“Si el gobierno es incapaz de hacer valer nuestros legítimos derechos, que asuma su responsabilidad de indemnizarnos económicamente”, reclaman.
La Selva Lacandona está siendo penetrada por organizaciones criminales de diversos orígenes, afectando severamente la vida de las comunidades, “nuestro territorio es especialmente codiciado para sus negocios y actividades ilícitas, por eso no les conviene que haya comunidades organizadas y progresando de acuerdo a sus modelos de vida vinculados al respeto a la vida y la Madre Tierra”.