El Canal 11 de televisión, del Instituto Politécnico Nacional, lanzó su tercer canal mediante la señal 11.2, que esta dedicado exclusivamente a niños y jóvenes.

David Guerrero, investigador de la emisora explicó que para poder ver los contenidos de ese canalbasta con una televisión de pantalla plana, para alta definición y una antena digital.

Con este nuevo canal, la emisora ahora suma tres canales, “el 11 que es el normal, de televisión abierta; el 11.1, que es una repetidora, y el 11.2, que estaba antes como señal de prueba, ya en el aire desde el pasado 30 de noviembre”, dijo

Esta señal, esta representada por el robot 11.2 y contará con programación para niños y adolescentes. Los programas que podrán encontrarse son: Grande y Pequeño, Timmy y sus amigos, Sandra, detective de cuentos y Kipatla en lo que respecta a los ñiños.

Pero para los jóvenes habrá contenidos como Lo que me sorprende, Especiales Musicales Central Once, Reino de Dinosaurios, así como bloques musicales y videos.

El Senado de la República aprobó este martes, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley de la Administración Pública Federal,propuesta por el PRI-PVEM, e impulsada por elpresidente Enrique Peña Nieto.

La reforma regresará a la Cámara de Diputados ya que se le hicieron algunas modificaciones a las facultades que tendrá la Secretaría de Gobernación, que ahora será la encargada de la seguridad interior, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública federal desaparecerá.
Los senadores votaron dos veces el artículo 27. Lo anterior, debido que primero se contemplaban cambios,  pero al final quedó en los términos del dictamen, pues su reserva fue retirada.

 Encabezados por el Comité Jurídico y de Derechos Humanos de #YoSoy132 (Cojudh) y por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), familiares y compañeros de los 14 procesados por los disturbios del 1 de diciembre se unieron en un frente para sumar fuerzas en la documentación de casos que favorezcan la defensa de la libertad de quienes, afirman, fueron detenidos arbitrariamente.

Quetzalcóatl Fontanot, vocero del Centro Prodh, explicó que para la conformación de dicho frente se convocó a organizaciones civiles, abogados, familiares y compañeros, con la finalidad de esclarecer los hechos.

“Llamamos a la investigación de los hechos que conduzcan a los responsables de los abusos. Hubo una acción estatal para criminalizar la protesta social y eso es una violación a los derechos humanos que debe ser castigada”, dijo el activista, quien puso énfasis en la necesidad de deslindar responsabilidades en todos los eslabones de la cadena de mando que dirigió el operativo de aquel sábado. (…)

“Es necesario que se esclarezca lo que pasó y que no se criminalice sistemáticamente la protesta social, que es un derecho que todos tenemos y que seguramente disminuirá cuando el gobierno respete los derechos humanos”, dijo el activista; y continuó:

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno continuará con el combate al tráfico de drogas, incluida la mariguana, a pesar de su legalización en dos estados de su vecino país del norte.

En entrevista con la agencia Associated Press (AP) poco más de una semana después de haber asumido el poder, Peña Nieto dijo que aunque la legalización en Colorado y Washington reabrirá el debate sobre cómo hacer frente al fenómeno del narcotráfico, él está en contra de la legalización de las drogas, especialmente de la mariguana.

Día de campo, la comparecencia de Luis Videgaray Caso en la Cámara de Diputados, donde se estrenó como secretario de Hacienda.

Acudió al llamado de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, para explicar los alcances del paquete económico para 2013.

Pero la prisa para aprobar los ingresos y los gastos del próximo año, hizo que los legisladores acordaran un formato de comparecencia sin réplicas ni contrarréplicas. Sólo dos rondas de preguntas, con una intervención del secretario al término de cada una.

Fue una comparecencia rápida, de poco más de tres horas –muy breve, para lo que se acostumbra en estos casos–, e indicativa de la prisa que hay por sacar el paquete económico antes del 31 de diciembre, límite legal para aprobar ingresos y gastos del próximo año.

Y vaya que si hay prisa. Apenas el viernes 7, el presidente de la República envió el programa económico a la Cámara de Diputados. Ocho días antes del plazo legal. Sólo medió el fin de semana y este lunes Videgaray compareció ante comisiones.

La Comisión de Hacienda dictaminará en un solo día la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el martes 11, y el jueves 13 la llevará al pleno para que sea discutida y aprobada, para que de inmediato sea remitida al Senado.

Y mientras tanto, hoy mismo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se declaró en sesión permanente para hacer lo propio: dictaminar lo más pronto posible el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respondió este martes a la presentación de la propuesta de reforma educativa, realizada el lunes 10 de diciembre por el gobierno federal y los partidos políticos.

En rueda de prensa, realizada este mediodía, Juan Díaz Torre, secretario general ejecutivo del SNTE, afirmó que el sindicato mantiene el diálogo con el gobierno federal. “No hay rupturas”, advirtió.

Díaz Torre dio lectura a un documento de más de 13 puntos, en los que el SNTE responde puntualmente a la propuesta de reforma educativa presentada por elpresidente Enrique Peña Nieto y respaldada por las dirigencias del PAN, PRD y PRI, en el marco del Pacto por México.

La propuesta presentada el lunes pretende “recuperar la rectoría del Estado en la educación pública” e incluye entre sus principales puntos: una iniciativa de reforma del artículo 3ero Constitucional que permita el ingreso de docentes al sistema educativo y la promoción de cargos por concurso.

Recién estrenado el nuevo gobierno ya sintió la presión del duopolio televisivo. El domingo 2, el presidente Enrique Peña Nieto acudió al Palacio Nacional para signar el Pacto por México. Entre los “compromisos” de su gobierno, el décimo causó expectativa: iniciar el proceso de licitación de dos cadenas de televisión abierta; planteaba, además, la obligación para la televisión abierta de “ofrecer de manera gratuita” sus señales a todos los operadores del servicio de paga. Esto último desató la cólera de los potentados del duopolio, quienes de inmediato ejercieron su poder para anular el punto. Tardaron menos de 24 horas en conseguir su objetivo.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cuando Enrique Peña Nieto concluyó la lectura de su “décima decisión presidencial” y ofreció que su gobierno “licitará dos cadenas de televisión abierta en los siguientes meses”, el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, se levantó de su asiento.

Iba a marcharse del recinto del Palacio Nacional, en clara señal de disgusto. No obstante, Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa y su mano derecha, le sugirió que permaneciera sentado.

Curiosos, los empresarios ubicados en los lugares aledaños al asiento de los hombres que llevan las riendas de Televisa observaron la escena. Entre ellos, Bernardo Quintana, de Grupo ICA; Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, y a unos cuantos asientos de distancia, Carlos Slim, el magnate de la telefonía mexicana (Telmex-Telcel) y adversario de Azcárraga Jean en el terreno del triple play.

La incomodidad se le notaba en el rostro al heredero del imperio fundado por Emilio Azcárraga Vidaurreta. A la salida del recinto, Azcárraga Jean comentó: “A ver quién le entra a lo de las cadenas de televisión abierta. El pastel de la publicidad ahí no crece. Es de sólo 2% o 3%. La banda ancha sí es el negocio”.

En el mismo compromiso décimo, Peña Nieto prometió “generar mayor competencia económica, particularmente en el sector de las telecomunicaciones. El objetivo es que todos los mexicanos tengamos acceso a productos y servicios de mayor calidad y a mejores precios”.

 En la medida en que la información sobre los hechos del 1 de diciembre en San Lázaro y en el Centro Histórico ha ido fluyendo, la comunidad cultural fue separando la actitud violenta con la protesta pacífica de los jóvenes. Algunos de ellos fueron detenidos injustamente, y pertenecen a escuelas artísticas o de estudios sociales. Es el caso de estudiantes de la ENAH, del INBA y de la UNAM, entre otros planteles. Frente a las evidencias de la arbitrariedad, se exige su liberación inmediata.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con indignación, académicos, trabajadores administrativos, técnicos y manuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como investigadores y artistas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), exigen a los nuevos gobiernos federal y del Distrito Federal la aclaración pública “de la presencia de civiles con guante negro que hacen presumible la evidencia organizada de una provocación oficial y de la represión, golpes y detenciones arbitrarias de los elementos policiacos contra la ciudadanía del 1 de diciembre”.

El historiador Felipe Echenique, secretario general del Sindicato de Profesores-Investigadores del INAH, determina que se trata de espantar a la sociedad para que no salga a marchar.

Los especialistas resaltan que el 1 de diciembre “la gente manifestaba en forma pacífica su repudio a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente, y lo hicieron dentro del marco legal que otorga la Constitución al derecho de libre expresión y manifestación a cualquier ciudadano”.

OAXACA, Oax. La directora del Registro Civil, Haydeé Reyes Soto, manifestó que en las oficialías de Etla, Ocotlán y Oaxaca de Juárez, acatarán el mandamiento judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se efectúen los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, adelantó que “si se presenta otra solicitud (de matrimonios entre personas del mismo sexo las van a rechazar) porque estamos imposibilitados, dado que el Código Civil vigente en su artículo 143 dice a la letra: un solo hombre y una mujer”.

La funcionaria estatal aclaró que “no es cosa de estar a favor o no (de las bodas gay), yo estoy a favor de que como instituciones respetemos la ley vigente; ya es una cuestión del legislativo; y confío en que ellos hagan el trabajo que les corresponde”.

Consideró que ahora el tema está en terreno de la LXI Legislatura local. Ahora, “simplemente confío en que puedan resolverlo y que el debate de la sociedad se lleve a cabo en el Congreso del estado y nosotros cumpliremos la norma.”

La dirigencia nacional del PRD exigió a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Miguel Mancera Espinosa, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sancionar a los policías federales y de la capital que incurrieron en abusos graves durante los disturbios del 1 de diciembre, entre ellos la utilización de balas de goma.

En el marco del Día Internacional de Derechos Humanos y una semana después de que el dirigente nacional perredista Jesús Zambrano firmara el Pacto por México, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del PRD emitió un comunicado en el que alerta sobre el talante represor del gobierno de Peña Nieto y hace un balance de la crisis en la materia que dejó el panista Felipe Calderón.

“Peña Nieto ha dado muestras de que reprimirá la protesta social y el ejercicio de las libertades”, se advierte en el comunicado firmado por Zambrano Grijalva y Lucio Borreguín González.

El jefe del Ejecutivo, se advierte en el documento, ha dado muestras de seguir “la ruta trazada por Calderón”, al proponer las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública para concentrar las tareas de seguridad en Gobernación, así como su intención de que el Ejército siga en las calles, aparte de que los hechos del 1 de diciembre “lo muestran decidido a valerse de la violencia institucional”.

Luego de exigir investigaciones sobre los hechos ocurridos el 1 de diciembre, por los que 70 personas fueron detenidas y de ellas liberadas 56 apenas el domingo anterior, el PRD se refiere a la urgencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) indague a los policías federales que no acataron el protocolo para uso de la fuerza.

El gobierno del Distrito Federal (GDF) no está dispuesto a pasar por alto los actos vandálicos registrados el pasado 1 de diciembre antes, durante y después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

En declaraciones por separado, los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial de esta capital, Miguel Ángel Mancera y Edgar Elías Azar, subrayaron que la investigación sobre los desmanes ocurridos particularmente en el Centro Histórico, donde un grupo de jóvenes no identificados destrozaron vidrios de sucursales bancarias y hoteles, saquearon comercios, pintarrajearon monumentos históricos  y destruyeron mobiliario urbano, sigue abierta y que en cualquier momento habrá más detenidos.

Mancera subrayó que ha instruido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que con toda la evidencia de la que se dispone hasta ahora, se detenga a “aquellas personas que todos vimos, que todos observamos que realmente tuvieron conductas violentas contra la ciudad”.

En declaraciones a la prensa después de anunciar la puesta en marcha del operativo Villa Mariana 2012, Mancera añadió:

“Que sepan (los mexicanos) que vamos a investigar y que en su momento vamos a actuar contra aquellas personas que actuaron con una intención clara de dañar a la ciudad y a la paz pública”.

 FUENTE: PROCESO.

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó al secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, de la represión contra estudiantes y activistas que se manifestaron durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

El Sr. Chong es el principal responsable de la represión y del manejo de halcones para causar destrozos el 1 de diciembre. Reitero: nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico”, manifestó el excandidato presidencial izquierdista.

El posicionamiento de López Obrador es una respuesta a la columna “Bajo Reserva”, que publica el diario El Universal. En sus versiones periodísticas, el periódico acusó al tabasqueño de ser el autor intelectual de los actos vandálicos cometidos el pasado primero de diciembre:

Tres de los cuatro ex empleados de los Módulos de Licencias y Control Vehicular que presuntamente registraron de forma irregular 16 camionetas a nombre de “Televisa, SA de CV” obtuvieron sendos amparos para evitar ser detenidos, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) giróórdenes de aprehensión en su contra por el delito de ejercicio ilegal de servicio público.

Entre los vehículos que registraron se encuentran las seis camionetas tipo Van que fueron confiscadas en Nicaragua a un grupo de 18 mexicanos, quienes se encuentran en proceso de juicio en ese país, acusados de delincuencia organizada, tráfico de drogas y lavado de dinero.

El pasado 27 de noviembre, la procuraduría capitalina ordenó la detención de los servidores públicos que laboraban en los módulos de las delegaciones Álvaro Obregón, Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza. Sin embargo, el procurador Rodolfo Ríos dio a conocer que tres de ellos consiguieron ampararse, mientras que el cuarto ex trabajador continúa prófugo.

La actitud prepotente de Raquel Alatorre (supuesta líder de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua), el sigilo en que mantenía su supuesto trabajo y la dependencia que mostraron hacia ella el resto de sus acompañantes alertaron a los agentes policiacos nicaragüenses y motivaron la detención del grupo en el puesto fronterizo Las Manos el 20 de agosto pasado.

Lo anterior fue revelado ayer durante la primera jornada del juicio a los 18 mexicanos, que tiene lugar en la capital nicaragüense, informó el enviado especial de Noticias MVS, Juan Omar Fierro. Uno de los testigos protegidos, identificado como Código 3, declaró que la prepotencia de Alatorre fue su principal incentivo para indagar más al grupo, a pesar de que después la mexicana intentó suavizar su posición.

Los oficiales de inteligencia, identificados en el proceso como Código 1 y Código 2, refirieron que las autoridades nicaragüenses no se atrevían a inspeccionar a fondo las seis camionetas en las que viajaba el grupo, pues sus tripulantes les habían advertido que el equipo de televisión que llevaban valía 5 millones de dólares y podía dañarse con facilidad.

Por órdenes de Alatorre algunos miembros del grupo comenzaron a grabar a los agentes y se mantuvieron los vehículos encendidos, pues la líder del grupo arguyó que si los apagaban podrían perder la señal satelital.

Alatorre también realizó llamadas supuestamente a directivos de Televisa e incluso mencionó al periodista Joaquín López Dóriga en un intento por acreditar su pertenencia a la televisora.

Pero al ser interrogados, los mexicanos comenzaron a caer en contradicciones. Alatorre pasó de alegar secrecía periodística en una supuesta investigación de funcionarios de Nicaragua, a decir que investigaba a un empresario mexicano por lavado de dinero, quien tenía negocios en toda Centroamérica y había comenzado a construir hoteles en la región. Luego diría que ese empresario era Carlos Slim, a quien incluso relacionó con la cadena Wal-Mart.

Los agentes que dieron estos testimonios se presentaron encapuchados al juicio, como una medida de seguridad. El proceso judicial , que se suspendió a las 21 horas de ayer, se reanuda hoy a las 13 horas, y se espera que hoy comparezcan los nueve testigos restantes de los 17 que presentará la Fiscalía.

Una vez que termine el juicio, el juez Edgard Altamirano tendrá hasta seis días para anunciar la sentencia.

MANAGUA. En la jornada inicial del juicio que se ventila en Nicaragua contra los 18 mexicanos acusados de tráfico internacional de estupefacientes, “lavado” de dinero y crimen organizado, surgieron una vez más los nombres de dos destacados representantes de la cadena mexicana de Televisa: el de Amador Narcia Estrada y el de Joaquín López-Dóriga.

El oficial de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua, que sirvió como primer testigo oculto de la Fiscalía y que sólo se identificó como “Oficial Código Número 3”, aseguró que él tuvo a la vista los documentos originales de los seis vehículos incautados al grupo de mexicanos, los cuales estaban firmados y sellados por Amador Narcia Estrada, vicepresidente de Información de Noticias de Televisa.

El “Oficial Código Número 3”, que vestía de chaqueta blanca manga larga y portaba un pasamontañas negro, pasó al estrado un poco antes de las 15:00 horas de este lunes 10, en el Juzgado Penal número 9 de Managua, y aseguró que cada documento describía el vehículo circulando, la placa y los equipos de filmación, grabación y de comunicación incorporados a los supuestos vehículos de Televisa.

“Los documentos estaban dirigidos a las autoridades de cada país, así como también estaban referidos a la embajada de México”, dijo el “Oficial Código Número 3”, quien también admitió que desde hace más de 20 años es funcionario de Migración y Extranjería de Nicaragua, y desde hace siete años funge como jefe de Migración y Extranjería en el puesto fronterizo de Las Manos, vecino a Honduras.

Axel Didriksson, especialista en educación,  dijo al programa de Aristegui de CNN en Español, que una reforma educativa no se  puede lograr sólo  con el factor de la evaluación.  Consideró que el anuncio de Enrique Peña Nieto sobre la iniciativa de reforma educativa  no tiene novedad y parece que sólo se trata de un mensaje mediático.

Por sí mismo, el factor de la evaluación no significa una transformación  en el sistema educativo, sentenció, no hay nada nuevo. La autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  ya estaba anunciada desde hace tiempo.

Agregó que no se logrará una verdadera reforma si el enfoque sólo se centra en la evaluación magisterial  y no se enfoca en el interés en una verdadera revolución que abarque la infraestructura, los contenidos, profesores, condiciones de los estudiantes.

Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública,  afirmó a Noticias MVS   primera emisión,  que  para alcanzar  la reforma educativa  se tiene que escuchar a la sociedad y planteó como eje central de esta iniciativa a las escuelas.

Al interrogarle si los poderes fácticos que combatirá la reforma educativa se encuentran en  el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, respondió que no sólo ahí, sino también en grupos de docentes que se han resistido al cambio.

Evitó personalizar estos poderes  en la figura de Elba Esther Gordillo y sostuvo: “todo aquel que se oponga  a la rectoría de Estado tendrá que someterse a lo que la constitución diga”.

Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Zedillo, sostiene que en la masacre de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997, “las responsabilidades como secretario no existieron”.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el actual titular de la SEP afirmó: “Yo he acreditado plenamente que en Acteal no hubo omisión” y sostuvo que “en su momento”, compareció tanto en la Procuraduría General de la República y ante la Procuraduría de Justicia de Chiapas. No obstante, afirma estar dispuesto a comparecer ante una instancia internacional por este caso.

El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas del grupo Las Abejas, de la comunidad de Acteal,  fueron masacrados por grupos paramilitares. Tras estos hechos, Chuayffet recunció a la Secretaría de Gobernación en enero de 1998.

Durante la entrevista de esta mañana, admitió que el caso “es una  herida indeleble”. Dijo que lamentaría toda la vida que en su gestión hubiera ocurrido esa masacre.

El presidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, Porfirio Arias Hernández, afirmó que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, “debería estar en la cárcel y no en ese cargo, porque es uno de los autores intelectuales de la masacre” de 45 indígenas, ocurrida en Acteal el 22 de diciembre de 1997, publica el diario La Jornada.

Consideró que el titular de Educación “es responsable por omisión, ya que tenía la información de lo que estaba pasando” en el municipio de Chenalhó, donde se ubica Acteal, “y no hizo nada”.

WASHINGTON, DC. El banco británico HSBC pagará mil 900 millones de dólares pararesolver una investigación de lavado de dinero por parte de autoridades federales yestatales de los Estados Unidos, informó este lunes un funcionario policial.

De acuerdo con el funcionario, el banco pagará mil 250 millones de dólares en decomisos y otros 655 millones en multas civiles.

La aplicación del acuerdo de enjuiciamiento diferido lleva a HSBC a ser acusado de violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo”.