FUENTE Y AUTOR: JOHN M. ACKEMAN.
Tanto la resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el caso Monex como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Florence Cassez revelan y ratifican el extremo grado de desmoronamiento institucional que sufre el país. Por un lado los consejeros electorales envían una señal de absoluta impunidad hacia la clase política al rehusarse a investigar a fondo o sancionar la evidente triangulación de fondos que alimentó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Por otro lado no fueron los criterios garantistas de avanzada del ministro Arturo Zaldívar los que a la postre permitieron la justificada liberación de Cassez, sino la sorpresiva y mal fundamentada argumentación de un ministro novato, Alfredo Gutiérrez, quien debe su cargo de manera directa y personal a Peña Nieto.
