AUTOR: ROCÍO GONZÁLEZ.
Días antes de que dejara el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal, y de que se suscitaran los disturbios por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el pasado primero de diciembre, Marcelo Ebrard Casaubon envió a la Asamblea Legislativa (ALDF) una iniciativa de ley para castigar con severidad el delito de ataques a la paz pública. En ella, lejos de reducir la pena de cárcel (de 5 a 30 años), incluía sanciones para quienes financiaran esas conductas.
La iniciativa para reformar el artículo 362 del Código Penal de esta ciudad se formalizó ante el pleno del órgano legislativo el 31 de octubre de 2012 y se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde está pendiente su dictaminación por los diputados locales.