AUTOR: JORGE CARRASCO A. Y ANABEL HERNÁNDEZ.
Ya sea que se confirmen o no las fuertes versiones recabadas por Proceso en el sentido de que la explosión en las oficinas centrales de Pemex se debió a un atentado urdido por Los Zetas, lo que queda al descubierto en la tragedia es la vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas del país y de la población civil.
La afectación física de las oficinas administrativas de Pemex en la capital del país congregó a los servicios de seguridad e inteligencia del Estado. Al lugar corrieron agentes y elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal (PF), Ejército, Marina y de las agencias de seguridad y justicia del Distrito Federal.
Todos acudieron a recabar información; los militares pusieron en marcha el plan DN III de ayuda a la población civil. También llegaron Peña Nieto, su supersecretario de Gobernación –encargado político y operativo de la seguridad del país–, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Participantes en esos encuentros aseguraron a Proceso que desde los primeros momentos de la destrucción de los tres niveles de la edificio B-2 elementos del Cisen y peritos de la PGR sostuvieron la idea de un atentado.
Los expertos consultados refirieron rastros de explosivo Composite 4 (C4), una potente carga formada por explosivo químico y un aglomerante plástico que es de uso militar y ha sido empleado en varios atentados terroristas.