En los últimos tres años, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha solicitado su presupuesto a la Cámara de Diputados dice que no requiere ni un peso en “obras”, pero durante la gestión del auditor David Colmenares han gastado más de 50 millones de pesos en remodelaciones a sus edificios. 

En la última solicitud de presupuesto  en octubre pasado, Marlén Morales Sánchez, titular de la Unidad General de Administración, aseguró que la Auditoría ejerce sus recursos apegados a los lineamientos de la actual administración: con “austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria”. Por ello, era el cuarto año consecutivo en que no solicitarían dinero para el capítulo 6000, correspondiente al gasto en infraestructura. 

Cuando Ana Georgina se enteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado un beneficio para hombres y mujeres privados de su libertad, que hayan sido víctimas de tortura o que permanecen en prisión sin una sentencia, no pudo contener su felicidad: había una esperanza de salir de prisión y reunirse con sus hijos.

Sin embargo, a la fecha no se han publicado las reglas de operación del beneficio, lo cual prolonga su estancia en prisión, que ya suma 12 años.

Tras tres días de audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó su solicitud de vinculación a proceso en contra de 16 funcionarios y exfuncionarios imputados por presuntas irregularidades en los contratos otorgados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) entre 2011 y 2012 para la construcción de ocho penales con recursos provenientes de ocho consorcios privados.

La representante de la Fiscalía, Lucía Santiago Leyva, así como sus fiscales auxiliares, tardaron más de 20 horas para exponer la teoría del caso en contra de 16 imputados, incluyendo a cuatro excolaboradores del extitular de la SSPF, Genaro García Luna, señalados por firmar los ocho contratos originales para la construcción de los centros penitenciarios con un presunto sobrecosto de 62 mil millones de pesos.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, arremetió contra algunos medios de comunicación locales y nacionales –sin mencionar nombres– a quienes recriminó si “¿alguien les paga por mentir?” y hablar de un estado inseguro, pues, en su percepción, sucede todo lo contrario.

García Jiménez aseguró que lo único que logran esos medios de comunicación es distorsionar la realidad y ahuyentar al turismo nacional y extranjero, situación que “perjudica” a toda la sociedad veracruzana.

“Para estar en un colectivo de búsqueda no se necesita tener un familiar desaparecido”, dice Milagros de Jesús, quien desde hace seis años se dedica a tratar de encontrar a sus dos hermanos.

A sus 20 años, Milagros tiene claro que los jóvenes, aún si no son víctimas directas de las desapariciones, son pieza clave para que los grupos de búsqueda continúen con su labor, y para que se haga eco y se sensibilice a la sociedad en general acerca de la gravedad del problema en México. Y es que, según cifras oficiales, en el país hay 96 mil 849 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.

La investigación que México realizó sobre la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa tuvo irregularidades y estuvo sesgada por estereotipos de género con el fin de cuestionar su credibilidad, de acuerdo con la sentencia emitida este miércoles por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

La Corte Interamericana “encontró a México responsable internacionalmente por las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001”, señaló en un comunicado.

El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá informar sobre la participación de sus agentes en violaciones a los derechos humanos, extorsiones, robos, trata de personas o secuestros de migrantes que cruzaron o fueron detenidos en Tamaulipas en los años 2010 a 2014, así como de las investigaciones y acciones tomadas al respecto.

Así lo resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de votar la propuesta presentada por la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, deberá rendir cuentas ante la justicia por su actuación frente a la pandemia de covid-19 que hasta ahora ha dejado 302 mil 112 muertes y cuatro millones 495 mil 310 casos de contagio acumulados.

En respuesta a una demanda penal interpuesta contra el funcionario del sector salud en noviembre del año pasado, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó la sentencia de un juez de primera instancia que había considerado improcedente la querella y ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) indagar el papel desempeñado por López Gatell en la crisis sanitaria que tiene de cabeza al mundo.

Grupo Salinas anunció que recurrirá a las instancias internacionales para defender su “legítimo derecho”, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso de revisión por medio del cual el magnate Ricardo Salinas Pliego pretendía eludir el pago de 2mil 636 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR).

En un comunicado, el empresario acusó a los ministros de la Corte de negarse a analizar el fondo de su amparo, “violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa” consignados en la Constitución, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los casos de covid-19 confirmados con prueba de laboratorio alcanzaron un nuevo máximo ayer, al reportarse 60 mil 552, con lo que la cifra acumulada en la base de datos de la Secretaría de Salud (Ssa) llegó a 4 millones 495 mil 310 personas que han tenido la enfermedad en el país.

El número de decesos aumentó en 323, para un total de 302 mil 112 individuos que han perdido la vida desde el inicio de la crisis sanitaria.

La ola de violencia en el puerto ha dejado cuatro personas asesinadas entre la tarde del martes y noche de este miércoles, todas en delegaciones municipales; la más reciente escena fue en Francisco Zarco, en la Ruta del Vino.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada emitió una ficha informativa dando cuenta de un reporte de persona lesionada a balazos en la calle Principal, entre Tercera y Cuarta del poblado, aproximadamente a las 20:53 horas.

Los asesinos de la cantante cubana Dayami Lozada, conocida como “La Barbie de la salsa” ya están vinculados a proceso penal, informó el Subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja.

En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal dio a conocer los avances del feminicidio de la cantante de 44 años, que residía desde hace 15 años en Quintana Roo, ocurrido el 15 de noviembre del año pasado.

El Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que continúan pendientes dos procesos por huachicol y delincuencia organizada en contra de José Antonio “N”, alias “El Marro“, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal destacó que luego de su detención en agosto de 2020, fue sentenciado a 60 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

México registró 33 mil 308 homicidios dolosos en 2021, una reducción interanual del 3.6 por ciento en comparación con los 34 mil 554 asesinatos de 2020, según informó este jueves el Gobierno.

Aunque en diciembre hubo dos mil 606 homicidios, un dato parecido a los dos mil 633 del mismo mes de 2020.