FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
Desde julio pasado hasta la primera quincena de enero, los asesores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el equipo del ahora procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, negociaron las reformas que debería sufrir la Ley General de Víctimas una vez que ésta fuera publicada, como condición para su aprobación.
El exlegislador priista acordó con el movimiento que se limitara el acceso de los beneficios para que los recibieran únicamente las víctimas de delitos contra la vida y la libertad (y no todas, como está planteado), fijar topes de indemnización económica, la reducción del consejo directivo (de dos mil personas a una veintena), que no se creara un instituto de “abogados victimales” porque supliría las funciones del defensor de oficio, entre otros señalamientos que hacen polémica la legislación aprobada.
AUTOR: MARCELA TURATI.
Desde julio pasado hasta la primera quincena de enero, los asesores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el equipo del ahora procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, negociaron las reformas que debería sufrir la Ley General de Víctimas una vez que ésta fuera publicada, como condición para su aprobación.
El exlegislador priista acordó con el movimiento que se limitara el acceso de los beneficios para que los recibieran únicamente las víctimas de delitos contra la vida y la libertad (y no todas, como está planteado), fijar topes de indemnización económica, la reducción del consejo directivo (de dos mil personas a una veintena), que no se creara un instituto de “abogados victimales” porque supliría las funciones del defensor de oficio, entre otros señalamientos que hacen polémica la legislación aprobada.
