En Culiacán la violencia sigue su curso desde el lunes 9 de septiembre, cuando comenzó la guerra entre las facciones de los Chapitos y los Mayitos, grupos de los hijos de los capos Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” e Ismael Zambada García “El Mayo”.

La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abrió tres nuevas consultas en el Pleno del Máximo Tribunal del país para revisar la procedencia de diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma judicial.

Los tres recursos fueron presentados por diversos funcionarios adscritos al Poder Judicial de la Federación (PJF) y personas juezas y magistradas del país que solicitaron a la SCJN revisar la constitucionalidad del decreto de reforma publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denunció este 19 de septiembre que, en los últimos meses, sus integrantes han sufrido un incremento de la violencia en su contra, “allanamiento, amenazas de muerte, difamaciones, seguimiento como los actos más frecuentes”.

Sin apoyo de la oposición, Morena y aliados aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La mayoría calificada de los partidos de la Cuarta Transformación logró 362 votos a favor de la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por 133 en contra.

La Guardia Nacional registró mil 772 quejas en su contra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde su creación, en 2019,  hasta julio de 2024, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos de la institución. Las principales quejas fueron por detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; tortura; privación de la vida y desaparición forzada, en ese orden. 

Entre las quejas contra los uniformados hay registros de uso indebido de la fuerza que resultó en la muerte de personas, incluyendo una mujer embarazada que viajaba con su pareja en Jalisco.

El supuesto policía federal que declaró contra Genaro García Luna en una Corte de Nueva York y aseguró haberlo visto reunirse con integrantes del Cártel de Sinaloa en la carretera de Cuautla, Morelos, Francisco Cañedo Zavaleta, nunca trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública federal. Al contrario, cobraba al mismo tiempo en el gobierno de la Ciudad de México y en la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace una década en Iguala, Guerrero, afirman que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso construir su propia “verdad histórica” del caso al sostener que el Ejército ya entregó toda la información de ese episodio y que los militares mexicanos son víctimas de una campaña internacional de descrédito.

Para Bernabé Abraján y Clemente Rodríguez, padres de dos de los estudiantes desaparecidos, la decisión de López Obrador de respaldar al Ejército en su negativa de entregar los 800 folios de información sobre el caso Ayotzinapa que la institución castrense mantiene ocultos es una muestra del poder que tienen los militares.

El 16 de septiembre de 2024, Jorge Alejandro Palau Hernández rindió protesta como nuevo titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, pese a que el funcionario es señalado dehaber golpeado a migrantes cuando fungió como encargado de la estación migratoria Siglo XXI, de Tapachula, Chiapas.

Palau Hernández, quien se desempeñaba desde 2023 como encargado de la estación migratoria en la capital del paísllegó a Tijuana, para sustituir a David Pérez Tejada, a quien se le solicitó la renuncia desde oficinas centrales a mediados de agosto, sin que se conozca el motivo del cambio. 

Antes que concluya su administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere amarrar sus principales reformas, comprometiendo con ello el programa de desarrollo de la futura titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta semana, particularmente con la reforma de la Guardia Nacional que los diputados “discuten”, es un decir, pues, ya que les dicen cómo votar, estén o no de acuerdo, sean o no oficialistas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer este viernes que mantendrá sin estímulo fiscal a la gasolina Magna o “verde” de octanaje bajo, por tercera semana consecutiva, según consta en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el documento, en el periodo comprendido del 21 al 27 de septiembre, la dependencia también dejó sin este beneficio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina Premium y al diésel, por lo que se pagará la totalidad del mismo de los combustibles.