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Se desmorona existencia de Los Zodiaco tras liberación de hermanos Cortez Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO: Los hermanos Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta –sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, presunto jefe de la banda de Los Zodiaco– fueron absueltos de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, informó la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH).

De acuerdo con la toca penal 215/2015, el pasado 25 de febrero el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, resolvió a favor de la apelación que los hermanos Cortez Vallarta promovieron en contra de la sentencia definitiva que en su contra había emitido el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit.

En un escueto texto que aparece en su sitio en internet, la LMDDH señala además que dicho tribunal unitario resolvió “convalidar la vista al agente del Ministerio Público por posibles actos de tortura” en contra de ambos hermanos.


Juan Carlos y Alejandro fueron detenidos el 7 de mayo de 2009 junto con René Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, quien a su vez fue apresado junto con la ciudadana francesa Florance Cassez el 8 de diciembre de 2005 mediante un montaje orquestado por la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo titular fue Genaro García Luna.

Posteriormente, el 27 de abril de 2012, fueron detenidos dos miembros más de esta familia: Mario Vallarta y Sergio Cortez.

Cassez –cuyo caso tensó las relaciones diplomáticas entre México y Francia– fue liberada en enero de 2013 mediante un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el proceso judicial en su contra debido a que estaba plagado de irregularidades.

Pese a que los casos de los miembros de la familia Vallarta derivaron del mismo montaje y en los que también existieron violaciones al debido proceso y a los derechos humanos –incluidas torturas–, la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo las acusaciones en su contra y éstos continuaron recluidos en cárceles de alta seguridad.

“La familia Vallarta sigue siendo víctima de la fabricación y montaje de la banda que nunca existió: Los Zodiaco”, dice el texto de la LMDDH. Y señala que “todos fueron torturados y dispersados en diferentes penales federales, acción que imposibilita la defensa adecuada y que sus familiares realicen gastos que no están dentro de sus posibilidades para poder visitarlos”.

En septiembre pasado los hermanos Cortez Vallarta fueron sentenciados a 33 años de prisión por el secuestro de Ezequiel Elizalde –cuyas declaraciones ministeriales en contra de Cassez y los Vallarta contienen múltiples contradicciones–, así como por delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los hermanos apelaron dicha sentencia. El pasado 15 de febrero el Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Distrito de Circuito los absolvió por los primeros dos delitos, pero mantuvo la sentencia de tres años de cárcel por el tercero: portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Debido a que ambos llevaban siete años en prisión, su liberación fue automática.

–¿Qué significa esta liberación para el caso de los Vallarta? –se le pregunta a la periodista belga Emmanuelle Steels, autora de El teatro del engaño, libro que documenta las irregularidades procesales y las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los miembros de la familia Vallarta.

“El hecho de que se hayan caído los cargos del secuestro de Ezequiel Elizalde y de delincuencia organizada pone en tela de juicio la sola existencia de la banda de Los Zodiaco. Los hermanos Cortez Vallarta fueron detenidos en 2009 para demostrar que existía esa banda y lo que se demuestra ahora es que esa banda no existe”, responde Steels.


Y señala que hasta ahora sólo existen dos sentencias relacionadas con la supuesta banda de Los Zodiaco: la resolución de la SCJN que tiró el montaje orquestado por García Luna en 2005, y esta sentencia absolutoria que libera a los hermanos Cortez Vallarta. “No hay ninguna sentencia para los demás miembros de esta familia, ni siquiera para Israel Vallarta. Pero las dos sentencias ya emitidas van en el sentido de que esta banda no existió”, sostiene Steels.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HOMERO CAMPA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433632/se-desmorona-existencia-los-zodiaco-tras-liberacion-hermanos-cortez-vallarta

Dan 22 años de cárcel a militares que asesinaron a joven en 2011

MONTERREY, NL: Un juez penal sentenció a 22 años de prisión por el delito de homicidio calificado a cinco militares que participaron en el asesinato del joven Jorge Otilio Cantú Cantú, la madrugada del 18 de abril del 2011, al sur de esta capital.

El doctor Otilio Cantú González, padre de la víctima, informó esta noche que ya recibió la notificación de la condena dictada el viernes 11 en contra de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adscritos a la Policía Militar: Francisco Pérez Pérez, Rubén García Díaz, José Manuel Dolores Luna, Gaudencio Heraclio Moreno y Roberto Guadalupe Rodríguez Aldama.

Todos ellos permanecerán encerrados en la prisión militar de la Primera Región con sede en la Ciudad de México, hasta que el juez de distrito especializado en ejecuciones de penas en turno les precise el centro de reclusión donde compurgarán la pena impuesta.

Por delito contra la administración de la justicia cometido por servidores públicos, en la modalidad de alterar indicios, vestigios o huellas del hecho delictuoso, recibieron sentencias de cuatro años de prisión los exsoldados Carlos Fidel Flores Ábrego y Roberto de Jesús Mellado.

A éstos se les condenó por “sembrar” un arma a la víctima. No estuvieron en prisión, dijo el doctor Otilio, pues su delito, de acuerdo con la ley, fue menor aunque, según la sentencia, quedaron imposibilitados para regresar al Ejército.

El doctor Otilio informó que la sentencia definitiva del proceso penal 158/2012, fechada en Monterrey, fue por el delito de homicidio calificado con ventaja y alcanzó los 22 años y 6 meses de prisión.

El juez Sexto de lo Penal, Rafael Rodrigo Cruz Ovalle, dictaminó la condena y con ello puso fin a los cuatro años 10 meses y 28 días durante los que la familia de Otilio Cantú Cantú buscó justicia.

“Me parece que es la primera vez que un juez dicta sentencia por homicidio calificado contra elementos del Ejército Mexicano. Al menos nos queda la tranquilidad a mí y a mi familia de que existen jueces todavía con dignidad y honor”, dijo esta noche en un comunicado que difundió.

El día de los hechos, en el cruce de las calles Puerto San Blas y Lázaro Cárdenas, de la colonia Las Brisas, Jorge Otilio se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado por cuatro camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, que formaban el Grupo Caimán, integrado por 24 militares que hacían trabajo de policía estatal.

Los soldados alegaron que el joven fue confundido con un pistolero y lo acribillaron, por lo que la Procuraduría local abrió la averiguación previa penal 73-2011.11-1. Más tarde fueron arraigados los siete ahora sentenciados.

Inicialmente, el 14 de mayo, la jueza Rosalinda Zapata Leal giró orden de aprehensión por homicidio contra cinco soldados, y por actos contra la justicia contra los otros dos, y el 17 otorgó un auto de formal prisión contra estas mismas personas.

Sin embargo, la jueza declinó la competencia y envió el caso al Tribunal Militar.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos también se excusó de dar seguimiento al caso, mediante acuerdo CEDH/077/2011, y lo remitió a la CNDH, que abrió el expediente CNDH/2/2011/4942/Q.

Por esta investigación, la CNDH emitió la recomendación 73/2011.

A lo largo de los años, el caso circuló entre juzgados civiles y militares hasta que fue tomado por el juez Cruz Ovalle, quien determinó la sentencia definitiva.

Al dar conocer la sentencia, el doctor Otilio se dijo conforme, pues “cuando menos hubo un juez que tuvo los huevos para sentenciar por homicidio calificado a los elementos del Ejército. Estoy analizando todo el expediente, pero hasta donde he leído me parece que el juez Cruz Ovalle hizo una sentencia, no con los años que yo hubiera querido, pero al menos tuvo los pantalones para dar esta sentencia”.

FUENTE: PROCESO.

Moreno Valle quiere heredar deuda por indemnizaciones de burócratas, acusan

PUEBLA, Pue: Exburócratas del gobierno estatal tomaron este día de manera simbólica las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes de Puebla para reclamar el “servilismo” que esa representación ha mostrado ante los despidos “masivos e injustificados” que ha llevado a cabo la administración de Rafael Moreno Valle.

El Abogado Abelardo Cuéllar, asesor del Movimiento de Trabajadores en Digna Resistencia, recordó que hace justo un año, un total de mil 500 burócratas fueron notificados, de un día para otro, que ya no trabajaban para el gobierno estatal sin que hubiera justificación alguna y sin que se les cubriera la indemnización que por ley les correspondía.

En total, refirió, en lo que va de la administración panista entre 10 mil y 15 mil trabajadores han sido despedidos en condiciones similares y en su mayoría han recurrido a los tribunales para pedir su reinstalación y el pago de sus salarios caídos o la indemnización que les correspondía por el despido.


Advirtió que de manera “deliberada”, los juicios laborales que han presentado esos exburócratas han sido alargados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para evitar resolver en el actual sexenio.

“Esa maniobra tiene como principal objetivo que la administración que llegue a gobernar a partir del próximo año se va a quedar con la deuda millonaria por el pago de indemnización a los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente”, explicó.

Sin dar cifras de a cuánto podría ascender este pago, recalcó que la cantidad de juicios laborales heredará Moreno Valle al gobierno entrante, representará un grave problema para las finanzas estatales.

Además, Cuéllar consideró que se tendrá que fincar responsabilidades tanto a los funcionarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que se ha prestado para alargar los juicios, como para los que materializaron los despidos sin que se siguiera ningún procedimiento legal.

Martha Rodríguez Salinas, representante de los exburócratas, señaló que en su caso ella tenía 30 años de servicio en el gobierno estatal, cuando se le informó, sin más, la rescisión de su contrato.

“Fui despedida por protestar por una reforma que hizo Moreno Valle a la Ley de los Servidores públicos y porque yo era aspirante a la Secretaría General del Sindicato (de burócratas) y como no convine a los intereses del señor porque yo no me iba a someter a su voluntad, me despidió”, recordó Rodríguez.

De hecho, refirió que en ese entonces no sólo ella fue cesada sin mayor explicación para evitar que participara en el proceso interno, sino que también fueron despedidos todos los demás trabajadores que tenían algún interés por la dirigencia sindical.

Indicó que luego de eso, el mandatario puso al frente del sindicato a alguien “a modo” como Rosalía Barranco, quien se abstuvo de defender los derechos de los trabajadores que fueron cesados en los próximos meses de manera masiva.

Marco Antonio Manzano, quien fue rescindido con 38 años de trabajar para el gobierno estatal, dijo que tienen la certeza de que los juicios laborales que han entablado serán ganados porque se cometieron múltiples irregularidades, “Sabemos que este es un proceso de resistencia y paciencia, pero que al final vamos a ganar”, manifestó.

Acusó a la dirigente sindical, Rosalía Barranco, de actuar a favor del gobierno estatal en vez de representar los intereses de los trabajadores.

Como prueba de ello, comentó que los 200 exburócratas que accedieron hace un año a llegar a un acuerdo con la administración estatal para firmar su retiro voluntario -con lo que renunciaron a su derecho a presentar una demanda laboral,- hasta la fecha no han recibido ningún pago por pensión o jubilación.


Los trabajadores colocaron mantas afuera de las oficinas del Sindicato ubicadas en la colonia Maravillas de esta ciudad y anunciaron que llevarán a cabo más movilizaciones en los próximos días.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433630/acusan-intencion-moreno-valle-heredar-deuda-millonaria-indemnizaciones-burocratas

Pedir permiso y videos en diferido: 8 claves para regular el uso de Periscope en funcionarios

La Asamblea Legislativa del DF discutirá durante un mes y medio la propuesta de protocolo elaborada por el InfoDF. La delegada de Miguel Hidalgo critica que se trata de un “protocolo prohibicionista”.

Los funcionarios de la Ciudad de México que busquen a través de herramientas como la aplicación de video en directo Periscope evidenciar públicamente a un ciudadano que haya sido sorprendido violando la ley, sólo podrán hacerlo si le piden autorización y éste les da su consentimiento, y si cumplen una serie de medidas como no transmitir el video en directo, o difuminar el rostro del presunto infractor.

Estas son algunas de las claves que plantea el borrador del Protocolo de Atención para Funcionarios para Uso de Redes Sociales que presentará este miércoles el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del DF (INFODF) en la Asamblea Legislativa del DF, donde diputados, jefes delegaciones, académicos, e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), lo discutirán durante un mes y medio.

Los ciudadanos también podrán participar enviando sus opiniones y recomendaciones a través de su portal de internet www.infodf.org.mx, informó el instituto en un comunicado.

Las instituciones involucradas mantendrán informada a la sociedad sobre los avances del proceso de elaboración de las directrices para el uso de plataformas digitales por parte de las personas servidoras públicas.

Cabe recordar que la presentación de este protocolo se produce a raíz de que la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) pidió a la delegación Miguel Hidalgo y a otras nueve demarcaciones de la capital del país que dejen de difundir los rostros de las personas y sus datos personales a través de las redes sociales, en particular a través de la aplicación Periscope.


La petición de la CDHDF se produjo al considerar que las personas que son exhibidas en Periscope –en operativos como ‘vecino gandalla’, donde el City Manager de la delegación, Arne aus Den Ruthen, ha exhibido tanto a ciudadanos que tiran la basura en la calle, como a escoltas prepotentes y agresivos, o a policías y funcionarios corruptos-, pueden ser víctimas de violencia en las redes sociales.



Animal Político entrevistó al comisionado del INFODF, a diputados locales, y a la jefa delegacional de la Miguel Hidalgo para analizar las claves del protocolo que regula el uso de Periscope en funcionarios de la Ciudad de México:

1.- Antes que nada, pedir permiso al infractor

Mucio Israel Hernández, comisionado presidente del INFODF, explicó que “la piedra angular de la propuesta” es la protección de los datos personales y del derecho a la privacidad de los ciudadanos. Por lo que antes de que un funcionario difunda por Periscope, o a través de cualquier otra red social, las imágenes de un ciudadano violando la ley, éste deberá obtener su consentimiento para transmitir las imágenes.

No obstante, el comisionado matizó que se plantean “excepciones”. Por ejemplo, cuando se trate de un evento masivo de carácter público el funcionario quedará exento de pedir autorización a todos los asistentes para difundir las imágenes.

“Lo que propone el protocolo es que se pueda difundir una imagen de un ciudadano solamente si tenemos el consentimiento de la persona”, resumió la propuesta Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del DF, quien subrayó que con esta medida “se busca evitar la estigmatización” de quien cometa una infracción en las redes sociales.

2.- No a las transmisiones en tiempo real sin consentimiento

Los funcionarios ya no podrán denunciar en tiempo real vía la aplicación Periscope, ni tampoco a través de otras redes sociales.

En este apartado, Mucio Israel matizó en una entrevista con Radio Fórmula que para poder transmitir en tiempo real “la información concernida a una persona se tiene que tener el consentimiento de ella” y que las autoridades puedan “recabar datos personales en su función pero nunca difundirlo si no hay un tema de consentimiento”.

3.- No evidenciar datos personales del ciudadano infractor

El comisionado explicó que otro de los objetivos del protocolo es evitar que se exhiba al ciudadano publicando sus datos personales, por ejemplo, dando a conocer su nombre y apellidos, o divulgando la dirección exacta de su domicilio, o la matrícula de su coche.

4.- Evitar abusos de poder

El protocolo buscará que el manejo de la información sea equilibrado y objetivo, para evitar que se produzcan casos de abuso de poder por parte de algún funcionario que evidenciando a un vecino quiera sacar ventaja personal o institucional.

5.- Información que no fomente la discriminación

Otro de las claves de la propuesta para regular el uso de Periscope, es que la información que se publique por parte del funcionario promueva la inclusión y la no discriminación bajo ningún motivo (por origen étnico, orientación sexual, etcétera).

6.- Servidores plenamente identificados

Por su parte, Ernesto Sánchez, diputado del grupo parlamentario del PAN en la ALDF, agregó que otra de las claves del borrador es que el funcionario que grabe a ciudadanos violando la ley deberá identificarse plenamente como servidor público.

7.- Periscope siempre en espacios públicos

Sánchez señaló que el protocolo instruye a los funcionarios para que las grabaciones se hagan siempre en espacios público –la calle-, y nunca en espacios de uso exclusivamente privado del ciudadano –por ejemplo, domicilios de particulares-.

8.- Que fomente las buenas prácticas en la comunidad

Por último, el diputado panista señaló que otro de los objetivos que propone el protocolo es que, además de exponer a los vecinos que infrinjan la ley, en los videos de los funcionarios también se dé a conocer aquellos casos en los que se pagó la infracción o se subsanó la falta administrativa, con el fin de incentivar las buenas prácticas en la comunidad.

¿El fin del uso de Periscope? Sí, pero con matices

Sobre el punto del consentimiento, Animal Político cuestionó a Víctor Hugo Romo, diputado en la ALDF, si esto supondrá, por ejemplo, que funcionarios como Arne aus den Ruthen ya no puedan evidenciar infracciones en Periscope si no obtiene el consentimiento del infractor. A lo que el diputado local respondió matizando que existen “sistemas de degradación de imagen y de voz” que la propuesta está analizando, “para que los funcionarios puedan hacer su trabajo sin que esto genere denuncias ante Derechos Humanos”.

“Es decir, de lo que se trata es que si el funcionario quiere evidenciar un hecho que está cometiendo una persona concreta, pues tendrá que evitar algunas cosas como publicitar la placa del vehículo, difuminar la cara del ciudadano, degradar su voz, o no ubicar el número del domicilio de la persona. Y todo esto para evitar generar odio o escarnio”, expuso el el diputado del PRD, quien subrayó que “el Estado no debe generar humillación a sus miembros, sino tratar a sus gobernados con dignidad”.

“Es un protocolo prohibicionista”

Por su parte, la jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, consideró que el hecho de tener que preguntar a un presunto infractor por su consentimiento para hacer una denuncia pública en Periscope “suena un poco estúpido”.

“Creo que la gente que está haciendo este protocolo no tienen la experiencia ni saben cómo funcionan realmente las redes sociales”, criticó Gálvez en una entrevista en la que declaró que, en su opinión, “estamos ante un protocolo totalmente prohibicionista y que coarta la libertad de expresión”.

“Es un protocolo en el que no se están ponderando los derechos humanos de mis vecinos que son víctimas de la violencia de los guardaespaldas prepotentes, o de quien tira basura en la banqueta”, recalcó la funcionaria, quien recordó que gracias a Periscope la ciudadanía pudo conocer varios “casos simbólicos”, como cuando en febrero de este año unos escoltas golpearon a Arne aus den Ruthen y le robaron su celular cuando éste les pidió que retiraran sus vehículos mal estacionados.

“Sigo sosteniendo que cuando se hacen cosas ilegales en la calle, como golpear a ciudadanos, la Asamblea del DF debería permitir que se graben esas acciones para evitar que vivamos en la ley de la selva”, insistió la jefa delegacional, quien dijo que no necesita un protocolo para saber que, como funcionaria, está obligada a respetar los derechos humanos de la ciudadanía.

En cuanto a si continuará usando Periscope de aprobarse el protocolo que discutirán entre marzo y abril los diputados de la ALDF, Xóchitl Gálvez recordó que éste es solo una recomendación para su uso, ya que “no tiene carácter vinculante”. “Hasta que la Asamblea aprobara una Ley en la que ya se nos prohíba el uso de esta herramienta, creo que sigo teniendo facultades para continuar utilizándolo”.


Lo que si ya no volverá a hacer, dijo en un tono informal Gálvez, es emitir un Periscope en una fiesta privada. Esto, luego de la polémica originada por la transmisión en vivo que realizó el pasado sábado en la fiesta de 75 años del panista Diego Fernández de Cevallos, a la que asistieron, entre otros, los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón, y otras personalidades como el magnate Carlos Slim.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/pedir-permiso-y-videos-en-diferido-las-8-claves-para-regular-el-uso-de-periscope-en-funcionarios/

General Cienfuegos: “El Ejército debe salir de las calles; fue un error entrar en esa guerra”

Salvador Cienfuegos Zepeda reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a su cargo, ha cometido errores en el combate al crimen organizado. “Uno de ellos fue cuando entramos de lleno al combate a las drogas, hacer un lado a la policía, porque muchas policías estaban comprometidas y se habían corrompido y entonces hicimos a un lado a las policías y nos quedamos con un problema que no nos toca, que no nos corresponde”, dijo el General Cienfuegos en entrevista con Pulso.

El General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que la entrada de los militares a la lucha contra el narcotráfico fue un error. El Ejército, dijo, debió resolver un problema “que no nos tocaba”, debido a que las corporaciones estaban corrompidas.

En entrevista con Pulso/SinEmbargo, el comandante de las Fuerzas Armadas consideró que los repuntes delictivos actuales no son graves. Aseguró que si bien ha habido repuntes en la incidencia criminal, la entidad ha mejorado sus índices de seguridad, ocupando los últimos diez sitios en materia de incidencia delictiva.

El titular de la Sedena también fue entrevistado en la Reunión de Seguridad de la Zona Noreste, celebrada la tarde del lunes en Torreón, Coahuila. Allí comentó que esa reunión permitió “ver donde hay avances, donde no estamos avanzando a la velocidad que queremos y en qué puntos los problemas tienen que ser vistos con mas acuciosidad y replantear las estrategias, ponernos de acuerdo, el Gobierno Federal, con los gobiernos locales y de esta manera, seguir avanzando, debo decir que aquí, en esta región, es quizá la región donde mas se ha avanzado, era la región con mayores problemas, hoy es la región que más ha avanzado en los índices para que la ciudadanía tenga mejores condiciones de seguridad”.


Se le preguntó qué tan confiable es el Ejército mexicano en materia de seguridad. “Creo que no me corresponde decirlo a mí –dijo–, pero las encuestas eso dicen y las encuestas no las hacemos nosotros, hablo de las fuerzas armadas en general, entre ellas el Ejército que sigue siendo una institución bastante confiable, Sí me gustaría advertir y dejar en claro que las instituciones armadas del Ejército, Fuerza Aérea Armada estamos apoyando a las autoridades policiacas, no somos policías, estamos apoyando con nuestros medios, con nuestros recursos, la labor de los policías, ayudando a capacitarlos, ayudando a los gobiernos para que sus índices de delincuencia bajen, se estabilicen, el gobernador Juan Manuel Carreras decía que a veces pareciera que vamos bajando los índices y llega un momento en que no pueden bajar más, como aquel que tiene una dieta, que ya no puede adelgazar más, en eso estamos queriendo adelgazar, sí somos una institución confiable, queremos seguir siendo una institución confiable, nuestro compromiso es seguir trabajando hasta que las policías puedan cumplir con sus responsabilidades”.

—¿Es una responsabilidad del Ejército ser más transparentes, ante la falta de credibilidad que pudiera tener la sociedad de las Fuerzas armadas en algunos momentos?


–No sé si estamos hablando de una incongruencia, porque si somos los más confiables, ¿cómo no podemos ser los más creíbles? Pienso que el Ejército es una institución creíble, y en cuanto a transparencia, me gustaría que lo consultaran con la Secretaría de la Función Pública, la Sedena, está considerada hoy, como la institución federal más transparente, sí estamos obligados y todo mundo a ser transparentes, es algo que tenemos que seguir avanzando, creo que los problemas que nos han lastimado tanto, son la corrupción acompañada de la impunidad, en la Secretaría de la Defensa Nacional, no permitimos ningún tipo de desviación, estamos enfrentándolo y hoy estamos siendo considerados, como quizá, la dependencia que más transparencia ha logrado en estos últimos tres años.


—¿En el combate al crimen organizado, la Sedena ha cometido errores?

–Claro que hemos cometido errores, uno de ellos fue cuando entramos de lleno al combate a las drogas, hacer un lado a la policía, porque muchas policías estaban comprometidas y se habían corrompido y entonces hicimos a un lado a las policías y nos quedamos con un problema que no nos toca, que no nos corresponde, nuestra labor es de apoyo a las policías. Otro error, yo no lo llamaría así, es simplemente nuestra forma de operar; nos llaman para atender un asunto y somos soldados, preparados para la guerra, nos llevan a enfrentar delincuentes que no son precisamente combatientes, y esa diferencia de capacitación en el Ejército con la no capacitación de estos delincuentes, pues ha hecho que tengamos problemas serios y que hemos ido superando, otro problema que tuvimos, que considero un error, fue enfrentar a los delincuentes, en horas de día, cuando la gente está en las calles y eso ocasiona que haya muchos inocentes que resultan lastimados, eso lo hemos ido reduciendo, hoy prácticamente, no tenemos lo que se llamaba ya víctimas colaterales, hoy prácticamente no las tenemos, cuidamos mucho que no lastimemos a inocentes, en los problemas donde enfrentamos a los delincuentes.

—¿Es usted de la opinión de que el Ejército ya no debiera patrullar las calles?

–Soy de esa opinión. El Ejército no está destinado para las labores que hoy hace. Ninguno de los que tenemos responsabilidad en mandos en la institución, nos preparamos para hacer funciones de policía, no lo hacemos, no lo pedimos, no nos sentimos a gusto, no estamos cómodos con la función, hoy lo reitero, pero también digo que estamos conscientes que si no lo hacemos nosotros, no hay quién lo haga en este momento, y es una orden que tenemos del Presidente, respaldada por la propia Constitución, estamos cumpliendo con la orden, y cuando a nosotros se nos da una orden, la cumplimos de la mejor manera en que podamos, es lo que estamos haciendo, no somos de la idea de seguir siendo policías, pero mientras no esté capacitada en la responsabilidad que deben de tener los cuerpos policiacos, seguramente, tendremos que seguir en esto.

—¿Cómo está la moral de la tropa? Los últimos casos como Tlatlaya e Iguala donde se hacen señalamientos en contra del Ejército.

–Las cosas se toman de quienes vienen, ver Tlatlaya ¿qué le digo de Tlatlaya? Ahí participaron siete militares contra 22 personas que…pues alguien tiene que ver si eran delincuentes o no, pero estaban armadas con armas de uso exclusivo y, no hace mucho, hará unos quince días, un Tribunal Unitario, confirmó la libertad de cuatro de ellos, sin alguna responsabilidad y los otros tres, están en ese momento judicial en donde se determina si tienen responsabilidad o no, mi percepción, lo que yo creo, es que también van a salir libres, porque no son responsables de nada en Tlatlaya, y si eso lo dice un juez, no los medios, no otras personas, sino un juez que es la autoridad que lo debe decir, debemos entender que eso es lo correcto, yo espero y tengo confianza que estos tres que siguen en prisión, puedan recuperar su libertad, porque son inocentes hasta donde yo entiendo; Ayotzinapa, ahí no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad, si fuera así, ya nos hubieran acusado, estuviéramos denunciado, estaría algún soldado, algún jefe en la cárcel, no hay nadie, los expertos que están en México auxiliando al Gobierno para encontrar la verdad de todo esto, acaban de decir la semana pasada que ellos nunca han acusado al Ejército que tenga algo que ver, hay otros que lo dicen y quienes lo reproducen y hay quien lo cree, pero no tenemos responsabilidad desde mi punto de vista, ni en lo de Tlatlaya ni en lo de Iguala, entonces que haya señalamientos, no puedo hacer más, las redes hoy son incontrolables, cada quien puede decir lo que crea y yo digo lo que creo.

—Esos señalamientos ¿merman la moral del Ejército Mexicano, cómo lo siente?


–Bien, a donde voy hablo con la gente, todos los funcionarios de la Secretaría salen constantemente a hablar con la gente, a escucharlos, ver cuál es su situación, qué es lo que hace falta, ponerles atención, hoy nuestros soldados tienen buenas instalaciones tienen buen equipo, tienen buen material, aeronaves, vehículos para cumplir con sus funciones, tenemos protegidas a sus familias, tienen la posibilidad de vivir en las unidades habitacionales militares o bien adquirir un préstamo hipotecario y hacerse de una casita, tenemos una seguridad social envidiable, nosotros tenemos 46 hospitales en todo el país y que todos ellos cuentan con personal muy profesional y capacitado que los atienden. Tenemos becas para sus hijos, es decir, los soldados están bien, yo quisiera comentar, hace dos sexenios, tres, en seis años, teníamos que cambiar casi a 180 mil de tropa que desertaban, que no querían estar, hoy en tres años, no llegamos a 6 mil bajas por esos motivos, eso demuestra que los soldados están a gusto.

FUENTE: SIN EMBARGO, PULSO.
AUTOR: REDACCIÓN, OLIVER GUEVARA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-03-2016/1636596

Detienen a nueve extranjeros por pornografía y abuso sexual contra menores

MEXICALI, BC: En el condado Imperial, limítrofe con Mexicali, agentes federales capturaron a nueve sujetos (un canadiense y ocho estadunidenses), entre ellos un integrante de la Guardia Nacional, acusados de pornografia infantil, abuso sexual e intento de cometer actos lascivos contra menores.

La detención se realizó durante el operativo Guardián del Desierto, realizado para detectar a ciudadanos estadunidenses que viajan a la frontera con México para obtener servicios sexuales con menores de edad, previo contacto a través de las redes sociales.

De acuerdo con organismos de la sociedad civil, la zona de Tijuana, Ensenada, Mexicali y Los Algodones es considerada un corredor de explotación sexual comercial infantil en esta franja fronteriza.

En el operativo Guardián del desierto, iniciado a principios de marzo, fue capturado Jesús Echeverría, un oficial de la Guardia Nacional de Estados Unidos destacamentado en el puerto de San Diego, California, a unos 150 kilómetros al poniente de Calexico y El Centro, las ciudades más importantes del condado Imperial.

Tras nueve días de investigaciones realizadas por la Fuerza contra Crímenes Cibernéticos se logró la captura de Echeverría y los otros ocho sujetos que a través de las redes sociales buscaron y encontraron a menores de edad, de quienes abusaron sexualmente.

A principios de febrero fue capturado en el aeropuerto de San Diego un seminarista que viajo de Ohio a la frontera después de contactar a una persona que lo llevaría a un hotel de Tijuana para tener relaciones sexuales con niñas.


El seminarista nunca imaginó que su contacto era un agente encubierto de la operación Depredador.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANTONIO HERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433597/detienen-en-eu-a-nueve-sujetos-buscaban-servicios-sexuales-menores-en-mexico

El Yunque denuncia ante la PGR a Álvarez Icaza por un presunto fraude

CIUDAD DE MEXICO: La organización extremista mexicana El Yunque, que en España ya fue declarada ilegal y repudiada por la Iglesia católica, siguió con su campaña en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que busca aclarar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y hoy martes denunció penalmente a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, una de las caretas de El Yunque, la organización secreta de extrema derecha que ensalza a militares y políticos acusados de represores y criminales, como Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

La denuncia de Ortega Sánchez, uno de los máximos jerarcas de El Yunque y abogado de las familias de jefes de esta organización que fueron asesinados en condiciones no aclaradas, es por el delito de fraude por un monto de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido presuntamente por Álvarez Icaza, un activista a favor de los derechos humanos que presuntamente ambiciona ser candidato presidencial.


Según Ortega Sánchez, el Código Penal Federal tipifica como fraude la conducta antisocial consiste en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

“En este caso las víctimas del engaño son el gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes deberían ayudar al gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero, el día mencionado y el siguiente.

“Y a quien señalamos como presunto autor del fraude es a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el adendum del ‘Acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región’ y que tuvo como contraparte al gobierno federal”.

Según Ortega Sánchez, el fraude consiste en que el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano implicaba que la primera enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario, y acusa a tres de ser deshonestos, quienes tampoco han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos y, además, “han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su adendum”.

Sin embargo, el propio Ortega Sánchez ha incurrido en lo mismo que acusa como abogado del gobierno de Jalisco y de la arquidiócesis de Guadalajara, al cobrar cientos de millones de pesos por ser coadyuvante para el esclarecimiento del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en 1993, que según él fue producto de un “complot”.

Hace apenas un par de semanas el reportero habló con él sobre su papel como abogado del gobierno de Jalisco y su ataque a los miembros del GIEI.

–¿Este pago al GIEI no es semejante al que usted recibía del gobierno de Jalisco por el caso Posadas?

–Claro que no.

–¿En qué son diferentes?

–Bueno, es un pago que te hacen para intervenir en un asunto donde vas buscando la verdad y vas interviniendo directamente en la investigación. En el caso Posadas es un hecho que ocurrió en nuestro país que no ha sido aclarado, que la averiguación previa sigue abierta y espero yo que algún día podamos conocer públicamente lo que hay en esa averiguación previa, quiénes fueron los responsables.

–También el GIEI es coadyuvante, busca la verdad y recibe un pago, como usted lo recibía del gobierno de Jalisco.

–Y se tienen que atener a la crítica, como yo la recibí cuando fui abogado del gobierno de Jalisco. No me enojaba y decía que había conspiraciones en contra mía con todos los señalamientos que hubo en mi contra.

Ortega Sánchez recibió abundantes recursos públicos de tres gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) de Jalisco. Sólo en los tres primeros años del gobierno de Emilio González Márquez –otro amigo de Alvaro Uribe– obtuvo 50 cheques que sumaron 2 millones 201 mil 479 pesos, según datos oficiales.

En la entrevista, niega que haya recibido más de 5 millones de pesos en sueldos y viáticos, pero precisa que sólo tenía “una iguala” de 50 mil pesos mensuales. También con recursos públicos viajó a El Vaticano y Washington, relacionados con el caso.

“A ver: Esos asuntos, como el de Iguala, no solamente son jurídicos, son asuntos políticos y son asuntos mediáticos, y en las tres áreas tienes que defenderlos. Era parte del asunto, por lo menos así lo consideró el gobierno de Jalisco. Y yo intervine con tres gobernadores: Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González”.


En España, El Yunque se instaló desde la década de los setenta y ya fue declarado proscrito por la justicia civil, y la Iglesia católica lo descalificó, con todo y sus organismos de fachada, como organizaciones extremistas, semejantes a la que encabeza Ortega Sánchez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433593/yunque-denuncia-ante-la-pgr-a-alvarez-icaza-presunto-fraude

“Absurda”, la denuncia del Consejo Ciudadano contra GIEI, dice Vidulfo Rosales

CIUDAD DE MÉXICO: Como “absurda” y parte de la campaña de desprestigio calificó Vidulfo Rosales Sierra la denuncia penal interpuesta por José Antonio Ortega Sánchez,  presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza.

En entrevista telefónica con Apro, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que representa a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014–, señaló que “a reserva de conocer con detalle la querella, lo que se ve es que la denuncia no sólo es absurda sino que forma parte de la andanada desplegada por la derecha de este país para atacar al mensajero, en este caso los integrantes del GIEI”.

Rosales Sierra consideró que la estrategia de acusar a los expertos que investigan la desaparición de los jóvenes ocurre ante “la imposibilidad de acallar el mensaje, que es el informe del GIEI que echa abajo la verdad histórica del gobierno federal”.


El abogado de Tlachinollan recordó que “el GIEI surgió a partir de un acuerdo entre el Estado mexicano, las víctimas y la CIDH, por las medidas cautelares otorgadas por ese órgano que no tiene otro objetivo más que monitorear el respeto de los derechos humanos en la región y fortalecer las democracias en el continente”.

Al señalar que el acuerdo de creación del GIEI tiene como objetivo que el Estado mexicano reciba asistencia técnica, apuntó que esa figura ha sido utilizada en otros países como El Salvador, Guatemala y Colombia “con el único objetivo de garantizar el acceso a la verdad para las víctimas y esa asistencia técnica en todo momento es auspiciada y financiada por los Estados miembros de la OEA, como es el caso de México”.

Sobre la querella contra Emilio Álvarez Icaza, el abogado señaló que de parte de los denunciantes hay total desconocimiento de la forma de operar de la CIDH, ya que “quien aprueba la creación del GIEI son los comisionados en acuerdo con el Estado y a él no le corresponde manejar recursos”.


Al insistir en que se trata de una denuncia “absurda”, Rosales Sierra apuntó que “detrás de ella está la intención de proteger al Ejército, de evitar a toda costa que se revelen el papel que jugaron los militares la noche del 26 de septiembre de 2014”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433613/absurda-denuncia-consejo-ciudadano-contra-giei-dice-vidulfo-rosales

¿Por qué sí o por qué no al maíz transgénico en México?

"Limita la biodiversidad", dice René Sánchez Galindo; son "desarrollos necesarios para nuestra agricultura", asegura Rodrigo Ojeda.

René Sánchez Galindo, abogado de la Colectividad del Maíz, y Rodrigo Ojeda, director jurídico de Monsanto, debatieron el lunes por la noche en Aristegui CNN, sobre la reciente medida que frena la siembra con fines comerciales del maíz transgénico en México.

“Es una resolución que suspende definitivamente la siembra de maíz transgénico de carácter comercial en todo el país, es una medida precautoria. Además, condiciona la siembra experimental, la sujeta a las partes, es decir, dentro del juicio se va a evaluar la siembra experimental”, detalló Sánchez Galindo.

“Es muy importante ubicar el momento: presentamos una demanda en 2013 contra la siembra de maíz transgénico, nos otorgan una medida de carácter provisional, urgente -suspenden la siembra de transgénicos de manera provisional sin notificar a la contraparte- posteriormente nos otorgan esta medida con carácter definitivo. Nos tardamos casi 2 años en desahogar el proceso. Ahorita se resuelve en apelación la medida definitiva, quedan recursos, medios de defensa que se pueden interponer por las partes, pero es un paso muy importante, ahora nada más queda el amparo para esta medida de carácter definitivo”, precisó.

Por ahora, “no solamente celebramos la suspensión de siembra comercial, también celebramos el condicionamiento de la siembra experimental y un tipo de siembra piloto. La siembra piloto sin medidas de contención está suspendida, igual que el comercial. La siembra piloto con medidas de contención está condicionado. ¿Y qué es lo que celebramos? Los condicionamientos”, explicó.

“Antes de presentar esta demanda, no había posibilidad de intervenir en igualdad de condiciones, en el proceso de otorgamiento de permisos, tal es así que las empresas ya tenían algunos permisos experimentales y piloto. Con el condicionamiento que ahora nos permiten intervenir en igualdad de circunstancias… los pasos van a ser evaluados por el juez y la colectividad, porque la sentencia ordena que el juez podrá revocar estos permisos, o dejar de otorgarlos, de oficio y a petición de parte, nosotros somos esa parte, nosotros podemos pedir que se revoquen, obviamente a partir de las evaluaciones y condicionamientos”, refirió.

Actualmente hay 4 condicionamientos que estableció el juez, que no existían previamente, “por eso estamos celebrando, porque las siembras experimentales hoy sí nos permiten intervenir como colectivo”.

La propia sentencia establece que la ley de bioseguridad no establece que se tienen que otorgar los permisos, pueden negarse u otorgarse, recordó.

Galindo sostuvo que condicionar la siembra experimental es una medida mucho menos agresiva que la suspensión de la siembra.

Recordó que los mexicanos nos alimentamos en un 40% del maíz; “el maíz es el 40% de nuestras proteínas y calorías, en ninguna parte del mundo, el 40% de su alimentación es transgénica, sin evaluación, eso no pasa en ningún lugar”, aseveró.

-¿Por qué no al maíz transgénico en México?-, le preguntó la periodista Carmen Aristegui.

“La siembra de transgénicos limita esa biodiversidad, porque tiende a heredar a las generaciones futuras un tipo o pocos tipos de siembra, eso va en contra de nuestra comida”, acotó.

A su vez, Rodrigo Ojeda, director jurídico de Monsanto, expuso que el juicio continúa pues aún no hay una sentencia definitiva.

“Consideramos un avance que el juez haya abierto la posibilidad de sembrar de forma experimental y de forma piloto maíz genéticamente modificado”, dijo. Y mencionó que su empresa ya ha tenido permisos piloto y experimentales, “y estábamos en una fase de obtención del permiso comercial”. 

“El procedimiento de obtención de los permisos para llegar al punto donde puedes comercializar el producto, te va llevando por paso, donde la autoridad evalúa si se dan las condiciones de inocuidad, se dan las condiciones de seguridad, lo que ocurre es que habiendo analizado las constancias en el expediente, existe la posibilidad de que la autoridad otorgue permisos piloto y experimentales siempre y cuando se observen medidas de contención, medidas de bioseguridad”, detalló.

Aunque comentó que tienen razones para celebrar por un lado, consideró que “a nosotros nos parece un exceso” la medida de suspender la entrega de permisos para siembras de maíz transgénico, con fines comerciales.

“Tenemos un magistrado que toma la decisión de no aplicar la ley, lo que dice es, curiosamente y de forma inconsistencia: apliquemos la ley para permisos piloto y experimentales; pero en el caso de la siembra comercial ahí sí no voy a dejar que otorguen permisos”, comentó.

“No estamos de acuerdo con que se pongan a consulta y se condicionen los permisos”, aseguró.

“La ley de bioseguridad establece claramente que para que entre cualquier producto genéticamente modificado tiene que pasar por la evaluación de la secretaría de Salubridad”, apuntó.

Ojeda agregó que en Monsanto también están “preocupados por la salud de los mexicanos, nosotros tenemos hijos, también tenemos familias, y por supuesto que estamos de acuerdo en implementar tecnología que permita la alimentación sana, apropiada y suficiente para todos los mexicanos”.

“No se puede hacer un argumento en el que Monsanto no tiene interés en la sanidad”, consideró.

-¿Por qué sí al maíz transgénico en México?-, le preguntó al final Aristegui.


Porque “debemos otorgar las herramientas a los agricultores mexicanos para que puedan competir y para que puedan implementar desarrollos necesarios para nuestra agricultura. Al final la biotecnología no es únicamente un tema respecto de insecticidas, es un tema alimentario, es un tema que permite utilizar la tecnología en beneficio de soberanía alimentaria y en servicio de la salud de los mexicanos”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1503/mexico/por-que-si-o-por-que-no-al-maiz-transgenico-en-mexico-el-debate-en-aristegui-cnn/

Otra de guaruras, ahora en la delegación Tlalpan

Un hombre recibió tres balazos en la Colonia Miguel Hidalgo, Tlalpan, después de que le reclamó a escoltas que golpearon el espejo lateral de su auto.

Los casos de guaruras violentos siguen sumándose en la Ciudad de México, informó este martes el diario Reforma.

El domingo, un hombre recibió tres balazos en la Colonia Miguel Hidalgo, Tlalpan, después de que le reclamó a escoltas que golpearon el espejo lateral de su auto.

Los hechos ocurrieron apenas dos días después de que guaruras que resguardaban al conductor de un Ferrari atacaron a un conductor en Viaducto Tlalpan.

Según la indagatoria FBJ/BJ-1/T3/1216/16-03, Juan, de 35 años, estaba estacionándose cuando pasó una Suburban negra y golpeó el espejo del auto de la víctima.

Juan gritó “¡hazte para allá!” y, en seguida, tres sujetos altos, robustos y con corte tipo militar descendieron de la camioneta y uno de ellos se aproximó al conductor.

“¿Qué traes, hijo de la chingada?”, exclamó el guarura y abrió fuego.


La víctima recibió disparos en brazo, mano y muslo derechos, por lo cual fue llevado a un hospital de la Delegación Benito Juárez, donde se inició la averiguación previa.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1503/lomasdestacado/otra-de-guaruras-ahora-en-la-delegacion-tlalpan/

Funcionarios ya no podrán denunciar por Periscope: InfoDF

CIUDAD DE MÉXICO: El uso de Periscope representa un riesgo para los datos personales cuando son publicados en redes sociales, razón por la que los funcionarios públicos ya no podrán denunciar faltas o infracciones a través dicha aplicación, aseguró el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoDF), Mauricio Israel Hernández.


En entrevista con Radio Fórmula, el funcionario local aclaró que el uso de las tecnologías está permitido pero no en tiempo real. Por esta razón, el InfoDF determinará si se difunde o no la información de las personas sancionadas.

El anuncio del presidente del Instituto se da luego de la polémica que ha generado el llamado city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen Haag, por denunciar vía Periscope a personas que infringen la ley.


Y es que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) anunció que integra tres expedientes de queja promovidos contra el funcionario delegacional.

Hernández detalló que la decisión del InfoDF no implica “ser deterministas” o que sea una prohibición de usar esta aplicación. No obstante, dijo que la prioridad de los diputados y de la CDHDF es “generar una política pública desde las nuevas plataformas que se base en el respeto a la privacidad”.

Lo que se necesita es, añadió, “que se grabe la acción, que es una acción que a todo mundo daña, pero no hacerla identificable a una persona en particular”.


“El uso de tecnologías está permitido, se puede recabar información siempre y cuando tengas y estés apegado a tus funciones, pero no en tiempo real”, reiteró.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433586/funcionarios-ya-podran-denunciar-periscope-infodf

Contingencia es por la “expansión urbana desorganizada”: UNAM

CIUDAD DE MÉXICO: La causa real de los niveles de contaminación en la Ciudad de México es la “expansión urbana desordenada” que afecta no sólo la calidad del aire, sino también a las áreas naturales protegidas, cultivos y recursos hídricos, en resumen, a la sustentabilidad y viabilidad de la Megalópolis de México.


Así lo consideró la Universidad Nacional Autónoma de México en un comunicado en el que recomendó a las autoridades “revisar, homologar y reforzar el ordenamiento territorial en todas las entidades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)”.

También se debe generar un programa de movilidad “a escala mega metropolitana, privilegiando el transporte público seguro y de calidad”.


Este martes, a menos de 24 horas de la declaratoria de la Fase 1 de Contingencia por Ozono –luego de 14 años de no estar en emergencia–, el jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera aseguró que ésta “no es solamente responsabilidad de la capital mexicana, sino también de los contaminantes que descarga la zona conurbada y la megalópolis”.

De acuerdo con la UNAM, el fenómeno es el resultado de la presencia de un sistema de alta presión que favorece la estabilidad de la atmósfera, vientos débiles y reduce la dispersión vertical de los contaminantes. Previó que esta situación continuará en las próximas 36 horas.

El ozono, explicó, “es un producto de las reacciones fotoquímicas entre los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno, ambos emitidos principalmente por fuentes antropogénicas. Los óxidos de nitrógeno son producto de la combustión en motores, plantas de energía y fuentes estacionarias, entre otras”.

Y destacó que los compuestos orgánicos volátiles son emitidos, en su mayoría, por los escapes de los vehículos, la evaporación de gasolina y solventes de uso comercial, industrial y doméstico, de emisiones fugitivas de la industria y de gas LP de uso doméstico, y en menor medida, la vegetación.

Según la Universidad, la CAMe debe convertirse “en una verdadera y efectiva instancia de coordinación”. Añadió que los ProAire adoptados por dicha Comisión y sus entidades participantes “deberían tener componentes vinculatorios, cuyo incumplimiento debe tener consecuencias”.


A su consideración, las políticas públicas sobre calidad del aire deben estar “sólidamente respaldadas por conocimiento científico”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433603/contingencia-la-expansion-urbana-desorganizada-unam

Denuncia HRW violaciones de EU a los derechos humanos de niños migrantes

CIUDAD DE MÉXICO: La organización estadunidense Human Rights Watch (HRW) denunció al gobierno de Barack Obama por graves violaciones a los derechos contra niños migrantes que son deportados sin asistencia legal.

En un comunicado, HRW informó que presentó un amicus curiae a favor de un juicio iniciado en Estados Unidos en representación de miles de niños migrantes que litigan contra el gobierno federal debido a que “no les brinda representación legal en las audiencias sobre deportación”.

El organismo resaltó que contrario a los procesos penales, en los migratorios “no se reconoce el derecho a un abogado solventado por el gobierno para quienes no puedan solventar ese costo”, por lo que Estados Unidos “ha vulnerado sus derechos fundamentales (de los menores) protegidos por el derecho internacional”.


El recurso de respaldo al caso J.E.F.M. v. Lynch estuvo acompañado también por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colombia y el estudio de abogados Convington and Burling LLP, en tanto que alumnos de la clínica de Derecho Humanos de la Facultad de Derecho de Columbia, colaboraron en la investigación para el informe.

La investigadora sobre temas de migración de HRW, Clara Long, destacó que “en las audiencias de deportación en Estados Unidos, miles de menores están solos ante abogados gubernamentales y jueces, e intentan plantear una defensa sin asistencia de un abogado”.

Agregó que las audiencias “son extraordinariamente complejas, y perder implica la amenaza de deportación, con consecuencias potencialmente mortales”, ello porque gran parte de los menores que llegan a Estados Unidos lo hacen huyendo de la violencia en sus lugares de origen.

De acuerdo con datos oficiales reproducidos por medios de comunicación estadunidenses, entre octubre de 2014 y septiembre de 2015 fueron detenidos 39 mil 970 menores de 17 años centroamericanos, pero un año antes la cifra fue de 68 mil 541.

Pese a los obstáculos puestos a los menores, las cifras no han descendido. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre octubre y noviembre del año pasado 10 mil 588 menores no acompañados fueron detenidos con fines de deportación.

Al recordar que en el congreso de Estados Unidos está pendiente la discusión de un proyecto de ley que obliga al gobierno estadunidense a proporcionar abogados a los menores migrantes no acompañados, HRW puntualizó que fue a partir de 2014 cuando el Departamento de Justicia comenzó deportación de niños en los tribunales de inmigración por la vía rápida.

“Desde entonces la justicia ha impuesto la deportación de miles de niños que no estaban representados por un abogado muchas veces después de una sola audiencia”, apuntó HRW.

La organización destacó que normas internacionales de derechos humanos “reconocen que los menores migrantes no están en condiciones de ejercer su propia representación, y que se les debe asignar un abogado para garantizar el debido proceso en los procedimientos de deportación”.

Para la directora ejecutiva del Risa Kaufman del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colombia, “un sistema que pretende que un menor se presente solo ante un juez de inmigración cuya decisión podría ser de vida o muerte no es imparcial ni justo”.

Además destacó que ante en otros países “reconocen la necesidad de brindar asesoramiento legal a menores en esta situación absolutamente vulnerable”.

En tanto, Ben Setel, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia quien participó en el amicus curiae, apuntó que “los menores necesitan de tutela y garantías legales, y en este caso los  riesgos para los niños no podrían ser más graves”.

HRW hizo notar que existen declaraciones de jueces de inmigración de Estados Unidos que han declarado que “un niño de tres o cuatro años se podía representar a sí mismo eficazmente ante un tribunal de inmigración y aprender sobre derecho migratorio”.


Elisa Salomon, asociada del Convigton and Burling LLP, resaltó que hay funcionarios estadunidenses que han reconocido que “muchas de las personas que abandonan América Central escapan de graves amenazas contra su vida y, aun así, el sistema migratorio de Estados Unidos trata a los menores que han llegado al país “como si sus pretensiones no merecieran la plena garantía del debido proceso”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433562/denuncia-hrw-a-eu-violaciones-a-derechos-humanos-ninos-migrantes

Televisa no es agente sustancial en televisión de paga, resuelve el IFT

La resolución alude a la adquisición del 100 por ciento de las acciones de Cablevisión Red (Telecable) por parte de diversas empresas pertenecientes a Grupo Televisa.

No existen elementos suficientes para acreditar la existencia de un agente económico sustancial en televisión de paga, resolvió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La resolución -informó el IFT en un comunicado- se refiere a la adquisición del 100 por ciento de las acciones de Cablevisión Red (Telecable) por parte de diversas empresas pertenecientes a Grupo Televisa.

Este procedimiento se derivó de la solicitud de un aviso de concentración hecho llegar al IFT en enero del año pasado, la cual fue turnada a la Autoridad Investigadora del Instituto.

El comunicado completo del IFT:

EL PLENO DEL IFT RESOLVIÓ QUE NO EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UN AGENTE ECONÓMICO CON PODER SUSTANCIAL EN MERCADOS DE TV DE PAGA

La resolución se refiere a la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de Cablevisión Red, S.A. de C.V. (Telecable), por parte de diversas empresas pertenecientes al Grupo de Interés Económico encabezado por Grupo Televisa, S.A.B. (GTV)
En su VI sesión ordinaria celebrada el 29 de febrero pasado, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió el procedimiento seguido para determinar la existencia de poder sustancial en el mercado de servicios de televisión y audio restringidos con número de expediente AI/DC-002-2015.

Este procedimiento se derivó de la solicitud de un aviso de concentración hecho llegar al IFT el ocho de enero de 2015, relacionado con la adquisición del 100 por ciento de las acciones representativas del capital social de Cablevisión Red, S.A. de C.V. (Telecable), por parte de diversas empresas pertenecientes al Grupo de Interés Económico encabezado por Grupo Televisa, S.A.B. (GTV). El 20 de abril de 2015, el Pleno del IFT resolvió sobre el aviso de concentración y ordenó dar vista a la Autoridad Investigadora (AI), unidad dotada de autonomía técnica y de gestión.

Así, en términos del quinto párrafo del Artículo Noveno Transitorio del Decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), la AI inició el veintinueve de abril de 2015, una investigación para determinar la probable existencia de agentes económicos con poder sustancial en el o los mercados de redes de telecomunicaciones que presten servicios de voz, datos o video, a nivel nacional, estatal, regional y/o local. La investigación finalizó en julio del mismo año, por lo que se emitió el Dictamen Preliminar correspondiente en septiembre del dos mil quince, en el cual se concluyó que GTV, tras la concentración referida, adquirió o incrementó su Poder Sustancial en 63 mercados relevantes en la provisión de servicios de televisión y audios restringidos (STAR).

Después de la publicación del Dictamen Preliminar en el Diario Oficial de la Federación, los interesados en el procedimiento pueden presentar manifestaciones y ofrecer pruebas a consideración del Instituto. En este procedimiento se recibieron manifestaciones y pruebas por parte de GTV y diversos agentes económicos competidores y usuarios de los mercados analizados.

Una vez considerado lo anterior, el Pleno determinó el 29 de febrero de 2016 que no existen elementos suficientes para determinar la existencia de un agente económico con poder sustancial con base en la información del Expediente. En concreto, determinó que no existen elementos suficientes en éste que permitan concluir que GTV puede fijar precios de manera unilateral o restringir el abasto en los mercados analizados sin que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.

En su análisis, el Pleno determinó lo siguiente:

· Los servicios de provisión de audio y video a través de televisión radiodifundida, los OTT (Over The Top) y la exhibición de películas grabadas en sala, así como en diversos formatos (Blu-Ray, DVD, entre otros) no son sustitutos del STAR.

Además, los OTT no son sustitutos de los servicios de televisión de paga, pues no cubren todas las categorías de contenido que ofrecen los proveedores de STAR, ni incluyen canales de mayor audiencia. Además, para tener acceso a ellos es necesario contar con un dispositivo de acceso a Internet, y quienes proveen el servicio de OTT no necesitan una concesión para ello como sí lo requieren los proveedores de STAR.

· En relación al análisis de mercado relevante, es necesario conocer la dinámica competitiva existente entre plataformas multiservicio y aquellas que ofrecen únicamente STAR. También habría sido necesario contar con un análisis que considerara la sustitución entre paquetes de gama alta del STAR contra los más bajos. Finalmente, no se encontró certidumbre sobre la dimensión geográfica del mercado analizado.

· No se tienen elementos suficientes para determinar que GTV tiene la capacidad de limitar el acceso de otros proveedores del STAR a canales de televisión y otros contenidos relevantes. Además, GTV tiene la obligación regulatoria de dar acceso a sus competidores a los canales de TV Radiodifundida de mayor valor para las audiencias (i.e. must offer), situación que le impide usar estos insumos para limitar la capacidad de competir a otros proveedores del STAR.

· En el sentido de poder sustancial, si bien las empresas que actualmente forman parte de GTV cuentan con la mayor participación en términos de suscriptores, este elemento no basta para declararlo con poder sustancial. Es decir, una alta participación de mercado no se traduce en la capacidad unilateral de fijar precios o restringir el abasto dentro de un mercado. Asimismo, sus competidores han crecido e incrementado su participación en el periodo analizado en la Resolución.

· El crecimiento del mercado de televisión de paga se refleja en un aumento de 21.7 por ciento de usuarios entre septiembre de 2013 y septiembre de 2015, y no existen dentro del Expediente elementos para acreditar que los competidores de GTV no puedan expandir sus operaciones. Lo anterior, toda vez que en el mismo periodo Dish aumentó su participación de 14.3 por ciento a 16.8 por ciento y Megacable pasó de una participación de 14.9 por ciento a 15.2 por ciento. Por su parte, la participación de todas las empresas que actualmente conforman GTV pasó de 64.2 por ciento a 61.1 por ciento. De los 3.1 millones de usuarios nuevos que se registraron en el STAR, 28.4 por ciento fueron para Dish y 16.6 por ciento para Megacable.

De forma desagregada, durante ese periodo en la plataforma de cable, GTV pasó de tener 54.3 por ciento a 50.5 por ciento de participación de mercado; y en la satelital de 73 por ciento a 69.7 por ciento.

Por lo anterior, el Pleno resolvió que no se acreditaron los elementos previstos en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) para determinar la existencia de un Agente Económico con poder sustancial en el STAR toda vez que la información del Expediente y Dictamen Preliminar no tienen los elementos suficientes que permitan a esta autoridad resolver que se actualiza la fracción I del artículo 59 de la LFCE.

En términos de lo dispuesto por el artículo 96 de la LFCE, la resolución será publicada en los próximos días en el portal de Internet del Instituto y los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, el Pleno ha emitido resoluciones relevantes sobre el STAR en los siguientes expedientes:

DC-001-2014 se emitió resolución el 30 de septiembre de 2015. La investigación inició derivado del artículo Trigésimo Noveno Transitorio del Decreto que expide la LFTR.
DC-002-2014 en el cual se emitió resolución el 2 de noviembre de 2015. La investigación versó sobre los efectos de una concentración previa entre GTV y Grupo Cable TV, S.A. de C.V.


Para resolver sobre condiciones de competencia en los mercados, se emplea un procedimiento especial previsto en el artículo 96 de la LFCE. Estos procedimientos tienen el objeto de dictaminar y no de sancionar, y no impiden analizar con posterioridad las condiciones de competencia que prevalecen, razón por la cual el IFT continuará con la labor de estudiar las condiciones que prevalecen en éste y otros servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con el objeto de tener, en el ámbito de sus atribuciones, una intervención efectiva y oportuna para proteger y promover la competencia efectiva.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1503/lomasdestacado/televisa-no-es-agente-sustancial-en-television-de-paga-resuelve-el-ift/