR) hay 245 averiguaciones previas de personas desaparecidas durante la “guerra sucia”, pero durante meses solo dos agentes del Ministerio Público fueron asignados a su investigación. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció dar prioridad a estos casos, el comité que debía resolver procesos estancados desde hace 50 años fracasó, junto con la promesa de justicia.

Las instituciones gubernamentales “históricamente son las principales responsables de las desapariciones forzadas, entre ellos el ejército mexicano y las fuerzas de seguridad”, aseguró el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que este viernes bloqueó seis carreteras federales en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

En un comunicado, el CSIM recordó los casos de detención, tortura y desaparición de las que en 1974 fueron víctimas ocho p’urhépechas en el marco de la “Guerra Sucia”, cuya denuncia fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la que aún se espera el dictamen de fondo.

Fátima Ballesteros, alumna de la Facultad de Derecho de la UNAM, negó rotundamente que los estudiantes estén siendo influenciados por sus profesores, tal como lo sugirió el presidente.