La amenaza latente del crimen organizado sumado al abandono de las autoridades locales y federales han obligado a unas 40 poblaciones indígenas del estado de Michoacán a adoptar el esquema de guardias comunitarias, mismas que ahora buscan formalizar.
Uno de los casos más sonados es el de Urapicho, comunidad indígena ubicada en el municipio de Paracho.
En agosto pasado, el gobierno estatal en coordinación con el federal instaló una Base de Operaciones Mixtas (BOM) a cambio de que los indígenas levantaran los retenes civiles que habían instalado en las entradas de su comunidad y depusieran sus armas.