Narcotraficantes que se disputan territorio para traficar drogas, armas, dinero y migrantes en la frontera del estado de Sonora con Arizona, entre México y Estados Unidos, usan vehículos ‘monstruo’ con blindaje artesanal para sus batallas con el Ejército y otros grupos criminales.

Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora explicó este sábado a EFE que estos vehículos cuentan con placas de acero y blindaje ‘hechizo’ (improvisado), lo que brinda protección a los sicarios en los enfrentamientos armados.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, aparece en los registros del Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en ingles) bajo el número de registro 27102-511. 

De acuerdo con la información proporcionada por el BOP, ‘El Mayo’ fue trasladado al mismo centro de detención en Nueva York en el que se encuentra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón.

Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrán desechar los amparos con los que Grupo Elektra busca evitar el pago de créditos fiscales que suman más de 34 mil millones de pesos.

De acuerdo con las listas judiciales el próximo 2 y 9 de octubre, los amparos de Elektra serán discutidos por la Segunda Sala.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó reducir la edad a la que los jueces y magistrados federales podrán adelantar su jubilación o pensión antes de que entre en vigor la reforma judicial.

Fuentes federales confirmaron que el jueves el Pleno del CJF, del que forman parte consejeros designados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para modificar las normas con el propósito de adecuar el retiro de los jueces y magistrados federales a la Ley del ISSSTE.

“¡Alto al crimen organizado! ¡Alto a los desplazamientos forzados! ¡Alto a los asesinatos! ¡Alto a la narcopolítica! ¡Basta de tantos asesinatos por el crimen organizado!”, fueron las consignas de más de 30 mil personas -según organizadores- de distintas religiones en la capital de Chiapas.

Convocados por las tres Diócesis del estado -de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez- indígenas de la región selva y Altos, se unieron en una marcha-peregrinación a la población mestiza del centro y de la costa del estado; y con personas de distintas religiones, y con quienes no profesan ninguna.

El proceso legislativo para aprobar la reforma al Poder Judicial culminó este viernes 13 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados declaró su constitucionalidad y la envió al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En una sesión que duró poco más de diez minutos, en la que no hubo oradores y resaltó la ausencia de los partidos de oposición, la Cámara de Diputados declaró la validez de la reforma, luego de que el Senado y 23 congresos estatales también le dieron el visto bueno.

Daniel Bautista Vásquez, quien contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue localizado muerto después de nueve días de permanecer desaparecido, razón por la que el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y los familiares exigen el esclarecimiento del caso.

Tras el anuncio gubernamental del retorno a sus comunidades de más de 200 personas desplazadas por la violencia en la región de Tierra Caliente, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán advirtió que todavía no existen condiciones de seguridad para el regreso de las familias.

En rueda de prensa realizada el martes, el secretario general de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que los habitantes que huyeron en agosto de las localidades La Colonia, El Caracol, La Luna y Garachico, municipio de Buenavista —que habían encontrado alojamiento en un albergue de Tancítaro—, ya se encontraban nuevamente en sus lugares de origen.

Tras concluir la audiencia formal de procesamiento de El Mayo, el abogado, al contestar al cuestionamiento de Proceso, no rechazó que ya estén negociando un acuerdo que beneficie a su defendido.

Sin legisladores de oposición y con la presencia de Miguel Ángel Yunes Márquez en el Pleno, los legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo declararon la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial,. 

En la ceremonia de declaración de constitucionalidad de la reforma, que duró 10 minutos, estuvieron presentes 82 senadoras y senadores, incluido el veracruzano Yunes Márquez. Los legisladores calificaron la sesión como histórica y lanzaron vivas al presidente Andrés Manuel López Obrador, con pancartas impresas con la leyenda “¡El pueblo manda!”.

La senadora Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República y próxima consejera jurídica de la presidencia de Claudia Sheinbaum, minimizó la suspensión otorgada por un tribunal federal en contra de la publicación del decreto de reforma al Poder Judicial.

Minutos antes de que el Senado de la República sesionara para realizar el conteo de las 23 Legislaturas locales que avalaron la reforma judicial, Ernestina Godoy declaró que es improcedente la suspensión otorgada por un tribunal colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima.

La reforma judicial impulsada por el Ejecutivo y avalada por el oficialismo en el Legislativo dejó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) profundamente divididos, con tres de ellas con la intención de mantenerse en la nueva configuración del máximo tribunal.

Se trata de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes no sólo se pronunciaron a favor de la reforma judicial, sino que ya alzaron la mano para ser candidatas durante la elección de juzgadores por voto popular.

Un tribunal federal ordenó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no publicar la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para evitar que entre en vigor.

El Tribunal Colegiado en el estado de Colima modificó una suspensión provisional que había sido concedida anteriormente por el Juez Segundo de Distrito en la entidad.